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• En ocho meses, 857 ejecuciones

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública, hasta el mes de agosto la entidad federativa con mayor número de ejecuciones y homicidios violentos era Chihuahua con 857, seguido por Sinaloa, 470, y Michoacán, 120.

Ante ello, se aprobó en la Comisión de Seguridad Pública solicitar a la Secretaría del ramo, de la Defensa Nacional y a la Procuraduría General de la República que, en el ámbito de sus atribuciones, y en coordinación con las autoridades del gobierno de Chihuahua, fortalezcan su presencia y eficiencia en los operativos en el estado.

El dictamen refiere que los municipios de Juárez, Cuauhtémoc, Delicias e Hidalgo del Parral, son los que presentan mayores índices de criminalidad, de ahí que hayan sido incluidos en el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun).

Esta situación de violencia, precisa, impacta de manera negativa en la estabilidad y paz social de Chihuahua, por lo que los numerosos operativos, las acciones realizadas y los resultados en seguridad no son lo que la sociedad demanda y merece.

Añade que en el mes de marzo de 2008, en Ciudad Juárez se puso en marcha la “Operación Conjunta Chihuahua” para combatir el crimen y la delincuencia organizada, poniendo énfasis en el combate al tráfico ilegal de drogas y armas.

En el marco de esa operación, abunda, se han desplegado dos mil 026 elementos, vehículos tácticos militares y 13 equipos de detección molecular del Ejército Mexicano, entre otras estrategias, para abatir de forma frontal y efectiva el crimen organizado y devolverle paz y seguridad a los habitantes de Chihuahua.

Los diputados del PRI, César Duarte Jáquez, Lilia Merodio Reza, Israel Beltrán Montes y Enrique Serrano Escobar, proponentes del punto, señalan que la ola de violencia y la alta incidencia de delitos del fuero común han acelerado la descomposición del tejido social incrementando, de manera alarmante, la dureza de éstos.

Refieren el incremento de las actividades delictivas como el robo a establecimientos mercantiles, asaltos a miembros de la sociedad civil, “eventos que se han vuelto cotidianos en el estado”.

“En los ciudadanos crece la percepción de la colusión de algunas autoridades con el crimen organizado al enterarse de declaraciones de ex funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que denuncian desorden y corrupción en la lucha contra el narcotráfico, lo cual debe ser investigado por el Gobierno Federal”, abundan.

De ahí la importancia, enfatizan, de que el Ejecutivo Federal asuma una verdadera política de Estado que combata de manera integral al crimen organizado, “no se puede seguir permitiendo que el crimen, el narcotráfico y la delincuencia vulneren la tranquilidad y seguridad de la sociedad”.

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