Con unanimidad de 334 votos a favor la Cámara de Diputados aprobó el decreto que adiciona diversos artículos al Código Penal Federal para sancionar con cárcel y multa a quien haga mal uso de información clasificada en materia de seguridad, así como por la falsificación de uniformes, documentos e insignias de las fuerzas armadas y corporaciones policiales.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia, diputado César Camacho Quiroz, afirmó que se busca castigar con la mayor severidad “a quienes podríamos tratar de traidores, a gente que tuvo acceso a información policial, que portó una insignia o echó mano de un vehículo oficial y que, comprobadamente fue, o peor aún, es integrante de las fuerzas de seguridad pública”.

Durante la sesión de hoy afirmó que la creciente criminalidad y violencia obligan a todos, más allá de filiaciones partidarias, a trabajar en el reestablecimiento de la confianza ciudadana.

“Hay una crisis en todo el sistema de seguridad: policías, procuradurías, sistema judicial y penitenciario, por lo que será un extraordinario mensaje el que demos a los mexicanos que, más que argumentos, esperan resultados”.

Las reformas, vinculadas a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, permiten tipos penales mejorados o nuevos que sancionan severamente a quienes, en un ejercicio abusivo del depósito de confianza que les dio la ciudadanía como policías, agentes del ministerio público o peritos, usen esos conocimientos “ventajosos y privilegiados en perjuicio de la sociedad”.

Reconoció que el trabajo de la comisión dictaminadora “demuestra que más allá de filias, fobias y militancias partidarias estamos unidos en lo fundamental”.

Las modificaciones, abundó, constituyen un instrumento útil para policías, procuradurías y para los jueces, para que el Estado esté a la altura de la confianza que se le ha depositado.

“Es un instrumento que el Legislativo entrega a la sociedad mexicana, a las instituciones públicas para que las posiciones del Congreso vayan al terreno de lo concreto”, enfatizó.

Con estas modificaciones a los artículos 211 BIS2; 211 BIS3, 223 250 BIS y 250 BIS1 del código Penal Federal, se establece pena de prisión de cuatro a 10 años y multa de 500 a 1000 días de salario mínimo a quien, sin autorización conozca, copie o utilice información contenida en cualquier sistema de almacenamiento informático.

En caso de que el responsable sea servidor público de alguna institución de seguridad pública, se impondrá también su destitución e inhabilitación para desempeñarse en otro empleo o cargo público hasta por 10 años.

A quien falsifique uniformes, divisas, credenciales de identificación o insignias de las fuerzas armadas o cualquier otra institución de seguridad pública, se le impondrán de cinco a 12 años de prisión y hasta 500 días de multa.

Aprobado en lo general y en lo particular, se envió al Senado para los efectos constitucionales.

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