El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 387 votos el dictamen que adiciona las fracciones XIII, XIV y XV al artículo 75 y una fracción III al artículo 76 de la Ley General de Educación, a fin de atender la problemática de la prescripción y administración de fármacos peligrosos en los centros escolares a educandos con síntomas de hiperactividad y déficit en la atención.
La reforma platea sancionar a quienes en la prestación de servicios educativos administren a los educandos, sin previa prescripción médica y el consentimiento informado de los padres o tutores, medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes.
De igual forma, a quienes promuevan por cualquier medio el uso de este tipo de medicamentos y a quien expulse o niegue prestar el servicio educativo a niñas, niños y adolescentes que presenten problemas de aprendizaje, o en su caso, condicionar su aceptación o permanencia en el plantel y someterse a tratamientos médicos específicos.
También sanciona a quienes presionen, de cualquier manera, a los padres o tutores para que acudan a médicos o clínicas sugeridas.
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, Tonatiuh Bravo Padilla, indicó que el denominado "trastorno por déficit de atención e hiperactividad" (TDAH) en muchos casos es "diagnosticado" no por médicos especialistas sino por servidores públicos del sistema educativo "sin bases metodológicas, capacitación o norma específica alguna". Esto provoca que algunos estudiantes sean inducidos al tratamiento con medicamentos psicotrópicos, sin previa receta médica y diagnóstico profesional y que pueden afectar la salud o inducir a la adicción.
Refirió que en algunos centros escolares se da el caso de alumnos a los que sin ninguna valoración médica específica, se les diagnostica el llamado "déficit de atención", y se les administran los fármacos Ritalin e Imipramina, entre otros nombres comerciales del metilfenidato; o bien, se condiciona la oferta educativa a que los niños estén siendo medicados con las mencionadas drogas".
Se advierte, dijo, que los niños que lo padecen son generalmente etiquetados, discriminados y muchos de ellos excluidos de las escuelas y, en otras ocasiones se les condiciona la permanencia en el sistema escolar a costa de seguir tratamientos con los fármacos mencionados.
“Aún más, se sabe de casos donde algunas escuelas llegan a boletinarlos, para que los niños expulsados no sean admitidos en otras escuelas".
A su vez, el presidente de la Comisión de Salud, Ector Jaime Ramírez Barba (PAN), se pronunció a favor del dictamen y destacó que es inaceptable y hasta irresponsable, administrar a los educandos medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas. “Hoy en día, un niño que corre y que juega se le considera ya hiperactivo, inmediatamente pretenden medicarlo los docentes, a veces sin el consentimiento de los padres y con medidas coercitivas. Nos parecen clave estos cambios a la ley”, subrayó. El dictamen se turnó al Senado de la República para sus efectos correspondientes.
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