• Acudió a la Comisión de Educación Pública como parte de la glosa del Informe Presidencial

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, que preside el diputado Tonatiuh Bravo Padilla, recibió al Subsecretario de Educación Básica, José Fernando González Sánchez, en el marco de la glosa del segundo Informe de Gobierno.

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, diputados de diversos partidos manifestaron que ante la crisis económica internacional es necesario fortalecer la inversión educativa y procurar que los presupuestos en este renglón no se vean afectados por esta situación.

El funcionario coincidió en incentivar la inversión educativa, ya que posibilita una nueva distribución de mercados, rutas comerciales y campos de producción. “Cometeríamos un grave error si no le damos un jalón final a la reforma educativa”.

El diputado Ramón Lemus Muñoz Ledo (PAN) señaló que es necesario contar con maestros preparados para fortalecer el proceso educativo y maximizar las capacidades de aprendizaje en atención a la integración de todos en la sociedad del conocimiento.

Del mismo partido, intervino el diputado Ignacio Rubio Chávez, quien cuestionó la visión y futuro de las escuelas normales, y el diputado Enrique Rodríguez Uresti para referirse a la saturación de aulas en diversos niveles educativos, lo que incide en el mejoramiento y aprovechamiento escolar.

El diputado Adrián Pedrozo Castillo (PRD) indicó que los maestros que concursaron por una plaza con la prueba PISA y la aprobaron obtienen contratos temporales. Cuestionó sobre la venta y herencia de plazas magisteriales.

Humberto Alonso Razo (PRD), señaló que los recursos en educación indígena son insuficientes y se pronunció en contra de “que los pueblos y las comunidades indígenas sean los rezagados y sacrificados de siempre; hay necesidades y hace falta infraestructura”.

A su vez, la diputada del PRI, María del Carmen Pinete Vargas, señaló que no se puede hablar de seguridad sin educación y preguntó por la agenda de riesgos de la dependencia, así como la articulación de planes, programas y proyectos de políticas públicas en esta materia para el sector educativo. “Se debe capacitar al magisterio, a los padres de familia y recuperar la participación comunitaria”.

El diputado Arnoldo Ochoa González (PRI) cuestionó la herencia de plazas. “Está mal que se otorgue un determinado número de plazas y no haya equidad para poder otorgarlas a quien realmente las merezca”.

El diputado Ariel Castillo Nájera (NA) señaló que la crisis económica internacional repercutirá en el ámbito presupuestal y llamó a que se destinen recursos para infraestructura y equipamiento de escuelas públicas y se estructuren políticas públicas diferenciadas para atender las problemáticas específicas de cada estado.

En su intervención, Fernando González Sánchez señaló que la venta de plazas es una práctica deleznable que debe ser eliminada.

Por lo que hace a la herencia de plazas indicó que “puede resultar en comunidades de maestros que alimentan un tejido social propio y amplio que fortalece a la sociedad”. No obstante, aseguró que el único valor que debe guiar la contratación de maestros es el mérito académico y las capacidades propias.

Asimismo, explicó que en Nuevo León existen cuatro mil maestros por contrato; en Baja California Sur se carece de 600 plazas; de 800 en Quintana Roo y 300 en Jalisco y dijo que Alianza por la Calidad de la Educación permitirá orientar una política pública que resuelva estos problemas de manera contundente sin necesidad de crear nuevas plazas, ni nuevos servicios.

En inversión educativa indicó que es indispensable alcanzar estándares internacionales para lograr la calidad y construir porcentajes que apoyen la operación de las escuelas.

Dijo que el universo de la educación básica del país se integra por alrededor de 220 mil escuelas públicas y 30 mil privadas; las escuelas públicas se ubican en 163 mil edificios a los que acuden 25.5 millones de niños y niñas a recibir educación, atendidos por un millón 150 mil maestros de preescolar, primaria y secundaria.

Señaló la importancia de impulsar educación de calidad, que incluya el aprendizaje del inglés para que las nuevas generaciones se incorporen a nuevas formas de mercado y de distribución de bienestar.

Sobre la formación de maestros, es necesario implementar el Sistema Nacional de Formación Continua de Docentes como parte de una política que desarrolle al personal y permita aumentar su habilitación académica, así como impulsar los 32 Sistemas Estatales de Formación Continua.

Explicó que existen 31 mil escuelas que albergan a tres millones y medio de alumnos en áreas de mayor vulnerabilidad, las cuales tienen “prácticamente, al 100 por ciento de sus niños en calidad de insuficiencia”. Se pronunció por establecer una política de Estado para superar la inequidad en que inician su desarrollo integral.

En atención a las necesidades educativas de los grupos vulnerables, existen 23 mil escuelas a las que asiste casi un millón y medio de niños atendidos por casi 60 mil profesores del Sistema de Educación Indígena.

En 20 mil escuelas del sistema de integración asisten niños con discapacidad, y se espera que a finales del sexenio sean 40 mil planteles; además, en dos mil 500 Centros de Atención Múltiple se recibe a niños con discapacidades más severas que requieren un rediseño, una inversión específica y una atención más especializada.

Refirió que para atender a 400 mil niños migrantes, se han diseñado programas para dar seguimiento por segmentos y módulos y se desarrolló el programa de educación sin fronteras.

Informó que la prueba PISA se aplica a 32 mil estudiantes para medir habilidades en lectura, matemáticas y ciencias, en seis niveles de desempeño. Señaló que este examen indica que la mitad los niños están entre los niveles cero y uno. “No podemos mantener mucho tiempo este rezago; hay que actuar”.

También es necesario atender a niños sobresalientes y talentos específicos, pues a pesar de que se encuentran en los niveles más altos apenas alcanzan el uno por ciento, lo cual contrasta tonel 10 por ciento que tienen los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

“Para 2012 tenemos que lograr 435 puntos en promedio en PISA, el promedio actual es de 410; podemos crecer más si nos lo proponemos y atendemos de manera eficaz los renglones de inequidad”.

Sobre la agenda de riesgos de las escuelas señaló que es necesario modificar criterios de desarrollo pedagógico, para educar a los niños, por ejemplo de preescolar “que entienden de límites, de autogestión y autocontrol”.

Dijo que la meta del programa Escuela Segura es de 37 mil planteles al final del sexenio, las cuales se encuentran en un entorno de alta incidencia delictiva y de mucha violencia.

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