El Pleno aprobó por unanimidad un dictamen que reforma y adiciona la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), a fin de que los gobiernos estatales propongan en sus proyectos de Presupuesto de Egresos la asignación de recursos necesarios para la operación de la ley local relativa al tema.

Asimismo, plantea que la información del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres sea integrada en la base de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el propósito de tener una estadística que aporte datos confiables sobre las conductas delictivas que se realizan en el país.

En tribuna, la diputada Maricela Contreras Julián (PRD), presidenta de la Comisión de Equidad y Género, expuso que las modificaciones tienen como objetivo adecuar la legislación con las necesidades reales de las mexicanas.

Dijo que a dos años de la aprobación de la ley se ha logrado armonizar los procesos legales en algunos estados, “tenemos ya 24 leyes locales aprobadas”.

Denunció que la violencia hacia este grupo se da en gran parte del país; “el procedimiento administrativo es sumamente largo y complejo, por lo que es fundamental impulsar reformas con el objetivo de que los trámites para la declaratoria de alerta de género se hagan en un menor tiempo”.

Contreras Julián añadió que también se propone la incorporación de otras instituciones al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con la finalidad de conjuntar esfuerzos y coadyuvar al cumplimiento de la erradicación de esta problemática en todas sus modalidades.

“Se incorpora la Secretaría de Relaciones Exteriores, toda vez que se ha señalado que México es lugar de destino y tránsito de la mayoría de las víctimas de trata de personas en América Central; además tenemos nuestra propia trata interna que va a otros países”.

Indicó que es trascendental la incorporación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a efecto de atender la problemática que se da en el ámbito laboral. “Otra institución que estamos planteando se incorpore al sistema es la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indios”.

En su oportunidad, la diputada Guillermina López Balbuena (PRI) enfatizó que las denuncias por violencia en contra de las mujeres han aumentado en el último lustro; cuatro de cada 10 mujeres que acuden a los servicios públicos de salud han sido agredidas por su pareja; de ellas, 3 presentan algún tipo de violencia física, sexual, psicológica y económica.

Información proporcionada por la Secretaría de Salud señala que el 60 por ciento de las mujeres que acuden a clínicas y hospitales públicos sufren violencia dentro y fuera del hogar. En el 2007, el 28 por ciento reportó violencia psicológica; el 16, física; 12.7, sexual y 4.4,económica.

Ante este panorama, la legisladora argumentó que con el dictamen se reforzarán los mecanismos para detectar los casos de violencia contra las mujeres.

“Es evidente que la violencia limita su participación en actividades fuera del ámbito doméstico. Por tal motivo es urgente que las autoridades gubernamentales tengan la obligación de vincularlas de manera inmediata a los programas de educación, salud, cultura y empleo.

A su vez, la diputada Angélica Tagle Martínez (Convergencia) expresó que en México 7 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia. “No respeta edad, clase social o nivel educativo, ejemplo de ello es que a mayor nivel educativo, mayor es la violencia emocional y económica”.

Abundó que las reformas propuestas tienen como propósito fortalecer el concepto de Alerta de Género que, como había quedado redactada en la ley, no tenía un plazo específico para que se diera. “Por lo que proponemos un plazo de 30 días para que se pueda decretar dicha alerta”.

La diputada Blanca Luna Becerril (Nueva Alianza) comentó que como resultado del esfuerzo permanente de amplios sectores de la sociedad por alcanzar la equidad, se han impulsado políticas públicas que garantizan un trato más igualitario y las mismas oportunidades de desarrollo. “Sin embargo, persiste la violencia física y psicológica sobre la mujer, cuestión que debemos erradicar”.

Con las reformas, puntualizó, las niñas y mujeres contaremos con la protección, a nivel de garantía, por parte de los tres órdenes de gobierno, a través de la figura declaratoria de alerta de violencia de género, que mediante una denuncia de violación sistemática a los derechos humanos y la atención prioritaria a ésta, se evitará poner en peligro nuestra vida e integridad.

Por último, la diputada Rocío del Carmen Morgan Franco (PAN) coincidió en que las reformas garantizarán la seguridad de las mujeres, “servirá para erradicar este tipo de violencia en todo el territorio nacional, que en muchas ocasiones es ejercida por individuos o por la propia comunidad”.

Este dictamen, detalló, acortará el plazo para resolver si hay lugar a la procedencia de solicitud de alerta de género y hará la declaratoria correspondiente, lo que permitirá una atención más expedita y puntual.

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