Con el propósito establecer la obligación de que los titulares de cuentas bancarias designen por escrito a sus beneficiarios para que, en caso de fallecimiento, reciban el importe correspondiente de la proporción estipulada para cada uno de ellos, la Comisión de Hacienda y Crédito Público analiza una minuta proyecto de decreto que reforma el artículo 56 de la Ley de Instituciones de Crédito.

En reunión de trabajo de la comisión que preside el diputado Jorge Estefan Chidiac, con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de instituciones bancarias, el legislador señaló que se busca lograr que se reparta el monto total de esa cuenta bancaria a los beneficiarios, en caso de fallecimiento del titular.

Indicó que es necesario realizar dicha reforma dado que en México mucha gente no deja testamento.

Al día de hoy los beneficiarios enfrentan un procedimiento muy largo; los bancos retienen gran parte de los recursos en tanto no se siga un juicio.

“Trataremos de que se arregle, porque es un tema que afecta el patrimonio de muchas familias, que tienen cuentas pequeñas y que ese dinero sirve, incluso, a los huérfanos para sobrevivir”, enfatizó.

A su vez, la promotora de la iniciativa en la colegisladora, senadora Amira Gómez Tueme (PRI), afirmó que la reforma tendrá gran impacto para la planeación de vida de muchas familias mexicanas.

“Busca defender el patrimonio de los mexicanos al 100 por ciento sobre sus ahorros y sus depósitos de inversión”.

Actualmente al abrir una cuenta en un banco se piensa que si, eventualmente, fallece el titular, los deudos recibirán 100 por ciento de ese dinero, máximo si se expresa en un convenio firmado con la institución.

Sin embargo, con la legislación actual no es posible, “no sin antes iniciar un juicio testamentario, si las cuentas son de más de 360 mil pesos, retienen el 25 por ciento”.

Destacó las bondades de la reforma “porque la mayoría de las familias mexicanas no tienen la cultura del testamento y yo no estaría de acuerdo en que mi dinero, el de los mexicanos, vaya a parar a un fondo –por más generoso que sea— si yo decidí que el producto del esfuerzo de toda una vida, el día que yo muera, se le entregue íntegro a mi familia o a quien yo decida”, subrayó.

Se debe proteger el patrimonio, afirmó, y encontrar un mecanismo para reglamentar este procedimiento de entrega de acuerdo a los espacios que tengamos en ley.

A su vez, el diputado Horacio Garza Garza (PRI) resaltó que ni las instituciones ni las autoridades hacendarias deben convertirse en jueces. Si alguien acredita en un testamento que tiene derecho a esos recursos, se debe respetar la última voluntad del titular; si no, los beneficiarios designados al momento de abrir la cuenta deben recibir el dinero íntegramente.

“No sólo 360 mil, ni 20 salarios; no es dinero de la banca ni de Hacienda, sino del titular de la cuenta y de los que él designe”.

En su oportunidad, Germán Saldívar, director general de Ahorro y Regulación Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, explicó que cuando los recursos de una cuenta son inferiores a 360 mil pesos, el 100 por ciento pasa a manos del beneficiario y “en caso de excedente, cualquier cantidad superior a los 360 mil pesos, hasta el 25 por ciento del total de los recursos pasa al derecho común: sucesión testamentaria o intestamentaria”.

“El espíritu de la norma fue proteger a las personas con menores recursos para no verse privadas de este patrimonio y poder acceder hasta al 100 por ciento de los recursos”, abundó.

También previó la protección de herederos que no fueron considerados por una falta de previsión del titular.

Enseguida, Eduardo Amerena, director de relaciones institucionales de Bancomer, indicó que es inexacto que el 25 por ciento de una cuenta se quede en un fondo, en el banco o en la beneficencia pública.

En caso de cifras superiores, se entrega 75 por ciento al beneficiario y 25 por ciento se destina a la sucesión testamentaria o intestamentaria, para hacer frente a los herederos legítimos y testamentarios nombrados formalmente y a los acreedores del difunto.

Participaron en la reunión los diputados Carlos Chaurand Arzate (PRI), así como los diputados del PAN, Ramón Ceja Romero y Daniel Ludlow Kuri, entre otros.

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