Turnan a comisiones iniciativa del Ejecutivo sobre la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados informó al Pleno sobre la recepción de la iniciativa enviada por el Ejecutivo, a través de la cual se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y adicionan diversos artículos del Código Penal Federal.

La propuesta, turnada a las comisiones unidas de Seguridad Pública y de Justicia, con la opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública, plantea reformar el sistema de seguridad pública y atacar el problema estructuralmente a través de la profesionalización de los cuerpos policiacos.

Refiere que la falta de profesionalización y la improvisación de la policía en México constituyen un problema que, a pesar de los recientes esfuerzos, no ha podido ser desterrado.

“La ciudadanía ha hecho énfasis en múltiples aspectos que abarcan la falta de ética, programas, métodos de prevención, técnicas de investigación, sanciones eficaces y ejemplares para los servidores públicos que deben garantizar la seguridad pública y que se valen del cargo para delinquir”. Aunado a ello, abunda, existe una descoordinación entre los niveles de gobierno.

En este sentido, la propuesta de ley establece las disposiciones que orientan el Sistema Nacional de Seguridad Pública; la coordinación entre la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios yprevé la creación del Consejo Nacional como máxima instancia de deliberación del Sistema.

Comprende también la coordinación entre el Ministerio Público Federal, del Distrito Federal y de los estados, así como su coordinación con las policías.

Establece que el Servicio Civil de Carrera Policial tendrá carácter obligatorio y permanente en las instituciones policiacas de los tres órdenes de gobierno. Prevé un régimen disciplinario enfocado a asegurar que la actuación de los integrantes de las instituciones policiales esté regida por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

El proyecto sugiere que la federación, estados, Distrito Federal y municipios, intercambien y analicen diariamente la información sobre seguridad pública, mediante los sistemas e instrumentos tecnológicos que la integran.

De igual manera prevé el Sistema Único de Información Criminal, el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, el Registro Nacional de Armamento y Equipo, y la Estadística de Seguridad Pública como partes integrantes de Plataforma México.

Asegura el debido manejo o aplicación de los recursos de los Fondos de Ayuda Federal para la Seguridad Pública, para ello tipifica los delitos en materia de seguridad pública, como delitos especiales.

Contempla además la protección de los espacios, inmuebles, construcciones, muebles, equipo y demás bienes destinados al funcionamiento, mantenimiento y operación de las actividades consideradas estratégicas por la Constitución, así como de aquellas que tiendan a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado en términos de la Ley de Seguridad Nacional.

Del mismo modo, dispone las facultades de la federación y entidades en la autorización de los servicios privados de seguridad, así como la participación de éstos como auxiliares de la función de seguridad pública.

Por último, regula el uso de la fuerza que ejercen los cuerpos de seguridad pública en cumplimiento de sus funciones para salvaguardar la integridad y derechos de las personas, además de preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

Federalizar el delito de secuestro: Camacho Quiroz

Por otra parte, el diputado César Camacho Quiroz, a nombre del grupo parlamentario del PRI, presentó dos iniciativas con proyecto de decreto relativas a federalizar el secuestro e inhibir el delito.

En tribuna, el legislador propuso la reforma del artículo 73 de la Constitución, cuya intención es expedir la Ley Federal para prevenir y sancionar el secuestro.

Asimismo, planteó reformar y adicionar el Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el Código Civil Federal, la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y la Ley de Instituciones de Crédito.

Destacó que en el siglo XIX la peste azotó a Europa, y hoy, para desgracia de todos, el secuestro “es la peste que carcome a la sociedad mexicana”. En este sentido, indicó que en lo que va del año se han denunciado cerca de 500 secuestros en todo el país.

El también presidente de la Comisión de Justicia mencionó que las propuestas presentadas son reformas de hondo calado. La primera, explicó, modifica la Constitución para prevenir y sancionar el secuestro en tanto que la otra modifica leyes secundarias de las que el Presidente Felipe Calderón ya dio cuenta.

Se trata, entre otras cosas, dijo, de crear un tipo penal más claro y protector, federalizar el secuestro, porque la concurrencia competencial a los únicos que ha ayudado es justamente, a los secuestradores, que amparados por deficiencias jurídicas o por confusiones terminológicas acaban haciendo de las suyas”.

Añadió que en la propuesta del grupo parlamentario del PRI se plantea la instauración de una comisión federal para combatir el secuestro; un programa nacional para su prevención, persecución y sanción, que incluye también medidas de atención y protección a las víctimas, a los familiares y a los testigos, además de los programas de capacitación y control de confianza para el Ministerio Público y la policía.

“Propone la inhibición del delito a través de la prohibición de seguros de riesgo; la integración de bases de datos criminales; teléfonos únicos para denuncia; creación de un fondo antisecuestros, integrado por recursos federales y aquellos provenientes de la extinción de dominio”.

Asimismo, añadió, se plantea la regulación de las instituciones del sistema financiero, que suelen convertirse involuntariamente en un eslabón delicado y pernicioso en esta cadena delictiva y la suspensión de beneficios preliberacionales a los condenados por este delito, entre otras cosas. Ambas iniciativas se turnaron a las comisiones de Gobernación y de Justicia.

Aumentar castigo a secuestradores

En tanto, la diputada Elda Gómez Lugo (PRI) presentó una iniciativa que reforma el artículo 366 del Código Penal Federal, con el fin de incrementar el castigo y sanciones a secuestradores.

Dicha propuesta sugiere elevar la pena de cárcel y pasar de 80 años a cadena perpetua a secuestradores y aplicarles sanciones de 10 a 15 mil salarios mínimos vigentes. Se turnó a la Comisión de Justicia.

Reforma al IEPS

En la misma sesión, el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez (PRD) presentó dos iniciativas para reformar la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley Federal de Derechos y la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), mismas que se turnaron a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Apoyo al cine nacional

Los diputados del PRD José Alfonso del Real y Aguilera y Pablo Trejo presentaron una iniciativa que reforma el artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y adicionan dos párrafos al artículo octavo de la Ley del Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU) para instrumentar un estímulo fiscal y certeza jurídica a las empresas, personas morales y físicas, que aporten recursos financieros al cine mexicano.

El diputado José Alfonso del Real y Aguilera dijo que es evidente que todos estos estímulos han logrado reactivar a la industria cinematográfica; sin embargo, la aplicación del IETU ha vuelto elitista el uso del estímulo.

Explicó que sólo las grandes empresas están en posibilidad de aportar recursos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) mientras que las pequeñas y medianas empresas pagan como tributación principal el IETU o tienen la incertidumbre de qué impuesto aplicarán a sus ingresos. La iniciativa se turnó a la Comisión de Hacienda.

Fondo de Aportaciones Múltiples

También se conoció una propuesta del grupo parlamentario del PRI por la que se reforma el artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal.

En esta, se propone que las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones Múltiples reciban los estados de la federación y el Distrito Federal, se destinen exclusivamente al otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios, infraestructura vehicular, equipo de informática, recurso humano y material de apoyo, a la población en condiciones de pobreza extrema. Se envió a la Comisión de Hacienda.

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