Ante la crisis alimentaria mundial es necesario elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación e implementar una política pública agropecuaria, donde los tres niveles de gobierno asuman compromisos puntuales para enfrentar el problema de la carestía.

Coincidieron en ello diputados de diferentes fracciones parlamentarias, durante la inauguración del Foro Programa Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA) como Alternativa a la Crisis Alimentaria Rural, organizado por el Comité del Centro de Estudios de Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria.

El diputado Carlos Ernesto Navarro López (PRD), presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, indicó que existen 880 millones de personas con hambre en el mundo, “y estima el Banco Mundial que, como producto de la actual crisis, la cifra se incrementará a 100 millones”.

En el caso de México, informó que 18 millones de personas están en pobreza alimentaria; la importación de alimentos aumentó a 19 mil 325 millones de dólares en el 2007 “y se estima que 2008 cerrará con un monto de 25 mil millones, cifra superior a las divisas generadas por las remesas”.

Se pronunció por una política alimentaria que dé prioridad a la producción nacional y fomente los productos básicos estratégicos y brindar un presupuesto rural creciente que impulse el empleo y la producción nacional, local y doméstica para lograr la autosuficiencia de alimentos en familias rurales marginadas.

En su oportunidad, el diputado Héctor Padilla Gutiérrez (PRI), presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, sostuvo que la cuestión alimentaria debe ser prioridad para el gobierno. Propuso construir políticas agrícolas que aseguren un mejor margen de producción de alimentos.

Destacó que México enfrenta crisis de inseguridad, económica y alimentaria, ésta última “es la que menos se ve, pero la de fatales consecuencias para el país, pues es un caldo de cultivo para la inestabilidad social”.

Por ello, dijo, la Cámara de Diputados sabrá responder a la debacle internacional y a las prioridades indispensables para sostener el desarrollo de México. “Debemos actuar con responsabilidad y energía para identificar las prioridades de la nación y encauzar una parte importante de recursos”.

Señaló que ante la expectativa de un escaso presupuesto debe haber un uso eficiente de los recursos por parte de los tres órdenes de gobierno para entrar en una ruta de alta eficiencia que permita hacer más con menos y que los recursos fluyan con oportunidad.

Hizo un llamado para dejar este tema al margen de luchas políticas. “El alimento no puede estar al seno de las confrontaciones partidistas e ideológicas; responde a los más altos intereses de la nación y no debemos convertirlo en botín político”.

En su oportunidad, el diputado Ismael Ordaz Jiménez (PRI), secretario de la Comisión de Hacienda, señaló que el tema alimentario debe ocupar parte de la discusión del PEF 2009, el cual debe reflejarse en los programas más importantes para que lleguen a la población.

A su vez, la diputada Irma Piñeyro Arias (Nueva Alianza) señaló que es urgente garantizar en la Constitución la seguridad y soberanía alimentaria, “con ello, el gobierno estará obligado a implementar políticas y a diseñar acciones planeadas con los productores”.

Según cifras de la FAO, debido a la crisis alimentaria más de mil millones de personas viven amenazadas por la falta de alimentos, el índice de precios de alimentos aumentó 47 por ciento y el maíz se incrementó en 241 por ciento entre 2005 y 2008.

En México, informó, más de 15 millones de personas viven en la indigencia; en las zonas rurales 32 por ciento de sus habitantes tienen desnutrición y, en las comunidades indígenas el 44 por ciento de las personas padece problemas de alimentación.

Datos del Banco Mundial revelan que los índices de indigencia en el agro mexicano superan los de hace una década, pues ocho de cada 10 campesinos son pobres; sólo 15 de 100 productores tuvieron acceso al crédito de avío y refaccionario; en tanto que los financiamientos de la banca comercial y de desarrollo representan 0.6 y 0.3 por ciento de sus respectivas carteras.

Destacó que la centralización impide que los presupuestos lleguen a los estados y municipios; “en el PEC hay más de 300 programas y como 800 reglas de operación” y la sobre-regulación de la política agropecuaria es el fondo de la crisis “y es donde tenemos que ubicar nuestros esfuerzos”.

Enseguida, el diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés (Alternativa) afirmó que la prioridad es garantizar el derecho a la alimentación en la Constitución. Reconoció que en el tema de la seguridad y soberanía alimentaria “no hay diferencia entre los partidos; los Poderes del Estado estamos obligados a resolver este grave problema”.

Al inaugurar el foro, el doctor Aureliano Peña Lomelí, rector de la Universidad Autónoma Chapingo, señaló que no se puede pensar que el desarrollo rural se dará en las condiciones actuales del campo mexicano. “Es necesario invertir en innovación tecnología y educación”.

Consideró que para garantizar el desarrollo rural en el mediano y largo plazo, la educación es trascendental. Actualmente, dijo, en el medio rural uno de cada 10 jóvenes accede a la universidad. “Necesitamos invertir en educación, desarrollar las capacidades de la gente, impulsar la inversión y reorientar la asignación de recursos”.

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