Con el propósito de castigar con cadena perpetua a todo funcionario público que durante el ejercicio de su mandato se dedique a cualquier actividad de delincuencia organizada, la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros (PAN) propuso modificar el artículo 22 de la Constitución.

Durante la sesión de la Cámara de Diputados señaló que el combate a la delincuencia organizada es un reto del gobierno de México en el que poco se podrá avanzar mientras funcionarios públicos de diferentes órdenes de gobierno se dediquen a actividades de delincuencia organizada o apoyen ésta a través de acciones o de omisiones.

Según un estudio de la ONU, explicó, entre el 50 y 60 por ciento de los alcaldes de México tiene alguna liga con la delincuencia organizada.

“No debemos someter al Estado mexicano a la peligrosidad que implica este tipo de personajes con el poder, el dinero, los vínculos y el terror que siembran en la población”, aseveró. Se remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Perspectiva de género para beneficiar a mujeres reclusas

La diputada Beatriz Manrique Guevara (PVEM) presentó una iniciativa que reforma el artículo 6° de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, y el 18 de la Constitución, a efecto de proporcionar a las mujeres reclusas y a los niños que viven con ellas, condiciones y elementos para una reclusión digna y su readaptación.

En abril de 2008 la población de reclusos en México fue de 217 mil 457 internos, de los cuales 11 mil 123 son mujeres, es decir 5.12 por ciento, cuya situación es dramática por la falta de leyes y políticas públicas adecuadas para abordar el problema que tienen desde la perspectiva de género.

Aunado a ello, explicó la legisladora, existen mil 500 niños que viven en la cárcel junto con sus madres. “El hecho de que se permita que permanezcan con ellas en la prisión no implica que se considere la mejor solución, sino que en algunos casos es la única”. Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública.

Violencia contra mujeres embarazadas

En su oportunidad, la diputada María Soledad Limas Frescas (PAN) planteó reformas al artículo 343 del Código Penal Federal para establecer que en los casos de violencia familiar, si la víctima es una mujer embarazada, se aumentará la pena hasta por una tercera parte, independientemente de las sanciones que correspondan por cualquier otro tipo de delitos.

Una encuesta realizada por el IMSS a mujeres derechohabientes que acudieron al control prenatal en cinco unidades de medicina familiar en la Ciudad de México, reveló que la violencia contra embarazadas es un problema frecuente, debido a que la sufren por parte de sus esposos, parejas y parientes. Se envió a la Comisión de Justicia.

Fideicomisos para canalizar recursos de subejercicios

El diputado Francisco Javier Calzada Vázquez (PRD) presentó iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que con los recursos que no sean ejercidos se constituya un fideicomiso y posteriormente se apliquen.

Señaló que es necesario evitar los subejercicios, pues representan “una cantidad impresionante de recursos, muchos de los cuales corresponden a obras de infraestructura aprobadas por esta Cámara de Diputados y que por algún motivo no se les da la aplicación correspondiente”. Se envió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Sistema financiero

Manuel Portilla Diéguez (PVEM) propuso reformar diversas disposiciones de las Leyes para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, del Banco de México, y la de Instituciones de Crédito, con el objetivo de que los usuarios de los servicios financieros conozcan las formas de cobro de las comisiones.

Con ello se busca garantizar un acceso abierto y equitativo a los mercados de pago y aumentar la competitividad de los agentes y fortalecer la protección del consumidor. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Reformas electorales

El diputado Faustino Javier Estrada González, del PVEM, propuso modificar el artículo 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para corregir el vicio de inconstitucionalidad advertido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las fracciones II y III de dicho precepto, a efecto de garantizar la viabilidad de la aplicación de dicha norma.

Propuso incorporar el vocablo "hasta", al comienzo de la oración en la que se prevé el monto de la sanción prevista para quienes compren tiempo de radio o televisión y difundan propaganda política o electoral, a efecto de establecer un rango máximo y mínimo para la autoridad electoral e individualice la sanción en cada caso concreto. Se turnó a la Comisión de Gobernación.

Participación de comisiones ordinarias en elaboración del PEF

A su vez, el diputado Jesús Arredondo Velázquez (PAN) presentó una iniciativa que reforma el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para abrir la participación directa de las comisiones ordinarias en la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación, con base en las opiniones dadas a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y las propuestas de modificación.

Señaló que al sujetar a un régimen obligatorio de participación a las comisiones ordinarias, se promoverá un análisis más eficaz y eficiente para asignar los recursos públicos federales, ya que son las comisiones ordinarias las áreas que conocen las necesidades directas o prioritarias. Se mandó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

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