Otorgan rango constitucional al acceso a la cultura y su libre ejercicio

·Votación unánime al dictamen

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 334 votos, reformas a los artículos 4 y 73 de la Constitución Política, con el objeto de incorporar el derecho al acceso a la cultura y su libre ejercicio.

También se validó adicionar al artículo 73 Constitucional la facultad del Congreso “para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma”.

El dictamen precisa que México debe reconocer el respeto a los derechos culturales, así como la responsabilidad del Estado en promover y proteger su difusión y desarrollo.

Se considera fundamental, añade, que se reconozcan los derechos culturales como garantías individuales; la participación de los sectores social y privado en las políticas culturales, así como el derecho al acceso a la cultura en los servicios que el Estado preste de manera armónica.

Desde tribuna, el presidente de la Comisión de Cultura, diputado Emilio Ulloa Pérez, señaló que hoy se define un tema que ante la circunstancia de la violencia y de la polarización que vive el país se construyen acuerdos como el de otorgar a los ciudadanos acceso a la cultura.

“Necesitamos, para contener la violencia, no más patrullas, no más policías. Necesitamos darles la oportunidad a los jóvenes que vayan a una casa de cultura a convivir, por educación y a desarrollar su intelecto”, agregó.

Las reformas, precisó, van a permitir que tanto el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, establezcan ejes que permitan desarrollar en los próximos años este esfuerzo de accesibilidad.

En su intervención pidió un minuto de silencio en homenaje a quienes participaron en la elaboración del dictamen, y presentó una fe de erratas a efecto de que diga
"Ley Federal de Derechos de Autor"y no "Ley de Derechos de Autor".

Posicionamientos

El diputado Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (PAN) mencionó que hoy se reconoce el derecho constitucional de toda persona al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales.

Hoy, destacó, el imaginario común conlleva en la vigencia cotidiana por reconocernos en el otro, a atender un origen común, una cultura colectiva que busca incansablemente recuperar elementos de su pasado para el presente, resguardándolos y fortaleciéndolos para el futuro, así como la construcción de una cultura mundial.

La cultura y los valores, puntualizó, resultan imprescindibles para la cohesión del tejido social y la preservación moral, necesaria en la convivencia humana, componente esencial en el crecimiento y desarrollo de las personas.

Del PRD, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera dijo que es preocupante que nuevas vertientes de la creación cultural aún no tengan un marco jurídico propio y que su construcción dependa de contar con un cimiento constitucional.

El porvenir de la cultura a partir de esta reforma será construir políticas de Estado, la definición del órgano autónomo coordinador, la descentralización presupuestal, el combate a la oligarquía rapaz, el cambio de los organismos burocráticos y una eficiente red de servicio, advirtió.

“No sólo es un instrumento eficaz en la recuperación de la seguridad pública que tanto anhelamos, sino que la cultura nos permite dotar de contenido al imaginario de los mexicanos. Es factor de cohesión social, de la intensidad con la que podemos establecer ese nuevo contrato social que la comunidad nos exige”, añadió.

La diputada del PRI, María Beatriz Pagés Llergo Rebollar resaltó que hoy se propone una reforma “cuando la nación enfrenta una de las crisis de valores más graves de su historia y cuando la cultura de la muerte nos ha tomado como rehenes y se ha empoderado para sustituir a la cultura de la vida”.

Si se le quiere ganar la guerra a la violencia y al crimen organizado, combatir los orígenes de la ilegalidad, de la corrupción e impunidad, y si se pretende construir un ciudadano diferente al actual, mencionó, se tienen que fortalecer, desde diferentes ámbitos, los valores y principios que den arraigo e identidad a la sociedad.

Hizo un llamado al titular del Ejecutivo para que considere a la cultura como el arma más poderosa frente a la violencia y el crimen organizado. “La unidad nacional, que con frecuencia se invoca, sólo puede lograrse a través de la identidad y ésta son valores culturales que se crean, que se heredan y fortalecen”.

Del PVEM, Luis Alejandro Rodríguez precisó que es indispensable que el Estado intervenga en la promoción de la cultura nacional haciendo accesibles estos eventos para el grueso de la población, independientemente de su condición social, económica, creencia religiosa y de su ubicación geográfica.

“El paso que daremos hoy es sin duda un importante acontecimiento, debido a que sentará las bases constitucionales del derecho a la cultura de nuestro país. Sin embargo, debemos reconocer que nuestra labor legislativa en esta materia apenas comienza”, enfatizó.

La diputada Blanca Luna Becerril (Nueva Alianza) dijo que es de vital importancia legislar en esta materia pues con ello se da certeza jurídica a las instituciones promotoras y responsables de la difusión, pero sobre todo se obtienen mecanismos para proponer iniciativas y buscar mayor presupuesto en la materia.

“Hoy más que nunca debemos reconocer que la educación, la cultura y el deporte son elementos de prevención que nos permitirán superar los grandes problemas de inseguridad y violencia que enfrenta el país: démosle a nuestros niños, jóvenes y adultos la recreación y la posibilidad de la cultura no de la violencia”.

El diputado José Manuel del Río Virgen (Convergencia) resaltó que es de suma importancia que haya la oportunidad para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual.

Por su parte, Raymundo Cárdenas Hernández, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, presentó una modificación al dictamen a efecto de que se elimine el término "etcétera", en el segundo transitorio del decreto.

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