Con 342 votos en pro, cero en contra y 3 abstenciones, se aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que modifica diversas disposiciones del Código de Comercio, a fin de hacer más claros, eficientes y expeditos los procedimientos mercantiles.

Con la reforma se adecuan los términos en la aplicación de la supletoriedad y aquellos otros complementarios a los artículos que norman lo referente a la apelación, a la presentación de la prueba pericial y de peritos.

Al hacer uso de la palabra para fundamentar el dictamen, la diputada Susana Monreal Ávila (PRD) refirió que una demanda recurrente es tener juicios expeditos cuya tramitación sea dinámica y acorde a las necesidades de la sociedad; asimismo, para que exista la certidumbre e integralidad de las resoluciones judiciales.

“Por ello es que nuestro sistema jurídico vigente debe lograr un equilibrio entre la agilidad, rapidez, igualdad y equidad de los procesos judiciales, además de resoluciones justas y contundentes”, dijo.

Mencionó que la reforma resulta complementaria de la reforma que esta misma soberanía aprobó el 11 de marzo del año en curso y que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del jueves 17 de abril.

La iniciativa, concluyó, refrenda la intención de la norma vigente y mantiene la tesis de supletoriedad con respecto a los Códigos de Procedimientos locales.

Previo a la votación, el diputado Carlos Navarro Sugich (PAN) presentó moción suspensiva para que el dictamen fuera turnado a la Comisión de Justicia, a fin de que ésta emitiera una opinión.

Argumentó que la Comisión de Justicia no tenía conocimiento del dictamen del que estaba genuinamente interesada en conocerlo. “La Comisión de Justicia siempre ha mostrado su voluntad en privilegiar la construcción de acuerdos; el fondo del asunto que se discute es profundamente técnico y tiene que ver con cuestiones de sustancia procesal, de sustancia adjetiva y es por eso que pretende involucrarse”.

Sin embargo, y tras debatir la propuesta, el Pleno de la Cámara la desechó por votación económica.

Al fijar el posicionamiento de la Comisión de Economía, su presidenta, la legisladora Adriana Rodríguez Vizcarra (PAN), señaló que la reforma es muy importante porque complementa la aprobada hace pocos meses por la Cámara de Diputados. “Buscamos complementar todo el proceso mercantil que debe de haber entre los estados, como Órgano Interno Federal”, dijo. El dictamen pasó al Senado para sus efectos correspondientes.

Eliminan figura de jefe de departamento administrativo

De igual forma, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 326 votos a favor y 8 abstenciones, el dictamen por el que se reforman los artículos 19 y 27 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución.

El propósito de la reforma es eliminar la figura jurídica del jefe de departamento administrativo, ya que, señala el documento, no existe materialmente al no hallarse ningún departamento administrativo de ese tipo dentro de la estructura de la administración pública federal.

El dictamen refiere que es una prioridad que los marcos jurídicos estén actualizados para evitar que "autoridades administrativas" que, jurídicamente no existen, sigan plasmadas en la Ley de Amparo, como la figura jurídica del "jefe de departamento administrativo".

Explica que en la actualidad esta figura es inoperante, ya que no existe ninguno dentro de la estructura jurídico administrativa que sigue estando a cargo del Poder Ejecutivo. El documento fue enviado al Senado de la República para su trámite correspondiente.

Garantizar derechos de reclusas

También fue aprobado el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados para que en los centros de reclusión para mujeres se proporcione la atención médica y los servicios ginecológicos necesarios y, en su caso, la atención especializada durante el embarazo y con posterioridad a éste.

Asimismo, para que los hijos de las mujeres recluidas, en caso de que éstas permanezcan en la institución, reciban atención pediátrica, educación inicial y preescolar hasta la edad de seis años.

Dicho dictamen, que plantea reformar los artículos 6, 10 y 11 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, fue avalado por unanimidad del Pleno con 348 votos a favor. Fue enviado al Senado para su trámite constitucional.

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