La Comisión de Seguridad Pública se instaló en sesión permanente con el propósito de desahogar los asuntos técnico-jurídicos que se relacionan con la Ley de Seguridad Nacional y agilizar su dictamen.

El presidente del órgano legislativo, Juan Francisco Rivera Bedoya, dijo que se espera un paquete de asuntos de seguridad que son trascendentes para el país, por lo que el compromiso es tener lista la Ley antes del 15 de diciembre.

Los diputados Edgar Armando Olvera Higuera (PAN) y Gerardo Octavio Vargas Landeros (PRI) coincidieron en la importancia de alcanzar los consensos en un tema que es de vital trascendencia e importancia para el país.

Tráfico de armas

Durante la reunión de trabajo, la Comisión aprobó un dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República y a los secretarios de Seguridad Pública y de Defensa Nacional a que informen sobre los programas y acciones para evitar el tráfico de armas.

El documento precisa que en los últimos cinco años este tráfico se ha incrementado considerablemente a partir de las estrategias de bandas del crimen organizado y narcotraficantes, que buscan contar con armamento y equipos para resistir las acciones de las corporaciones policiales y elementos del Ejército.

Refiere que en el mundo existen 640 millones de armas y cada minuto una persona muere asesinada por una de ellas. En el mercado negro del país se puede encontrar todo tipo de éstas y que con base en un estudio de la Comisión de Defensa Nacional, durante la pasada administración ingresaron al país cuatro millones 380 mil armas de fuego.

En diversos aseguramientos y detenciones realizados por las corporaciones policiales, añade, se hanencontrado armas fabricadas en la República Checa, Estados Unidos y Rusia; se ha identificado que el armamento constituye pagos en especie que las mafias internacionales hacen a los delincuentes mexicanos.

Por ello, con el objeto de fortalecer las estrategias de combate al crimen organizado y a la inseguridad, es necesario intensificar las acciones encaminadas a la prevención del delito en todas las áreas y lugares que pueden ser aprovechados por las organizaciones criminales.

Secuestro

De igual forma, se avaló solicitar a los titulares de las procuradurías de justicia y de las secretarías de seguridad pública de las entidades federativas a conformar, desarrollar o fortalecer las unidades especializadas en combate al secuestro y la depuración y fortalecimiento de los cuerpos policiales de su dependencia.

Se pide a las legislaturas de las entidades federativas armonizar y estandarizar la política de proporcionalidad de penas en relación con los bienes jurídicos lesionados con motivo del delito de secuestro.

El dictamen indica que por sus modalidades, el secuestro es considerado de alto impacto frente a la sociedad nacional, y que en la detención de diversos grupos delictivos dedicados a este delito, los resultados no son los que se demandan.

“Los avances tecnológicos, como los teléfonos móviles y computadoras, han sido aprovechados por los miembros de la delincuencia, entre éstos los secuestradores, para fortalecer su capacidad de actuación, lo cual ha dificultado su persecución y detención”.

Menciona que durante la captura de miembros de grupos delictivos dedicados al secuestro se ha acreditado la participación de funcionarios o ex funcionaros policiales, por lo que resulta esencial iniciar procedimientos de evaluación y supervisión que permitan la depuración de los cuerpos policiacos, así como su fortalecimiento.

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