La Cámara de Diputados exhortó a la Secretaría de Educación Pública (SEP), al gobierno del estado de Morelos y al magisterio de esta entidad, a que lleguen a un acuerdo que permita reanudar las clases al cien por ciento.

La diputada Adriana Rebeca Vieyra Olivares (PAN) expresó que este conflicto magisterial “va más allá del tema de la Alianza para la Calidad en la Educación porque se han mezclado intereses político partidistas alejados de la materia”.

Informó que el 28 de octubre pasado, la mayoría de los maestros optó por el acuerdo y la negociación política tras la instalación de una mesa de diálogo para resolver el conflicto donde se dará “puntual respuesta a las demandad de los profesores”.

La legisladora manifestó que el regreso a clase será sin ninguna condición, sanción o medida disciplinaria para el profesorado: “La solución al conflicto magisterial de Morelos es una realidad que se palpa, principalmente por el regreso a clases de miles de niños en las más de mil 28 escuelas abiertas el día de ayer”.

En tanto, la diputada Rosario Ignacia Ortiz Magallón (PRD) consideró que el exhorto permitirá avanzar en la solución del problema, pero no resuelve el punto central: “que es una alianza que no responde a las necesidades de la educación y de los maestros”.

La situación que prevalece en Morelos tiene que ser una medida fundamental para abrir el debate de lo que implica la educación en este país, aseguró.

Los conflictos no se resuelven con represión, sino con debate. “Morelos abre la posibilidad de tener una forma diferente de enfrentar los problemas educativos”.

El diputado Víctor Samuel Palma César (PRI) señaló que en el ejercicio de la política “no bastan buenos diseños o propósitos; se requiere tomar en consideración a los distintos sectores sociales.

Agregó que el llamado al diálogo es un instrumento que debió haberse puesto en práctica desde el inicio de las hostilidades ya que ha impactado a la actividad económica, pues se redujo el personal de varios restaurantes y la ocupación hotelera en Morelos.

“Ojalá sea un detonador de un diálogo que ha estado pendiente, de una afectación que a todos nos lastima, que a los morelenses nos deja preocupados por la suspensión de clases y por graves daños que han tenido el comercio y el turismo morelense.

A su vez, la diputada Aleida Alavez Ruiz (PRD) dijo que la intervención militar en Morelos es síntoma del autoritarismo y representa la criminalización de la movilización social. “Ante la incapacidad gubernamental se echa adelante a los cuerpos represivos para mitigar las protestas”.

Mencionó que la intervención “dio como resultado más de 70 detenciones arbitrarias, de las cuales apenas a la mitad se les inició averiguación previa y hasta este momento la gran mayoría están en libertad, pues no tenían que ver con el movimiento magisterial”.
Añadió que es indispensable que se garanticen alternativas viables de solución al conflicto.

El diputado Demetrio Román Isidoro (PAN) informó que al día de hoy permanecen abiertas mil 38 escuelas donde los niños han continuado con sus estudios. Anunció que para el próximo lunes mil 500, de los mil 700 planteles que hay en el estado, podrán seguir con sus labores.

Denunció que durante 75 días “se truncaron” las actividades cotidianas de establecimientos comerciales y de “miles de personas” por el cierre de calles. Además consideró como falsos los cuestionamientos en torno a la represión del movimiento magisterial por parte del gobierno del estado.

Por su parte, los diputados Miguel Ángel Solares Chávez y Rafael Franco Melgarejo (PRD) aseveraron que el conflicto no lo generaron los profesores de Morelos, sino el Ejecutivo federal cuando avaló la Alianza por la Calidad Educativa, donde los profesores de base fueron ignorados.

Franco Melgarejo exhortó al gobernador a suspender “las persecuciones en contra de los maestros; que deje de usar la fuerza pública para reprimir al movimiento”.

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