Durante una reunión de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Derechos Humanos con la subsecretaría de Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) el diputado Alejandro Landero Gutiérrez (PAN) señaló que en México persiste la persecución religiosa.

Agregó que existe un laicismo excluyente que impide a cualquier actor de culto pronunciarse en torno a algún tema político. “Se debe defender la separación del Estado y la Iglesia, pero no la privación de la vida pública de los actores religiosos”.

Señaló que las disputas religiosas entre protestantes y católicos representan focos rojos que pueden crecer “porque no se han resuelto, persisten en algunas regiones del país”.

En esto coincidió su compañero de bancada, Jorge Justiniano González Betancourt, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, quien afirmó que la persecución religiosa no se ha acabado en México, en el sur y sureste del país, “pero las quejas de derechos humanos sólo funcionan contra acciones de gobierno, no contra otros grupos civiles”.

A su vez, la diputada La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo (PRD) apuntó que a este grave problema se le deben dar respuestas muy puntuales desde el ámbito legislativo.
En el encuentro se dio a conocer el informe que se presentará en el Mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para hacer una evaluación de la situación de México.

Ahí, diputados del PAN y el PRD coincidieron en que es necesario aprobar una reforma constitucional, amplia e integral, para demostrar que en México existe la voluntad y el compromiso de cuidar y proteger los derechos humanos.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, diputada Omeheira López Reyna (PAN), destacó la importancia de dictaminar las iniciativas de derechos humanos que se han presentado con los resultados de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos, para adecuar el marco legal nacional a los tratados internacionales que México ha firmado en esta materia.

Aseguró que los legisladores enviarán sus propuestas con base en una visión integral sobre los derechos humanos, y las harán llegar a la cancillería para ser incorporadas al documento que finalmente se lleve al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Se pronunció porque la reforma esté lista en diciembre de este año, para que forme parte del informe que se presentará en Ginebra, Suiza, en febrero próximo. “Queremos estar presentes en esa comparecencia porque la observación que se haga a nivel nacional en estas cuestiones es primordial”.

La diputada Bautista Bravo se pronunció por emitir una amplia reforma constitucional en materia de derechos humanos antes de febrero de 2009, porque este tema “debe ser una prioridad para el país, así lo debemos ver todos, y debemos llegar a consensos para tenerla lista en este periodo”.

Entre otras cosas se busca darles la jerarquía constitucional a los tratados internacionales en derechos humanos, para que puedan ser realmente efectivos en el país, “porque aunque se firman y ratifican, hay una ambivalencia o está en la voluntad de los jueces si se aplica o no”.

Explicó que en la Comisión de Puntos Constitucionales se analizan las iniciativas que comprenden esta reforma y se buscará una reunión en Comisiones Unidas con la de Derechos Humanos.

Sobre el informe, señaló que se debe “conocer el documento, el esquema, los capítulos que se presentarán para hacer llegar nuestras propuestas directamente; buscar una reunión para presentar algunas observaciones y propusimos al subsecretario que antes de que lo mande, nos lo presente para hacer añadidos”.

Al hacer uso de la palabra Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SER, sostuvo que el país tiene políticas públicas y leyes aprobadas por el Congreso “que colocan a México como una nación que toma en serio sus compromisos en esta materia”.

En la comparecencia ante el mecanismo internacional se planteará el marco institucional y de políticas públicas, para demostrar que “contamos con una estructura institucional especializada en derechos humanos para construir una cultura de cumplimiento de las obligaciones internacionales en las dependencias del Ejecutivo”, indicó.

El impacto de esa evaluación, dijo, será muy importante, “si el Estado acude con una actitud de apertura, de humildad y reconocimiento de todos los problemas, rezagos y debilidades que todavía enfrentamos”.

El informe –continuó— refleja el compromiso del gobierno por impulsar la federalización de los crímenes contra periodistas, pues, aun con el avance que representa la despenalización de la calumnia, difamación e injuria, “hay una demanda muy clara de contar con nuevas herramientas para enfrentar esta situación”.

Uno de los puntos destacados de la presentación es la participación del Ejército en labores de seguridad, lo cual “ha llamado la atención de los observadores internacionales, por lo que se deben aclarar las acciones del Gobierno Federal para evitar las situaciones de riesgo y sancionarlas en caso de que se presenten”.

Sin embargo, afirmó que no se deben perder de vista los retos que implica la lucha contra el crimen organizado.

Sobre la reforma en materia de justicia penal, afirmó que “hay que explicarla mucho mejor de lo que se ha hecho, porque fuera de México no se percibe como el gran cambio que significa en el sistema de impartición de justicia”.

También se presentarán temas relacionados con derechos civiles; combate a la tortura; funcionamiento de herramientas institucionales de diálogo; combate a la pobreza y la no discriminación de personas con VIH, mujeres, niños, personas con discapacidad e indígenas.

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