• Aprueba comisión reformas al artículo 73 de la Constitución
• El dictamen establece que no se trata de perseguir a opositores políticos

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, a fin de facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes generales en materia de delincuencia organizada y secuestro.

El presidente de la Comisión, Raymundo Cárdenas Hernández (PRD), argumentó que la reforma es necesaria debido a que el crimen organizado había encontrado en el recurso de amparo una vía hacia la impunidad, “por un marco jurídico inexacto”.

Los integrantes de este órgano legislativo acordaron agregar en la exposición de motivos del dictamen, la advertencia de que con estas modificaciones no se pretende criminalizar la protesta social; además de que no se afectará la autonomía de los estados.

El legislador aclaró que el dictamen pretende perfeccionar la actual normatividad, pero especificando que “éste no debe ser utilizado como instrumento persecutor de opositores políticos; por ello, se debe acotar en la exposición de motivos que por ninguna causa se permitirá se utilice como elemento antidemocrático o de persecución penal”.

A su vez, el diputado Raúl Cervantes Andrade (PRI) añadió que no se deben comparar las prácticas de secuestro o de crimen organizado en general, con protestas sociales de algunos sectores de la población; “por ello la urgencia de blindar, a través de un adendum, este tipo de prácticas, para evitar persecuciones políticas”.

Detalló que “se requiere perfeccionar el desarrollo democrático constitucional para que las entidades federativas tengan, en problemas que nos atañen a todos, los mismos criterios de tipo penal, e igual margen de sanción”.

La reforma a la fracción XXI del artículo 73 de la Carta Magna propone que el Congreso pueda expedir leyes que contribuyan a tener un marco jurídico sólido, uniforme, integral y eficiente, que permitirá un mejor desempeño y una actuación más eficaz por parte de las instituciones de procuración e impartición de justicia en el combate al crimen organizado y las prácticas del secuestro.

Plantea que es primordial la acción coordinada y decidida de todos los Poderes de la Unión, así como de las entidades federativas, por ello, las cámaras trabajarán en legislar en la materia, asumiendo con plena responsabilidad los retos que exigen la seguridad pública y la justicia en el país.

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