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Boletín N°. 3218 Pide Javier Lozano a diputados y representantes obreros actuar con cautela en momentos de crisis

• Aumento de emergencia y controles generalizado no son soluciones, advirtió el secretario del trabajo
Ante los integrantes de la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, el titular de la STyPS, Javier Lozano Alarcón, advirtió que el aumento salarial de emergencia y controles generalizados de precios son medidas que no servirían para enfrentar la crisis que vive México.

“Les ruego a los señores legisladores y a los representantes del movimiento obrero que actuemos con cautela en estos momentos. Sugerir aumento salarial de emergencia y controles generalizados de precios nos recuerda la época de los pactos económicos, donde se realizaron 23 aumentos salariales y se llegó a una inflación del 160 por ciento”.

Al comparecer como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno, el funcionario destacó que el gobierno federal no tiene un solo instrumento jurídico para decretar un aumento generalizado de los salarios, “pero aún teniéndolo, con qué los va a corresponder un empresario; el gasto se trasladará a los consumidores y provocará mayor inflación”.

“Necesitamos preservar el trabajo, el poder adquisitivo y la paz laboral”, enfatizó.

En el evento efectuado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, Tomás del Toro del Villar (PAN), subrayó que de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, cerca de 20 millones de personas están al borde del desempleo en el mundo por la crisis financiera global.

Añadió que la desaceleración en la actividad del sector vivienda y construcción en Estados Unidos, ofertante de plazas de trabajo para nuestros connacionales que laboran sin regularizar su situación migratoria, provoca una fuerte reducción de remesas y la necesidad que se atienda el regreso a nuestro país.

Indicó que la pérdida de poder adquisitivo de la clase obrera y la escalada de precios tienen repercusiones en la política laboral, por lo que las proyecciones y acciones para contener y estabilizar la economía son elementos que se necesitan desglosar en este análisis.

Al iniciar la primera ronda de oradores, el diputado Humberto Dávila Esquivel (Nueva Alianza) mencionó que en septiembre de este año se registró una tasa de desocupación del 4.25 por ciento entre la población económicamente activa. En el mismo mes del año 2007 este indicador fue de 3.47 por ciento de acuerdo al INEGI, refirió.

Preguntó que ante el actual escenario de crisis qué acciones tomará el gobierno federal para reactivar el empleo, ante el previsible estancamiento de la economía.

“Se espera el regreso de miles de migrantes, qué oportunidades laborales se les puede brindar a quienes por falta de acciones buscaron en ese país un ingreso digno. ¿Estamos preparados para recibirlos o regresan a sumarse al desempleo y a la delincuencia?”.

Javier Lozano Alarcón coincidió en que efectivamente en septiembre la tasa de desocupación fue de 4.25 por ciento. “Es la segunda cifra más alta, después del 2004 que tuvimos en algún otro mes, 4.40 aproximadamente”.

Subrayó que “es necesario avanzar en la desregulación y simplificación administrativa o no vamos a ser capaces de generar inversiones y, por lo tanto, los suficientes empleos”.
Sobre los migrantes dijo que más que un retorno masivo preocupa la caída real de las remesas.

El diputado Juan Carlos Velasco Pérez (PRI) preguntó si el supuesto blindaje será capaz de evitar un colapso. Es necesario que los legisladores cuenten con información verídica que contribuya a amortiguar el impacto negativo que seguramente padeceremos, dijo.

Añadió que ante la falta de crecimiento, no habrá empleo y preguntó cómo entonces podemos pensar que se van a generar 500 mil empleos programados por el gobierno.

“Esperamos la solidaridad y el apoyo para que en los próximos salarios mínimos se aplique el seis por ciento reconocido por el Banco de México ante la pérdida del poder adquisitivo de este año”.

Al respecto, Javier Lozano comentó que serán 800 mil los empleos que necesita el país para darle acceso al mercado laboral cada año a los nuevos demandantes de empleo y “ésa es la meta que nos estamos planteando con todo realismo para el 2012, no antes”.

Aclaró que si la economía de EU cae, y sobre todo si entra en recesión y si eso conlleva a que México, en lugar de 2.3 por ciento, como era el cálculo de la SHCP y del Banco de México, crece dos por ciento este año y 1.8 por ciento el próximo, no vamos a alcanzar los 372 mil empleos que había proyectado el Banco de México.

“Ojalá tuviéramos 500 mil este año, no los vamos a tener no los vamos a alcanzar”, aseveró.
El diputado José Antonio Almazán González (PRD), al referirse al caso de Pasta de Conchos, dijo: “señor secretario, usted resolvió dar carpetazo a este asunto haciendo una interpretación parcial, tendenciosa de las conclusiones del foro consultivo que a solicitud de la dependencia a su cargo hizo una investigación y presentó un dictamen”.

Solicitó que se establezca una mesa de diálogo respectiva para que sean escuchados con nuevos argumentos y documentos que permitan resolver este problema y poder ventilar este asunto; “de esa manera no hacernos partícipes de una vergüenza internacional, porque este asunto, cerradas las puertas nacionales, se va a ventilar en tribunales y otras instancias internacionales”.

