• Incluye la venta de plazas docentes

Para sancionar a maestros que suspendan labores sin causa justificada, no cumplan con su horario de clases, así como al funcionario o docente que venda o traspase plazas magisteriales, la diputada Guillermina López Balbuena (PRI) presentó una iniciativa de reformas a la Constitución Política, a la Ley General de Educación y expide la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Al hacer su propuesta ante el Pleno señaló la necesidad de lograr una educación de calidad y competitiva, promotora y creadora de innovaciones, que rinda cuentas de su desempeño, proporcione mejores prácticas para la enseñanza, la investigación, la formación y actualización del magisterio.

Indicó que en México se destina menos del cinco por ciento del gasto nacional a atender el rezago educativo de 33 millones de personas que no saben leer ni escribir o no concluyeron primaria ni secundaria.

Cada año, agregó, se suman al analfabetismo entre 100 mil y 140 mil mexicanos por falta de acceso a una escuela, ya que viven en zonas alejadas a las urbanas; de ese total, 20 mil son jóvenes de entre 15 y 19 años.

El documento señala entre los estados con mayor rezago educativo a Chiapas, Durango, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Puebla y Veracruz, y los municipios con el mayor índice de personas que no saben leer ni escribir se encuentran en Veracruz, Oaxaca y Guerrero.

Ante ello, se debe diseñar un nuevo modelo educativo que permita la capacitación del personal; mejorar la gestión escolar; la innovación pedagógica; extender la cultura de la evaluación; fortalecer la investigación educativa y mejorar la infraestructura escolar y equipamiento.

La educación debe ser un tema prioritario en la agenda del país para cambiar la situación que padece este sector. Por ello, hizo un llamado a todos los actores políticos, a los intelectuales, a la sociedad civil, a la Iglesia, medios de comunicación y a los empresarios, a concretar un pacto nacional por la unidad de los mexicanos.

Sugirió sancionar a los responsables que no den pronta solución a las solicitudes de los maestros. Se pronunció por “no mantener funcionarios incompetentes y lentos para solucionar los problemas, ni la burocracia que provoca que los maestros salgan a las calles a exigir solución pronta a sus problemas”.
Con la reforma planteada se adicionan las fracciones IX y X al Artículo 3° de la Constitución Política para que el Ejecutivo Federal, con la participación del sector privado y social, implante un Plan Estratégico de Desarrollo Integral Educativo, que enriquezca la calidad del sector e incremente su productividad y competitividad.

Además, que diseñe y ejecute un Sistema Nacional de Evaluación de la Educación, encaminado a fortalecer, enriquecer y elevar la calidad de la educación.
Asimismo, que la Cámara de Diputados, a propuesta de los grupos parlamentarios, designe, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, al titular del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Las modificaciones a la Ley General de Educación buscan establecer en su artículo 75 infracciones a quienes prestan servicios educativos, por expedir certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes no cumplan los requisitos aplicables; así como realizar actos que impliquen la venta o traspaso, a través de la obtención de un beneficio económico o de forma hereditaria, de plazas sindicales para desempeñarse como trabajador de la educación

Además, propone que se considere como infracción la no atención inmediata de las solicitudes de los trabajadores de la educación que presenten de forma individual o en grupo.

En el artículo 76, sugiere sancionar esas faltas con la suspensión del empleo, cargo o comisión por un plazo de 5 años y, en caso de reincidencia, con la destitución inmediata del puesto.

Finalmente, se sugiere expedir la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, cuyo objetivo sería regular y supervisar los mecanismos implementados para mejorar la calidad educativa.

Dicho Instituto sería un órgano público autónomo, con personalidad jurídica, patrimonio propio y tendría como finalidad coordinarse con las autoridades educativas federales y estatales, así como con los sectores privado y social para planear, diseñar, implementar y ejecutar los instrumentos que incrementen la calidad, productividad y competitividad de la educación.

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