La Cámara de Diputados aprobó con la unanimidad de 321 votos a favor, el dictamen de la minuta enviada por el Senado de la República que modifica y adiciona la Ley Federal de Telecomunicaciones en materia de telefonía móvil, a fin de que los concesionarios de este servicio elaboren un registro de quienes adquieren chips inteligentes.

El documento refiere que ante el creciente número de denuncias de delitos por extorsión a través de la telefonía móvil, así como del robo de aparatos celulares y su utilización en secuestros, resulta urgente y necesario establecer medidas que garanticen la identificación y ubicación de los usuarios que adquieren un chip inteligente (SIM CARD) para acceder a la red de telefonía pública.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Gustavo Cárdenas Monroy (PRI), presidente de la Comisión de Comunicaciones, señaló que es importante que los concesionarios y permisionarios actúen con más orden y responsabilidad para implementar un sistema de registro de numeración por usuario, sin que ello repercuta de manera negativa en la adquisición de equipos celulares o que éstos se encarezcan.

Abundó que a pesar de las ventajas que representa disponer de un teléfono móvil como herramienta de trabajo, desafortunadamente son también utilizados como instrumento en la realización de actos delictivos como extorsiones, secuestros virtuales, ello debido a que no se encuentra regulada la venta de equipos y chips que contienen los números telefónicos.

De implementarse un control sobre la numeración de la telefonía, dijo, la gente se hará responsable del uso que se le dé a dicho número, por lo que se verá obligado a reportar ante las diversas compañías telefónicas o denunciar ante las autoridades correspondientes, el robo o extravío de su celular o chip, permitiendo dar de baja el número correspondiente y se evite con ello su mal uso.

Cárdenas Monroy mencionó que es inaplazable instrumentar la reforma de los artículos 7, 16, 44, 52, 64 y 71 de la Ley Federal de Telecomunicaciones que permita combatir los delitos derivados del mal uso de teléfonos celulares, en coadyuvancia con las autoridades competentes a partir de la conformación de una base de datos de usuarios en la modalidad de prepago como de postpago.

El dictamen hace referencia a datos del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Distrito Federal que informe que del 4 de diciembre de 2007 al 29 de febrero de 2008 se reportaron 31 mil llamadas de extorsión, tan sólo en la Ciudad de México.

De igual forma, añade, en la misma ciudad se han asegurado en los últimos meses, 5 mil 917 aparatos telefónicos, de los cuales los vendedores en la vía pública no acreditaron su propiedad.

Concluye que es necesario solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones que expidan las reglas o lineamientos que deberán observar los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones autorizadas, para prestar el servicio de telefonía móvil.

“Deben registrar en forma fehaciente datos personales que permitan la identificación y ubicación de los usuarios que adquieren chips inteligentes para acceder a la red de telefonía pública, con el objeto de inhibir el uso de este medio de comunicación en la comisión de delitos.

El dictamen aprobado en lo general y en lo particular se devolvió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

-- ooOoo --