Con el objetivo de conocer la experiencia chilena en el sistema procesal penal acusatorio, la Comisión de Justicia, que preside el diputado César Camacho Quiroz, se reunió con expertos de ese país.

El diputado Camacho Quiroz subrayó que las experiencias de otros países siempre serán buenas en el entendido que la adaptación del sistema tiene que ser a partir de la realidad jurídica, social y económica por la que atraviesa México; es decir, son experiencias importantes pero no constituyen una enseñanza dogmática del derecho, comentó.

Señaló que “el modelo chileno es uno de los sistemas que tuvimos presentes al momento de dictaminar nuestra reforma constitucional; lo importante es seguir intercambiando impresiones para poder evitar errores en los que ellos involuntariamente han incurrido y replicar cuando se pueda las experiencias exitosas”.

El legislador afirmó que las medidas cautelares requieren fortalecimiento para evitar la prisión preventiva y garantizar la comparecencia del imputado a juicio.

“No basta ponerle un brazalete o recoger la promesa de que la persona no evadirá la justicia, habrá que encontrar con los avances tecnológicos el alcance para respetar derechos”.

Juan Enrique Guzmán Vargas, especialista en políticas públicas judiciales de Chile, explicó que básicamente hay un procedimiento acusatorio oral en el cual la función de investigación es conducida por el ministerio público con el auxilio natural de la policía.

Comentó que el ministerio público no tiene funciones jurisdiccionales, no decide sobre los casos, son exclusivamente los tribunales y se reconoce el principio de inocencia, el derecho a esencia, y por tanto se crean mecanismos de asistencia jurídica para los imputados y todo esto funciona bajo un sistema oral público, transparente, donde la ciudadanía puede controlar el funcionamiento del sistema.

Precisó que antes contaban con un sistema igual que el de México, escrito y formal, que se tramita con base a un expediente. No existía un control de la investigación durante el proceso, lo que provocaba que fuera muy lento y poco eficiente.

La gente pasaba demasiado tiempo en prisión preventiva con un margen de error muy alto en las decisiones judiciales.
Ahora, dijo, los resultados son muy significativos, los casos que antes tardaban en promedio dos años, se terminan en menos de seis meses, los casos más simples se resuelven el mismo día.

“Cuando empezó este sistema en el 2000, teníamos aproximadamente 30 mil personas privadas de libertad, hoy son 50 mil, es decir, un 70 por ciento de aumento. El sistema respeta más los derechos de las personas pero al mismo tiempo produce más resultados que el sistema antiguo”.

Añadió que la idea es que la sanción sea la condena, no la prisión preventiva, sólo la prisión preventiva en los casos que efectivamente se justifican en que se tema que el imputado pueda huir o atentar contra la víctima.

“Antes la población privada de libertad, un 60 por ciento, estaba condenada y un 40 por ciento estaba en prisión preventiva, hoy en día es el 90 por ciento y el 10 respectivamente”, dijo.

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