Con el propósito de fomentar la información, educación, prevención, diagnóstico, vigilancia epidemiológica, atención médica e investigación de enfermedades de transmisión sexual, particularmente el VIH/Sida, se presentó una iniciativa para crear la Ley General Sobre VIH-Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

En la sesión de hoy se conoció la propuesta de la diputada Beatriz Manrique Guevara (PVEM), en la que se indica que México es el tercer país del Continente Americano con mayor número absoluto de casos de VIH/Sida y otras enfermedades de transmisión sexual, después de Estados Unidos y Brasil.

Entre 2000 y 2003 su incidencia en México se mantuvo estable, y empezó a descender en 2004; la tasa de mortalidad en adultos de 25 a 44 años inició una fase de descenso a finales de los noventa y continúa a la fecha. En las mujeres, la mortalidad se incrementó ligeramente entre 1997 y 2004, pero en los hombres se redujo 14 por ciento.

Del total de casos de VIH en México, el Distrito Federal, el Estado de México y Veracruz son las entidades con mayor número de casos acumulados, con 21 mil 287, 13 mil 59 y 10 mil 914, respectivamente.

En el caso de los niños infectados menores de 15 años se observa que el número acumulado es alto y que el tipo más frecuente de transmisión es el perinatal, con el 85 por ciento del total registrado entre 1983 y 2008.

Se considera que las ITS son un problema de salud pública en el país, pues ocupan uno de los cinco primeros lugares de demanda de consulta en atención médica y las 10 primeras causas de morbilidad en el grupo de 15 a 44 años de edad.

Apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas

Enseguida, se recibió una iniciativa firmada por diputados del PAN, para reformar el artículo 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipyme) para establecer en el presupuesto federal del sector, un porcentaje que se destine a las regiones dañadas por desastres naturales.

Plantea que se estipulen condiciones para la recuperación y desarrollo de esas empresas en zonas afectadas por desastres naturales y que se destine 10 por ciento del presupuesto federal asignado a apoyarlas.

De igual forma, diversos diputados del PAN plantearon reformas al artículo 10, fracción IV del mismo ordenamiento para fortalecer el Fondo Pyme, pues en la medida en que cuente con más recursos, atenderá mayor número de Mipyme y emprendedores.

Se propone establecer que el Presupuesto Federal destinado a ese sector no sea inferior, en términos reales, al del año fiscal anterior. “Es fundamental para crear y fortalecer los esquemas y programas que aportan soluciones al sector empresarial y que se traducen en la creación de más y mejores empleos”.

En el documento se señala que en México las Mipyme constituyen más de 99 por ciento de las empresas establecidas; generan cerca de 50 por ciento del Producto Interno Bruto y el 70 por ciento del empleo.

Ambas propuestas fueron remitidas a la Comisión de Economía. Fueron signadas por los diputados Felipe González Ruiz, Martín Malagón Ríos, Francisco Javier Paredes Rodríguez, Héctor Manuel Ramos Covarrubias, Rolando Rivero Rivero, Antonio Vega Corona y Juan Manuel Villanueva Arjona, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Contabilidad gubernamental

Asimismo se recibió la iniciativa del diputado Antonio Ortega Martínez (PRD) para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de las leyes de Fiscalización Superior de la Federación; Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

Con dichas modificaciones se da respuesta a la reforma constitucional aprobada a principios de este año y publicada el 7 de mayo para hacer eficiente la calidad, control y fiscalización del gasto público e impulsar la transparencia y la rendición de cuentas.

Se turnó a las comisiones unidas de Función Pública, de Hacienda y Crédito Público y del Distrito Federal.

Contra la tortura y abuso de autoridad

El diputado Jacinto Gómez Pasillas (NA) propuso una iniciativa que reforma los artículos 3 y 8 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, a fin de establecer medidas para prevenir y sancionar las conductas lesivas contra la dignidad de las personas.

Estipula que cualquier prueba obtenida mediante la tortura o a través de la violación a los derechos fundamentales, debe ser nula. Reconoce que en México son innumerables los abusos cometidos contra los indiciados. Se remitió a las comisiones unidas de Justicia y de Derechos humanos.

Otra iniciativa, propuesta por el mismo diputado Gómez Pasillas, busca reformar el artículo 193 del Código Federal de Procedimientos Penales a efecto de que el Ministerio Público haga el registro inmediato de una detención para evitar abusos por la autoridad.

Reformas a la Ley del ISR

Enseguida se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Sobre la Renta, suscrita por diversos diputados del PAN, a fin de considerar como no deducibles las erogaciones por concepto de previsión social cuyo pago se realice mediante la entrega de vales emitidos por empresas distintas a los patrones que otorguen la previsión social.

El documento señala que los gastos en que incurren las empresas que proveen los servicios de vales repercuten en mayores costos para las compañías que los adquieren y en una menor compensación para sus trabajadores.

La deducción de los vales otorgados por los patrones a sus trabajadores, por concepto de previsión social, permite que las comisiones cobradas al patrón por las empresas emisoras de vales sean deducidas por éstos, como costo del otorgamiento de la prestación de previsión social a sus empleados

Ley sobre el Contrato de Seguro

A la comisión de Hacienda y Crédito Público se envió la iniciativa propuesta por la diputada Patricia Castillo Romero (Convergencia), que reforma el artículo 145 de la Ley sobre el Contrato de Seguro para estipular que en el seguro contra la responsabilidad, la empresa se obliga a pagar, no sólo la indemnización, sino las incapacidades sufridas como consecuencia del siniestro, hasta por un monto de tres meses de sueldo.

Tratándose de accidentes colectivos, si la suma asegurada no resulta suficiente para cumplir con la obligación establecida, será prorrateada entre los asegurados.

Posteriormente, se levantó la sesión y ce citó para la que tendrá lugar el jueves 4 de diciembre a las 11:00 horas.
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