El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó ocho dictámenes con punto de acuerdo de la Comisión de Seguridad Pública; uno pide a los titulares de la Procuraduría General de la República y a los secretarios de Seguridad Pública y de Defensa Nacional informen sobre los programas y acciones para evitar el tráfico de armas.

El documento precisa que en los últimos cinco años este tráfico se ha incrementado considerablemente a partir de las estrategias de bandas del crimen organizado y narcotraficantes, que buscan contar con armamento y equipos para resistir las acciones de las corporaciones policiales y elementos del Ejército.

Refiere que en el mundo existen 640 millones de armas y cada minuto una persona muere asesinada por una de ellas. En el mercado negro del país se puede encontrar todo tipo de éstas y que con base en un estudio de la Comisión de Defensa Nacional, durante la pasada administración ingresaron al país cuatro millones 380 mil armas de fuego.

Otro dictamen solicita a las secretarías de Seguridad Pública y de Defensa Nacional y a la Procuraduría General de la República a que en el ámbito de sus atribuciones, y en coordinación con las autoridades del gobierno de Chihuahua, fortalezcan su presencia y eficiencia en los operativos en el estado.

Lo anterior, debido a que la SSP reportaba que hasta el mes de agosto la entidad federativa con mayor número de ejecuciones y homicidios violentos era Chihuahua con 857, seguido por Sinaloa, 470, y Michoacán, 120.

Del mismo modo, se avaló que el titular del Ejecutivo federal evalúe mediante el secretario de la Defensa Nacional, el procurador General de la República y el secretario de Seguridad Pública la implantación preventiva de una operación conjunta de combate de la delincuencia organizada en Baja California Sur.

Un dictamen más, solicita al Consejo Nacional de Seguridad Pública valore la incidencia delictiva en el próximo acuerdo que emita para aprobar criterios de asignación, fórmulas y variables utilizadas en el cálculo relacionado con la distribución de recursos del Fondo de Aportaciones de los Estados y del Distrito Federal.

Se pide al secretario de Seguridad Pública federal, a los gobernadores de los estados y al jefe del Gobierno del Distrito Federal informen sobre las acciones implantadas y los resultados obtenidos en materia de dignificación de la calidad de vida de los internos en los centros de readaptación social.

También fue aprobado en votación económica exhortar a los titulares de las procuradurías de justicia y de las secretarías de seguridad pública de las entidades federativas a conformar, desarrollar o fortalecer las unidades especializadas en combate al secuestro y la depuración y fortalecimiento de los cuerpos policiales de su dependencia.

El acuerdo solicita a las legislaturas de las entidades federativas armonizar y estandarizar la política de proporcionalidad de penas en relación con los bienes jurídicos lesionados con motivo del delito de secuestro.

Otro dictamen pide al Procurador General de la República y a los secretarios de Seguridad Pública federal, estatales y del Distrito Federal analicen la procedencia de implantar mecanismos más estrictos de incorporación de elementos a los cuerpos de seguridad pública en todos los niveles, con objeto de garantizar la legalidad e integridad de las instituciones del ramo.

De igual modo, se exhorta al secretario de Seguridad Pública federal y al Procurador General de la República informen respecto a las bases legales que sustentan la unificación de la Policía Federal Preventiva y la Agencia Federal de Investigaciones, a la creación de un cuerpo federal de policía, y a las particularidades operativas, administrativas y estructurales de éste.

Agricultura y ganadería

De la Comisión de Agricultura y Ganadería se avalaron diversos dictámenes; uno para que el Poder Ejecutivo federal instruya al titular de la Sagarpa a que instale a la brevedad la junta permanente de arbitraje de la agroindustria de la caña de azúcar y el centro de investigación científica y tecnológica de la misma.

Igualmente, se pide a la Sagarpa informe sobre el papel que desempeñó para permitir el envío de semillas de maíz a Noruega por el Cimmyt y si el número representativo de las muestras remitidas es parte de la riqueza de germoplasma del país.

Uno más, que solicita a la Sagarpa información respecto a la ejecución del gasto del Programa de Competitividad de la Citricultura, así como al padrón de beneficiarios por municipio y por entidad federativa.

El cuarto, exhorta al titular del Ejecutivo federal tome las medidas necesarias a fin de garantizar que 60 por ciento del monto asignado en el presupuesto rural de 2009 al sistema-producto café llegue efectivamente a manos de los productores.

Otro, a fin de que la Sagarpa dé a conocer los avances obtenidos en el primer año de aplicación del Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar 2007-2012.

Un dictamen más solicita al Ejecutivo federal implante acciones, en el marco del TLCAN, que subsanen las dificultades que enfrentan los pequeños productores agrícolas y a la vez se inserten en la dinámica de la globalización, con base en los montos máximos permitidos por la Organización Mundial de Comercio.

También para que Sagarpa inicie en los medios una campaña de difusión para dar a conocer entre los agentes económicos que intervienen en el desarrollo de programas dirigidos al sector rural la figura de "prestador de servicios profesionales".

Un último exhorta a los titulares de los Ejecutivos federal y de Michoacán realicen medidas conjuntas de carácter permanente para prevenir, localizar, combatir y extinguir incendios forestales en la entidad.

Derechos humanos

De la Comisión de Derechos Humanos se aprobaron cuatro dictámenes más; el primero pide a las Comisiones Estatales de Derechos Humanos implementen aéreas especiales de atención y seguimiento de los agravios cometidos contra periodistas en las entidades respectivas.

Otro, a fin de que el gobernador del estado de México destine los recursos necesarios para atender la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos tendiente a garantizar la seguridad pública de la población de Coyotepec.

Para que el Ejecutivo federal informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, tras la visita de 2002.

Una más, con el propósito de que el gobernador de Tabasco atienda la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el 27 de diciembre de 2006.

Recursos hidráulicos

En su oportunidad, se avalaron dos dictámenes de la Comisión de Recursos Hidráulicos, uno por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua y a las autoridades del estado de México y de los ayuntamientos que vierten aguas residuales y desechos al río San Juan, realicen las acciones necesarias para sanearlo.

Otro, a fin de que las Secretarías de Salud federal y de las entidades federativas aseguren que el agua para uso y consumo humano distribuida por los sistemas de abastecimiento público cuenten con la calidad mínima exigida en la NOM-179-SSA1-1998, ello para prevenir y evitar enfermedades derivadas de la ingesta de líquido contaminado.

Estaciones migratorias

En votación económica fue avalado un acuerdo de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, relativo al proyecto de normas para el funcionamiento de las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración, a fin de respetar los derechos fundamentales de los trabajadores migrantes y los de sus familias.

Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte

De la Comisión de Juventud y Deporte se ratificó un punto de acuerdo que cita a comparecer al presidente de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, maestro Vicente Toledo González, y a los otros cuatro titulares de ésta.

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