Con el propósito de atenuar las graves consecuencias que genera la violación sexual a mujeres menores y el embarazo producto de ese hecho, la diputada Holly Matus Toledo (PRD) propuso una iniciativa de modificaciones a la Ley de Asistencia Social.

Ante el pleno, denunció la ausencia de programas gubernamentales y políticas públicas que brinden apoyo específico a estas niñas. Con la iniciativa se busca incorporar a las menores embarazadas como resultado de violencia sexual como sujetos de atención en la Ley de Asistencia Social.

Estudios señalan que en México la mitad de los casos de violación sexual ocurren en niñas, niños y adolescentes; para el 2002, último año del que se tienen datos, el DIF atendió mil 123 casos de abuso sexual y 64 de explotación sexual comercial; sólo 13 por ciento de casos de abuso sexual y 0.3 por ciento de explotación sexual comercial fueron denunciados a las autoridades.

“El Estado, a pesar de estar obligado a proteger a las niñas y los adolescentes de todo tipo de violencia, elude su responsabilidad en el caso de las niñas y las adolescentes embarazadas; la única atención que reciben es de organizaciones no gubernamentales que ofrecen refugio temporal, pero nadie se hace cargo de los niños que han sido producto de la violación”.

Propuso ampliar las funciones del Sistema Nacional DIF en programas de atención a menores embarazadas, y los hijos o hijas producto de esta violación, para dar cobertura a quienes no cuentan apoyo familiar, los familiares son los agresores, o quienes encubren al violador, “motivo suficiente para retirar a la menor de este entorno social de riesgo”. Se remitió a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

En su oportunidad, el diputado Obdulio Ávila Mayo (PAN), presentó una iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo para que los patrones tengan la obligación de afiliarse al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) y, en caso de no hacerlo en el plazo establecido, sean sancionados con una multa.

En la propuesta, remitida a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, se precisa que en México existen 10.3 millones de trabajadores limitados para ejercer su crédito Fonacot, que es siete veces más bajo al de las cadenas comerciales y 39 por ciento más económico que los comerciales. Además, de 198 mil 584 empresas registradas en el IMSS, sólo 46 mil 175 empresas están afiliadas a dicho instituto.

Más adelante, el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda (PRI) planteó una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, y de la Ley General Educación a fin de atender la problemática de los jornaleros agrícolas, pues es uno de los sectores sociales con condiciones de vida más precarias del país, y al cual poco han ayudado los cambios legales y los programas de gobierno de los últimos años.

Propuso adicionar el artículo 283 Bis para que, en tratándose de estos trabajadores, migrantes eventuales o estacionarios, sean registrados por los patrones ante las instituciones de seguridad social y les otorguen las prestaciones e indemnizaciones derivadas de las relaciones de trabajo durante todo el tiempo que dure la estación, sin perjuicio de que sus servicios se empleen en distintas jornadas.

Planteó reformar y adicionar el artículo 2° de la Ley General de Educación, para que sea obligación de las autoridades educativas y de los patrones, promover los programas y servicios de educación a trabajadores migrantes eventuales o estacionarios del campo y sus familias. Se remitió a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Educación Pública y Servicios Educativos.

La diputada Verónica Velasco Rodríguez (PVEM) propuso modificar la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que el organismo elabore y difunda públicamente informes sobre autoridades y servidores públicos que persistan en actitudes, omisiones, conductas evasivas o de entorpecimiento, para dar cumplimiento a las recomendaciones anteriores. Se envió a la comisión de Derechos Humanos.

Enseguida, la diputada Guillermina López Balbuena (PRI) presentó una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución, de la Ley General de Educación y expide la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, para sancionar con la suspensión del cargo a los maestros que suspendan labores sin causa justificada y no cumplan con su horario de clases.

“Basta de tolerar a maestros que dejen a los niños sin clases por varios meses; basta ya de marchas exigiendo que no se les supriman las prácticas de venta de plazas o de heredarlas, de rechazar que los capaciten o de eliminar que se les evalúen”.

Además, propone que el funcionario o docente que concierte por sí o por interpósita persona la venta o traspaso de plazas magisteriales, así como los responsables que no den pronta solución a las solicitudes de los docentes sean suspendidos de su cargo.

Se envió a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Educación Pública y de Servicios Educativos, con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública.

A su vez, la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez (PRI) presentó una iniciativa que adiciona un artículo 165 al Código Federal de Procedimientos Penales a fin de establecer un mecanismo adicional de investigación criminalística para que la autoridad conserve, en un registro de fichas de ADN, los códigos genéticos de todos los sentenciados en la República por delitos del orden federal.

Los análisis de ADN se limitarían al ADN no codificante, que revela datos meramente de identificación y el registro estaría a disposición de fiscales y jueces, para coadyuvar a investigaciones y procesos criminales, para el pronto esclarecimiento de un delito. Se mandó a la Comisión de Justicia.

La diputada Dora Alicia Martínez Valero (PAN) propuso reformar diversas disposiciones de la Constitución, a fin de brindar certeza a los ciudadanos sobre la remuneración de los servidores públicos mediante la creación de comités de transparencia y evaluación salarial de los trabajadores al servicio del Estado, en los tres niveles de gobierno. Se remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Para garantizar que la información disponible en portales electrónicos o en otros medios sea accesible a personas con discapacidad y puedan hacer uso de ella de forma independiente, la diputada Verónica Velasco Rodríguez (PVEM) presentó reformas a diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Se turnó a la Comisión de la Función Pública.

Se recibió de la diputada Ana María Ramírez Cerda (PVEM), iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Fue enviada a la Comisión de Equidad y Género.

Las modificaciones al artículo 29 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, suscritas por los diputados Mayra Gisela Peñuelas Acuña y Gilberto Ojeda Camacho, ambos del PRI, se remitieron a la Comisión de Comunicaciones.

De la diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña, del PRI, se recibió iniciativa que reforma el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fue enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales.

La misma diputada Peñuelas Acuña presentó punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del director del Centro Nacional de Trasplantes para que informe de la situación que prevalece en los hospitales donde se realizan trasplantes de órganos. Se envió a la Comisión de Salud.

Enseguida se aprobaron cambios en las Comisiones de Energía y de Justicia.

Posteriormente, se levantó la sesión y se citó para la que tendrá lugar el próximo martes 28 de octubre, a las 11:00 horas.

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