Los problemas de eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y corrupción en la Administración Pública Federal no pueden ser atendidos solamente con una política de inhibición y sanción, señaló el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas.

Al comparecer ante la Comisión del ramo, como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal, dijo que en buena parte la corrupción y la ineficiencia del sector público existe porque se le tolera y se colabora con ella.

En tanto, diputados del órgano legislativo se pronunciaron por encontrar mecanismos que permitan reducir los niveles de corrupción, sobre todo cuando internacionalmente se ocupan los primeros lugares en este rubro.

El presidente de la Comisión de la Función Pública, diputado Benjamín González Roaro, indicó que el combate a la corrupción y un mejor gobierno, es una cuestión de educación y cultura, por lo que reconoció los esfuerzos realizados a través de la coordinación con la Secretaría de Educación Pública.

Informó que al interior de esta comisión se han creado varios grupos de trabajo para avanzar en la normatividad que fortalezca el combate a la corrupción, entre los que destaca el que revisa las conclusiones de un foro sobre contrataciones del sector gobierno que trabaja sobre iniciativas comunes para mejorar las leyes de Obras y la de Adquisiciones.

Al iniciar los cuestionamientos, el diputado Enrique Cárdenas del Avellano (PRI) preguntó si realmente se cree que no hay corrupción en el país cuando internacionalmente se ocupan los primeros lugares en este rubro.

Cuestionó si en materia de transparencia y rendición de cuentas se tiene información de los recursos destinados a las organizaciones sindicales y a los beneficios que han obtenido sus agremiados.

Por Acción Nacional, los diputados Alma Edwviges Alcaraz Hernández y José Guillermo Velázquez Gutiérrez cuestionaron si hoy el gobierno federal cuenta con una secretaría acorde a todas las expectativas y los nuevos retos de la Administración Pública Federal, y si se implementan acciones que eviten no revisar, auditar y fiscalizar lo que a su materia corresponde.

El diputado Jesús Ricardo Morales Manzo (PRD) señaló que la confianza en la dependencia registró un decremento de 10 puntos porcentuales, por lo que preguntó si la inexistencia de un marco legal para fortalecer y sancionar podría incidir en las causales de esa disminución.

A su vez, María del Carmen Fernández Ugarte y José de la Torre Sánchez, diputados del PAN, preguntaron sobre los mecanismos de contratación y cuáles creía son las reformas al marco legal que deben realizarse para quitarle fondos de botella.

De la Torre Sánchez señaló que el concepto del servicio público se ha visto degradado debido a que no se ha estado a la altura de la demanda de los ciudadanos. “El exceso de normatividad y corrupción provocan un desgaste social para los mexicanos que se agrava cada día”.

Por el PRI, Andrés Carballo Bustamante enfatizó que el gobierno federal ha estado inmerso en el burocratismo, por ello urgió a que se preste un mejor servicio a los ciudadanos, implementando programas que reduzcan la burocracia y su alto costo.

El diputado Alan Notholt Guerrero (PVEM) enfatizó que la corrupción tiene un gran costo para los ciudadanos y actúa en decremento de la credibilidad y confianza en el gobierno, además de que inhibe el desarrollo social.

En respuesta, Salvador Vega Casillas reconoció que la entidad federal tiene un subejercicio de menos de 5 por ciento y que en el tema de sindicatos la SFP no tiene facultades de revisión.

Respecto a las investigaciones en áreas de seguridad, mencionó que hay expedientes abiertos en todas las instituciones de seguridad del país, como la PGR, PFP y la SSP. “Colaboramos con sus titulares no solamente en los casos de corrupción, sino también en los administrativos”.

Es muy importante, expresó, cuidar el tema de infiltración y corrupción, pero también los recursos que se dan para gasto administrativo y de mantenimiento para que se puedan utilizar con todo escrúpulo.

Reconoció que hay una transformación de la dependencia, debido a que los actuales retos del país en materia de corrupción, administración y de labor de contraloría lo han cambiado, de ahí que la SFP evolucione primero antes que pensar en el gobierno.

Destacó que se buscarán modificaciones a la Ley de Obra Pública y de Adquisiciones a efecto de que se pueda hacer frente a las demandas de la sociedad en beneficio de la economía.

El tema de los trámites engorrosos, resaltó, es muy grave, y dijo que la convocatoria del Ejecutivo para conocer el peor es una forma de saber lo que le molesta al ciudadano, sobre todo cuando hay algunos que no se deberían hacer pero existen.

En la comparecencia también participaron los diputados de Acción Nacional, Jesús Arredondo Velásquez, Sagrario Ortiz Montoso, María Eugenia Campos Galván y Luis Lariza Montiel, así como Rafael Plácido Ramos Becerril, del PRD.

Intervención Inicial

Salvador Vega Casillas, titular de la SFP, dijo que en un año de gestión se realizaron cuatro mil 200 auditorías, lo que significa que cada semana la dependencia federal concluye 80 auditorías y finca 290 observaciones.

Entre los casos más relevantes, expresó, sobresale el desmantelamiento de una red de corrupción en las compras y adquisiciones de Pemex Petroquímica, en las casetas de cobros de Caminos y Puentes Federales, en Diconsa, en el Sistema de Aduanas y del Hospital de Alta Especialidad de Oaxaca.

“Todos estos casos fueron sancionados administrativamente y la Procuraduría General de la República integra las averiguaciones previas respectivas sobre probables hechos delictivos de índole penal; la estrategia de combate a la corrupción es firme y decidida”, afirmó.

Con las auditorías, sanciones y denuncias, enfatizó, solamente se atiende el efecto del problema, pero no su causa, de ahí dijo que se impulse que los programas educativos contemplen temas como el rechazo a la corrupción y el aprecio por la cultura de la legalidad.

Vega Casillas reconoció que el exceso de regulación, que en su origen se generó para combatir la corrupción, tiene un efecto contrario. “La complejidad administrativa es caldo de cultivo para los actos ilegales”.

La mejor formar de construir un México con mejores condiciones es fortaleciendo la participación de la sociedad en los asuntos públicos, mencionó.

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