Hacinamiento, extorsión y resentimiento social, problemas sintomáticos de 451 Ceresos del país

• Esto impide la readaptación de 300 mil internos

En el país más de 300 mil personas se encuentran recluidas en los 451 Centros de Readaptación Social tanto federales como estatales, en condiciones infrahumanas y violatorias a sus derechos humanos, señaló la Comisión de Seguridad Pública.

A través de un dictamen aprobado por el órgano legislativo que preside el diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, se indica que el maltrato a los internos es una limitante para su inserción y provoca resentimiento hacia las instituciones del Estado y la sociedad.

El documento, que será sometido al Pleno Camaral, exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública para que informe sobre las acciones implementadas y resultados obtenidos en materia de dignificación de la calidad de vida de los internos en los centros de readaptación social.

Enfatiza que los motines han evidenciado las violaciones a los derechos humanos, graves casos de corrupción, problemas de autogobierno, entre otros que no contribuyen a los procesos de inserción social.

Tan sólo en el presente año, agrega, se han registrado motines en los centros de readaptación de Mérida, Yucatán; de Zacatecas; de Tepepan, en el Distrito Federal y en el de Neza-Bordo, Estado de México.

“No obstante los múltiples trabajos de investigación que se han hecho públicos, denuncias ciudadanas y de organismos de derechos humanos, relativas a la situación y pésimas condiciones de vida en los centros de readaptación social, no se identifican acciones suficientes por parte de las autoridades competentes en la materia”, añade.

El secretario de la Comisión, diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros (PRI) dijo que un grave problema es la sobrepoblación, misma que afecta mayormente a Baja California Sur, Baja California, Estado de México, Sonora y el Distrito Federal. Este último con el reclusorio preventivo varonil más sobrepoblado de América Latina con 10 mil 481 internos.

“La sobrepoblación impide una verdadera readaptación, genera corrupción, violencia, ilegalidad e impide que las personas, tanto internos, familiares y custodios, puedan vivir en condiciones mínimas que garanticen la dignidad de toda persona”, añadió.

En varios reclusorios, precisó, los familiares de los reos pagan aproximadamente 100 pesos en la aduana de ingreso, 20 para pasar al lugar donde se encuentra el interno, 50 por las sillas y mesas en las que comen y una infinidad de tarifas por el ingreso de comida y otros bienes de uso personal.

Puntualizó que en el ámbito local existen 85 mil 960 sentenciados y 70 mil 906 están en prisión preventiva. En el ámbito federal hay 33 mil 256 sentenciados y 18 mil 198 en prisión preventiva. Ambas, en conjunto, dan la cifra de más de 300 mil personas.

Vargas Landeros enfatizó que en el 2004 los centros de readaptación social ya tenían una sobrepoblación de 43 mil 15 reos que para diciembre de 2007 se incrementó a 55 mil 887.

“Está comprobado que la saturación en las cárceles trae una gran variedad de problemas, que van desde la insalubridad y los motines, hasta el tráfico de enervantes y las oprobiosas extorsiones telefónicas”.

Reclusas embarazadas

Por otra parte, la Comisión de Seguridad Pública avaló reformas a los artículos 6, 10 y 11 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, para precisar la atención médica y servicios ginecológicos necesarios y, en su caso, especializados que deberán brindarse a las mujeres internas durante el embarazo y posterior a éste.

Así como dar a los hijos de las mujeres recluidas, en caso que permanezcan dentro de la institución, atención pediátrica, educación inicial y preescolar hasta la edad de seis años.

Con ello, menciona el documento, se buscan generar condiciones para mejorar la calidad de vida de las internas así como de los hijos que permanecen con sus madres.

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