• Se calcula que han obtenido 186 mil 620 millones de pesos

La Cámara de Diputados aprobó en votación económica exhortar al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, a los gobernadores de las entidades federativas y al jefe del Gobierno del Distrito Federal a que implementen, en sus ámbitos de competencia las acciones necesarias para bloquear las llamadas por teléfonos celulares u otros medios de comunicación no permitidos en los centros de readaptación social federales y estatales.

El dictamen con punto de acuerdo estima que existen 240 bandas de extorsionadores que operan desde los diversos centros penitenciarios del país y que en los últimos seis años las ganancias por la extorsión telefónica ascienden aproximadamente a 186 mil 620 millones de pesos.

Se precisa que la corrupción de custodios y funcionarios permite a internos operar de manera impune y utilizar las cárceles como centros de mando. Añade que no obstante las prohibiciones dispuestas en las reglamentaciones de las cárceles, es frecuente la introducción de aparatos de comunicación, así como cualquier tipo de droga.

La Comisión de Seguridad Pública menciona que los internos utilizan los teléfonos para planear, organizar y realizar diversos delitos como extorsión, motines o secuestros virtuales.

Añade que a través del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, de la SSP, se adquirieron equipos para bloquear la señal de celulares, que se instalaron desde 2007 en 11 penales, pero que por deterioro no se utilizan.

Se advierte que los internos provocan las fallas en los equipos de bloqueo; “incluso se ha detectado que los reclusos contratan a expertos para que corten la corriente eléctrica de los bloqueadores, a fin de inutilizarlos” y continuar con las extorsiones.

Armas ilegales

En votación económica, el Pleno avaló el dictamen con punto de acuerdo de la Comisión de Justicia que pide a las Secretarías de Seguridad Pública y de Hacienda y Crédito Público, y a la Procuraduría General de la República, informen sobre las acciones, planes y programas que están llevando a cabo en torno a la retención de armas de fuego que son portadas de manera ilegal.

En el documento, se expone que cada día ingresan al territorio nacional dos mil armas ilegales por medio de las aduanas y que de acuerdo a datos, los focos rojos están ubicados en la frontera norte, particularmente en Nogales, Sonora; San Isidro, Baja California; Matamoros y Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Refiere que PGR, hasta el mes de abril, tenia localizados 12 mil centros de venta y distribución de armas en la franja fronteriza, dentro de territorio estadounidense, y que en la administración del ex presidente Vicente Fox entraron 4 millones 380 mil armas de fuego, de las cuales sólo 8 mil 88 fueron decomisadas.

Coacalco de Berriozábal

De igual modo, se aprobó el dictamen con punto de acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos por el que se reprueban los hechos de violencia ocurridos en el municipio de Coacalco, Estado de México, y se solicita a las autoridades competentes la investigación y el deslinde de responsabilidades.

El diputado Juan Manuel Sandoval Munguía (PAN) advirtió: “No es posible que en pleno 2008 subsistan conductas que nos rememoran episodios de los años sesenta, setenta y ochenta. En la memoria de la ciudadanía y de los mexicanos habíamos desterrado las formas represoras de los gobiernos que no permiten la posibilidad de expresarse de manera libre y pacífica”.

Para presentar hechos participaron los diputados del PRD, Javier González Garza, Octavio Martínez Vargas y Francisco Javier Santos Arreola, así como Cuauhtémoc Velasco Oliva (Convergencia) y Omeheira López Reyna (PAN).
Combate a la delincuencia organizada

Para que el titular del Ejecutivo federal instruya a los encargados de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Pública, a que destinen recursos adicionales etiquetados, derivados de los subejercicios que se tienen a la fecha, para estimular a los gobiernos municipales, en especial a los que invierten recursos propios y presentan proyectos innovadores de combate a la inseguridad y a la delincuencia organizada, se avaló un dictamen en ese sentido.

Agricultura y Ganadería

De la Comisión de Agricultura y Ganadería, se aprobaron dos dictámenes; uno para que la Sagarpa envíe un grupo de inspectores al mercado de San Bernabé, en Almoloya de Juárez, Estado de México para evaluar las condiciones con las que se trata a los animales que ahí se comercializan y emitan un dictamen técnico que permita establecer un punto de verificación e inspección zoosanitaria permanente o se clausure dicho mercado de forma definitiva.

Otro, para exhortar al Titular del Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Sagarpa, a que instrumente un programa emergente de apoyos a los productores de papa del país.

Salud

Más adelante, fueron avalados dos puntos de acuerdo de la Comisión de Salud. El primero para exhortar al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, proponga ante la Asamblea Mundial de la Salud, la adopción de un Año Mundial sin Tabaco, y para ello el lema "La Organización Social contra el Tabaco".

El segundo, a fin de solicitarle a la Secretaría de Salud instrumente programas encaminados a fortalecer la investigación sobre enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer.

Instituto Nacional de Lenguas Indígena

Para que el Ejecutivo federal establezca como sede del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas el edificio que originalmente albergó al Instituto Lingüístico de Verano, el Pleno avaló un dictamen con punto de acuerdo en ese sentido.

Transportes

También en votación económica fueron aprobados tres dictámenes con punto de acuerdo de la Comisión de Transportes. Uno exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que revise el contrato de dicha dependencia con la Constructora Codiocsa de Xalapa S.A. de C.V., respecto a la conservación periódica de la carretera Atzalán-Tlapacoyan, en Veracruz.

El segundo, pide al titular de la SCT, demande a la empresa Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V., la inmediata construcción de un acceso que libere a la ciudad de Tepic, Nayarit, del paso de sus unidades de transporte de carga por vías que atraviesan la ciudad.

Otro, solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realice un estudio de factibilidad técnico-económica sobre la aplicación de los geosintéticos en las carreteras federales.
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