• Pide la Comisión de Seguridad Pública a las autoridades competentes aplicar bloqueadores de llamadas

De acuerdo con información pública, se estima que 240 bandas de extorsionadores operan desde los diversos centros penitenciarios del país. Asimismo, se calcula que en los últimos seis años las ganancias por la ejecución de este delito, vía telefónica, ascienden a 186 mil 620 millones de pesos.

La corrupción de custodios y funcionarios permite a internos operar de manera impune y utilizar las cárceles como centros de operación.

Así lo señala la Comisión de Seguridad Pública, que preside el diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, en las consideraciones de un punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del SSP federal, así como a los gobernadores y jefe de gobierno del DF, a fin de que implementen acciones, a través de las instancias correspondientes, para realizar el bloque de llamadas de teléfonos celulares y otros medios de comunicación no permitidos en los centros de readaptación del país.

En el dictamen aprobado por este órgano legislativo se señala que no obstante las prohibiciones dispuestas en las reglamentaciones de las cárceles, es frecuente la introducción de aparatos de comunicación, así como cualquier tipo de droga.

“Se tiene conocimiento de que los actuales mecanismos de vigilancia no cumplen con las funciones necesarias de seguridad, por lo que se deben implementar de manera inmediata medidas eficaces de control de ingreso”, se agrega.

Los internos utilizan los teléfonos cárceles para planear, organizar y realizar diversos delitos como extorsión, motines o secuestros virtuales, se menciona en el documento.

Añade que a través del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, de la SSP, se adquirieron equipos para bloquear la señal de celulares, mismo que se instalaron desde 2007 en 11 penales, pero que por deterioro no se utilizan.

Asimismo, advierte la Comisión, se tiene conocimiento que los internos provocan las fallas en los equipos de bloqueo; “incluso se ha detectado que los reclusos contratan a expertos para que corten la corriente eléctrica de los bloqueadores, a fin de inutilizarlos” y continuar con las extorsiones.

El diputado Proponente, José Luis Murillo Torres (PAN), sostiene que los teléfonos móviles y otros aparatos de intercomunicación están prohibidos al interior de los centros de reclusión; sin embargo, “es relativamente sencillo tener acceso a ellos, a través del pago de tarifas a custodios y personal administrativo”.

En este sentido, enfatiza, “es preocupante que nuestro sistema penitenciario no ofrezca las condiciones mínimas de custodia hacia los internos, pero más grave resulta que no pueda ofrecer seguridad a la sociedad en general”.

Ante este escenario, la Comisión de Seguridad Pública aprobó el dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SSP federal, así como a los gobernadores y jefe de gobierno del DF, a fin de que implementen las acciones necesarias, a través de las instancias correspondientes, para realizar el bloqueo de las llamadas de teléfonos celulares y otros medios de comunicación no permitidos en las cárceles.

Además de revisar de manera periódica las instalaciones y fortalecer las medidas par evitar el ingreso de artículos y sustancias prohibidas.

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