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Boletín N°. 3181 Tendrá incrementos anuales sostenidos la inversión en ciencia y tecnología hasta llegar al uno por ciento del PIB

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 330 votos, la reforma al artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología, para establecer que el monto anual que el Estado destine a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, deberá registrar un incremento sostenido real con respecto al del año fiscal anterior, hasta alcanzar un gasto nacional en este rubro de cuando menos el 1 por ciento del PIB.

El dictamen de la Comisión de Ciencia y Tecnología añade que una vez alcanzada esta meta, el monto asignado no podrá ser inferior, en términos reales, al del año fiscal anterior.

Se puntualiza que a pesar de los esfuerzos por incrementar los recursos federales asignados a la ciencia y tecnología, no existe una tendencia de crecimiento uniforme y mucho menos proporcional al 1 por ciento del PIB.

Con la reforma, se promoverá que el Presupuesto federal que se destine a investigación científica y desarrollo tecnológico se incremente cuando menos en la misma proporción en que se prevea el crecimiento del Producto Interno Bruto en los Criterios Generales de Política Económica, y en congruencia con la disponibilidad de recursos que autorice el Congreso federal.

La diputada Silvia Luna Rodríguez, presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, dijo que desde el Congreso se deben buscar y construir los mecanismos legales que hagan viable garantizar un incremento real al presupuesto en estas áreas.

Con la reforma, mencionó, se busca generar un mecanismo viable para cumplir con el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología. “Reafirmamos que constituye una inversión para el futuro”.

El financiamiento de la ciencia, a partir de una política de Estado, enfatizó, debe ser asumido por todos los sectores como una condición indispensable, sobre todo si se aspira a no quedar rezagados en un mundo cada vez más globalizado e interdependiente.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega (PT) mencionó que incrementar la inversión tendrá efectos positivos que se traducirán en contar con tecnología y dejar de pagar cantidades exorbitantes por transferencia de conocimientos.

Uno de los resultados de la reforma, expresó, será evitar la fuga de cerebros y también repatriar a investigadores formados académicamente en el país y que salen becados al extranjero a cursar sus estudios de posgrado.

Luis Alejandro Rodríguez, del PVEM, se pronunció por no desperdiciar el tiempo al observar cómo otras economías despegan y México sigue sin alcanzar la competitividad, “porque encontraremos que el rezago será mucho mayor en unos años”.

Con la reforma, dijo, se impedirán las disminuciones presupuestales en materia científica y tecnológica y más bien se aseguran los incrementos en función de los propios ascensos proporcionales del Producto Interno Bruto.

El diputado Sergio Hernández Hernández (PRD) resaltó que invertir en ciencia y tecnología es realmente hacer algo por generar más empleos en el país y darle un golpe definitivo a la pobreza.

Del PRI, el diputado Daniel Amador Gaxiola se manifestó por lograr que en el presupuesto que está por aprobarse se logre este objetivo que plantea el dictamen, sobre todo ahora cuando invertir en ciencia y tecnología es fundamental y necesario.

Por el PAN, Antonio Vega Corona indicó que los países que más invierten en ciencia, tecnología e innovación elevan el ingreso per cápita de su población.

Ley del Seguro Social

Con 331 votos en pro, cero en contra y una abstención, el Pleno Camaral avaló el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, con el objeto de simplificar los procedimientos operativos de los contratos plurianuales de obra pública, adquisiciones, arrendamientos o de otra índole que se emitan en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Las comisiones dictaminadoras de Trabajo y Previsión Social, Seguridad Social, Hacienda y Crédito Público actualizan el nombre de las leyes y dependencias vigentes en materia de presupuesto y responsabilidades administrativas y organización de la administración pública federal.

El documento precisa que los contratos deberán justificar que su celebración representa ventajas económicas; el plazo; el gasto corriente o de inversión correspondiente. Añaden que dichas contrataciones deberán darse a conocer previamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Se menciona que el IMSS no podrá celebrar nuevos contratos de ese tipo si, en el criterio razonado y fundado de esa dependencia, los ingresos del instituto no son suficientes en los ejercicios subsecuentes para cubrir los compromisos relativos.

Especulación cambiaria

De igual forma, en votación económica se aprobó un acuerdo por el que la Cámara de Diputados solicita al titular del Poder Ejecutivo informe sobre la especulación cambiaria registrada en el país, así como el destino de los dólares subastados la semana pasada de las reservas internacionales del Banco de México, y las medidas tomadas para atenuar la actual crisis financiera.

El acuerdo de la Junta de Coordinación Política refiere que durante la semana del 6 al 10 de octubre la moneda nacional sufrió un fuerte ataque especulativo, que se reflejó en una reducción de 8 mil 995 millones de dólares de las reservas del Banco de México, que se vio obligado a intervenir en el mercado cambiario, a fin de detener la caída del peso por decisión de la Comisión de Cambios.

Añade que ese monto es histórico si se compara con la salida de dólares que se registró a finales de diciembre de 1994, cuando México padeció la peor crisis financiera de su historia, entonces se perdieron 6 mil 308 millones de dólares.

Resalta que el secretario de Hacienda y Crédito Público manifestó que un grupo de empresas, en coordinación con instituciones financieras, efectuaron operaciones atípicas de compra-venta de divisas, cuya fuerte demanda presionó el tipo de cambio.

Estas operaciones atípicas, precisa, no sólo debieron hacerse del conocimiento del mercado, por constituir hechos relevantes, sino, además, es obligación de las autoridades financieras y fiscales investigarlas para determinar si se hicieron conforme a las disposiciones aplicables.

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