• Compareció Luis H. Álvarez; orientar cambios desde las comunidades y no en las oficinas, pidió
El presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, Marcos Matías Alonso, afirmó que para reducir los índices de marginación de este sector de la población es indispensable una reforma económica que reduzca la desigualdad social que impera en México.

Lo anterior durante la comparecencia de Luis Héctor Álvarez Álvarez, director general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en el marco de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno del Ejecutivo federal.

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, el legislador perredista indicó que en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos destinados a la atención y desarrollo de los pueblos indígenas no alcanzará más del uno por ciento de los 3 billones de pesos disponibles.

“No retornemos al indigenismo superado, si lo hacemos seguiremos viendo a los indígenas como menores de edad, como no capacitados”.

En su intervención Luis H. Álvarez expresó que la dependencia debe ser una entidad rectora de las políticas públicas en la materia.

“Nos hemos propuesto los cambios necesarios para que la planeación y desarrollo de los pueblos originarios se oriente desde las comunidades y no desde las oficinas gubernamentales”, enfatizó.
Informó que en 2008 se asignaron 31 mil 24 millones de pesos para la atención y desarrollo de los pueblos indígenas distribuidos en ocho programas y proyectos que opera la CDI.

Entre los avances del presupuesto, mencionó que en el Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas se destinaron 6 mil 321 millones de pesos. Destacó que en este ejercicio presupuestal se concertaron mil 742 millones de pesos para la electrificación de mil localidades.

Al 30 de septiembre del año en curso, refirió, se ejercieron 615 millones de pesos en el Programa de Albergues Escolares Indígenas que permitieron atender a más de 60 mil beneficiarios de 51 pueblos.

En el Programa de Organización Productiva para Mujeres se tuvo un avance en el ejercicio del presupuesto de 169 millones de pesos; y en excarcelación de presos se aplicaron 6 millones de pesos que ha permitido liberar a 518 personas en 24 entidades.

Durante la primera ronda de preguntas y respuestas, la diputada Martha Cecilia Díaz Gordillo (PAN) dijo que entre 2004 y 2008 hubo una variación en la efectividad del ejercicio del gasto que alcanza el 73 por ciento. Cuestionó sobre los albergues escolares y las implicaciones de las reformas a los artículos 2°, 26 y 115, en las comunidades.

Es necesario atender a las necesidades de personas indígenas de zonas urbanas o que se encuentran en calidad de migrantes, “como los mil 500 que regresarían diario de Estados Unidos, por la crisis económica, lo cual profundizará la situación de pobreza y marginación”, advirtió.

En su oportunidad, el diputado del PRD, Othón Cuevas Córdova, señaló que la riqueza del país está en los pueblos originarios “y no tienen el apoyo necesario para estar a la altura de sus necesidades”.

Planteó cambiar el carácter paternalista del Estado y aprovechar el potencial de estas comunidades; además, incrementar el presupuesto a la dependencia, “pero esperamos una respuesta institucional donde haya corresponsabilidad”.

A su vez, Elda Gómez Lugo (PRI) preguntó por qué ante el contexto de la crisis mundial y el previsible regreso de migrantes indígenas a sus comunidades, la CDI sólo estima 30 millones de pesos para recibirlos y cuestionó sobre la estrategia para incorporar cuadros indígenas profesionales a la gestión del organismo en puestos de dirección.

Enseguida, por el PVEM, la diputada Beatriz Manrique Guevara se refirió al asesinato de Felícitas Martínez y Teresa Bautista, en abril pasado, y cuestionó las acciones emprendidas para exigir el respeto a las radiodifusoras culturales indígenas.

En respuesta, Álvarez Álvarez indicó que actualmente operan mil 71 albergues, de los cuales a finales de 2007 había 90 en buenas condiciones, 10 en condiciones aceptables; 969 en malas condiciones y dos desaparecidos por las lluvias. Lo anterior, debido a que fueron construidos entre 1930 y 1970, a lo cual se suma la complicada orografía que los hace vulnerables a desastres naturales.

Sobre la reforma Constitucional, resaltó la necesidad de determinar cauces legales e institucionales para atender las necesidades de las comunidades indígenas, lo cual erradicaría sus condiciones actuales de desigualdad.

En torno a las condiciones de la población indígena en zonas urbanas, dijo que se busca otorgarles una vida digna y el mejoramiento de sus condiciones. Sin embargo, añadió, con 80 millones de pesos anuales, en un horizonte de actualización de 2009 a 2012 se pueden cubrir la mitad de las necesidades de las viviendas indígenas en las localidades ubicadas en este ejercicio.

Ante el posible retorno de grandes cantidades de migrantes provenientes de los Estados Unidos, la CDI ha planteado un conjunto de acciones para fortalecer redes de apoyo en las comunidades de origen y urbanas para mejorar las posibilidades de reincorporación en actividades económicas locales.

En su oportunidad, Xavier Abreu Sierra, de la Unidad de Coordinación y Enlace de la CDI, explicó que en 2007 se transfirieron 700 millones de pesos a Comunicaciones y Transportes para carreteras; a la Conagua, 450 millones de pesos para un programa de habilitación de agua potable para Chiapas y sistemas de agua potable y saneamiento; a Sedesol se le aportaron cerca de 500 millones de pesos para la estrategia de pisos firmes y labores de rehabilitación de vivienda.

“Se tomaron 300 millones del presupuesto para enlace con la administración pública y fue para Salud y Educación y apoyo a universidades multiculturales y construcción de clínicas, entre otras cosas”.

La diputada Lourdes Alonso Flores (PRD) consideró que los recursos son insuficientes para atender la demanda y rezago histórico del sector, ya que no se han resuelto necesidades elementales como acceso al agua potable y drenaje.

Preguntó cuántos mexicanos cuentan con el servicio de agua potable, a través del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI) y solicitó información sobre presos indígenas.

En tanto, la diputada Guillermina López Balbuena (PRI) cuestionó si es responsable solicitar mayor apoyo para el organismo, “si sólo se han observado subejercicios”, además, los programas son ineficaces para el desarrollo de estas comunidades.

El diputado Joaquín Díaz Mena (PAN) refirió que el número de hablantes de alguna lengua indígena disminuye constantemente, inquirió sobre las acciones de la CDI para revertir esta tendencia.

“Se quiere que se destinen mayores recursos al tema indígena, pero cómo lograrlo si se insiste en que la CDI no logra ejercer sus recursos de manera oportuna. Qué está haciendo para que no existan estos subejercicios”, aseveró.

Luis H. Álvarez respondió que la CDI y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) mantienen colaboración para la formación de traductores, intérpretes, difundir la riqueza lingüística del país y las acciones específicas para rescatar las que se encuentran en riesgo.

Subrayó que el PIBAI coadyuva en las localidades con mayores rezagos y de alta y muy alta marginación que, en razón de su lejanía y dispersión, no son atendidas por otras instancias.

Enseguida, Abreu Sierra se refirió a la situación de los presos indígenas y dijo que más de mil personas recobraron su libertad el año pasado y en este año van alrededor de 600.

Señaló que se destinan 852 millones de pesos al agua y al alcantarillado, para beneficiar a 400 mil personas.
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