En respuesta, el secretario reiteró que hubo negligencia de la empresa y de las autoridades de la STyPS, “tan es así que ya se impusieron las sanciones correspondientes. Con mucho gusto nos volvemos a sentar a ver todos estos aspectos con el único afán de que la verdad sea la que prevalezca”.

Reiteró que es absolutamente desaconsejable la entrada a la mina porque puede haber una acumulación de gas metano arriba de 1.5 que es el tolerable para la vida humana; derrumbes en la estructura, inundaciones, realmente un peligro severo. “Jamás aconsejaré que se arriesguen más vidas humanas para rescatar cadáveres”.

El diputado Alfonso Bello Pérez (PAN) señaló que los países avanzados sí están haciendo las reformas estructurales, entre ellas la laboral. Exhortó a trabajar en el tema, “pues hoy que se habla del tema de Pasta de Conchos resulta que es imposible para la secretaría imponer una clausura de manera preventiva”.

El titular de la STyPS señaló que el tema de Pasta de Conchos nos llevó a que tengamos que hacer una norma oficial mexicana especial para minas de carbón.

El diputado Patricio Flores Sandoval (PRI) pidió al funcionario fijar su posición sobre la regulación de la intermediación y subcontratación laboral, a fin de evitar la evasión en el pago de las cuotas de seguridad social a los trabajadores.

Al respecto, el funcionario manifestó que es necesario modificar la Ley del Seguro Social, no sólo para efectos de la afiliación sino para evitar que mediante esta simulación no se paguen las utilidades a los trabajadores ni se establezcan las condiciones necesarias para sus labores.

En tanto, el diputado Alfredo Barba Hernández (PRI) cuestionó al funcionario sobre las acciones que tomará el gobierno federal para facilitar la inversión y generar los empleos prometidos por el Ejecutivo.

Dijo que el INEGI y el IMSS reportan la pérdida de 22 mil empleos y que en los últimos siete meses cerraron 800 empresas; “en lugar de avanzar se retrocede en este aspecto”.

La diputada Beatriz Collado Lara (PAN) aseveró que la rendición de cuentas de los sindicatos se tiene que dar de manera clara, por escrito y precisa. Las organizaciones gremiales son fundamentales para las relaciones laborales y en este sentido la rendición de cuentas no se pueden dejar a un lado.

Por su parte, el diputado Gustavo Ramírez Villarreal (PAN) manifestó que en un escenario de crisis promover la productividad y la competitividad requiere de una política de Estado que genere mayor cantidad de empleos formales y atracción de inversiones.

A su vez, la diputada Rosario Ortiz Magallón (PRD) dijo que la mayoría de empleos que se han generado son en el ámbito informal donde la precariedad, carencia de derechos y la violencia laboral imperan.

Afirmó que en materia de conciliación y paz laboral se toman medidas acotadas por “compromisos políticos”. La secretaría no se ha pronunciado en contra de Ramón Gámez Martínez, quien controla casi el 90 por ciento de los contratos de protección.

El diputado José Antonio Almazán González (PRD) expresó que aún se tiene tiempo para emprender las medidas para enfrentar la crisis económica mundial, pero que el Ejecutivo “no ha terminado de entender las dimensiones del problema.

Por su parte, El diputado Juan Manuel Sandoval Munguía (PAN) aseguró que es necesario rescatar los cuerpos de los mineros que aún siguen sepultados en la mina Pasta de Conchos, en tanto, “no se ponga en riesgo más vidas y las condiciones lo permitan”.

Exposición inicial
En su exposición inicial, el secretario del Trabajo y Previsión Social mencionó que a diferencia de las amargas experiencia del pasado, hoy México está mejor preparado para enfrentar la crisis mundial.
El crecimiento económico del país es mejor que el de Estados Unidos y tenemos la inflación más baja de Latinoamérica. Sin embargo, reconoció que los avances en el sector laboral no son suficientes ni satisfactorios.
“No podemos conformarnos con un crecimiento económico del dos por ciento, ni con la generación de poco más de medio millón de empleos por año”, indicó.
Señaló que la tasa de desocupación reportada no muestra, cabalmente, la realidad en la que viven miles de familias que sobreviven en el subempleo y la precariedad de su ocupación. Subrayó que es preciso consolidar las reformas estructurales pendientes y la ejecución del Programa Nacional de Infraestructura.
“Sólo así estaremos en posición de conseguir, hasta el final de esta administración, un crecimiento económico anual del cinco por ciento de manera sostenida, así como un incremento del ingreso per cápita del 20 por ciento.
Añadió que con ese crecimiento se lograría la generación de un mínimo de 800 mil empleos formales por año, “posicionarnos entre los 30 primeros lugares a nivel mundial en competitividad y disminuir en 30 por ciento, la pobreza alimentaria en el país”.
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