Con 335 votos a favor, 39 en contra y 13 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Juan Francisco Rivera Bedoya (PRI), al fundamentar el dictamen presentó una propuesta para modificarlo, particularmente el primer párrafo del artículo 19, relativa al Centro Nacional de Información, lo que fue avalado por la mayoría.

En sus términos, el primer párrafo del artículo 19 establecía: “El Centro Nacional de Información será el responsable de la operación del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública y tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:

I.- Establecer y administrar las bases de datos criminalísticos y de personal del Sistema en términos que señale el reglamento”.

La modificación quedó: “I.- Establecer, administrar y resguardar las bases de datos criminalísticos y de personal del Sistema en términos que señale el reglamento”.

Asimismo, el presidente de la Comisión presentó una fe de erratas al dictamen, que al ser aprobado por el Pleno se incorporó al documento final.

Fe de erratas: “transitorio, primero a noveno, por única ocasión el secretario ejecutivo emitirá la convocatoria para la integración de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal conforme a lo establecido en el artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública”.
Debe decir: “décimo, por única ocasión, el secretario ejecutivo emitirá la convocatoria para la integración de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal conforme a lo establecido en el artículo 32 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública”.

El diputado Rivera Bedoya señaló que ésta es una de las leyes más trascendentes e importantes, ya que establece el sistema de coordinación en los tres niveles de gobierno en materia de seguridad pública.

En tribuna resaltó los aspectos más importantes del nuevo ordenamiento como es la creación del Consejo Nacional de Seguridad, “que desde un inicio se reclamó que encabezara el Presidente de la República, por la importancia que tiene actualmente el tema de la seguridad pública”.

Asimismo, dijo, “se aprobó la creación de un Centro de Certificación y Evaluación de todas las policías”. En este punto, explicó el legislador, no se admitió que fuera el mismo órgano encargado de la seguridad el que hiciera la evaluación. “Se buscó que fuera un centro ajeno, para no ser juez y parte”.

En lo sucesivo, abundó, ningún policía o miembro de las fuerzas de seguridad podrá ingresar al sistema si antes no hay una adecuada evaluación y certificación.
“Para nadie es un secreto que la mayor parte de las policías están infiltradas por la delincuencia, tanto en las áreas municipales, como en las estatales y federales; es una verdadera calamidad el control que tienen las bandas delictivas. El pueblo de México ya no puede vivir con ese tipo de corporaciones, por eso, mis compañeros han asumido la responsabilidad de crear ese Centro de Certificación y Evaluación”.

Pidió a las fuerzas estatales, federales y municipales sumarse para diseñar programas y estrategias nacionales que den garantías a la sociedad y con ello retirar paulatinamente al Ejército del trabajo de policía, “que lamentablemente, la ineficiencia y la incapacidad de los cuerpos policiacos han requerido que las fuerzas armadas tengan que asumir esas responsabilidades”.
Del mismo modo, añadió, se han establecido en la ley sanciones especiales para quienes, en forma dolosa, certifiquen documentos o proporcionen información reservada que permitan la penetración de la delincuencia en las corporaciones policiacas y generen problemas dentro de los sistemas informativos.

“También se ha regulado la intervención de los estados en el sentido de que los recursos aprobados y que el año pasado duplicaron el presupuesto y en el presente se incrementó en un 40 ó 50 por ciento más, sean debidamente vigilados”.

Mencionó que se tomaron medidas para evitar que la ley sea utilizada para perseguir políticamente a las entidades, además de que se establece que tendrán derecho de audiencia los estados que de alguna manera observen un retraso o incumplan algún compromiso en materia de seguridad pública.

“Estamos de acuerdo que los estados que no hagan buen uso de los recursos sean sancionados, pero dentro de la ley”.

Concluyó que esta ley debe servir para remediar la criminalidad, que es un problema que lacera a México.

“Una ley que nos permita sacar ese cáncer de las corporaciones policiales, al grupo de delincuentes que están incrustados en las policías municipales, de los estados y de la federación. Vamos a acabar con ese lastre y contribuir como Poder Legislativo, a tener una seguridad digna, la seguridad que merecen nuestras familias y todos los mexicanos”.

Posicionamientos

Al hacer uso de la palabra para fijar posicionamientos, el diputado de Acción Nacional, Edgar Armando Olvera Higuera, indicó que hoy más que nunca, la sociedad reclama una coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

“Esta ley busca contar con una coordinación más amplia de los programas, planes y operativos por parte de los cuerpos de seguridad pública a través de los informes homologados, de los criterios de capacitación y de reclutamiento de policías. Con ésta, podremos saber quién ingresa a nuestros cuerpos de seguridad pública”.

Con esta Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dotaremos de armas jurídicas a nuestros elementos de seguridad pública.

Los equiparemos con certeza jurídica, para que en el ejercicio de su deber puedan contar con el respaldo del Estado mexicano y a la vez los ciudadanos estaremos plenamente informados de los límites del uso de la fuerza pública.

Andrés Lozano Lozano (PRD) mencionó que su fracción ha estado en la mejor disposición porque se apruebe la ley. “No podemos tener intereses políticos ni partidistas en materia de seguridad pública. La reforma que fue publicada el 18 de junio de este año al artículo 21 constitucional, nos obligaba a entrar a esta nueva regulación”.

No obstante, añadió, es importante señalar que el actual Sistema Nacional de Seguridad Pública está en crisis, porque no existe una coordinación entre la federación, los estados y los municipios. No hay la confianza para que los estados integren una sola base de datos criminalísticos, policíacos ni de armamento.

Resaltó que es importante respetar todos los principios que se consagraron en la reforma. Legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, que es lo que requiere un nuevo orden policiaco.

“El dictamen que hoy se discute, sin duda recoge planteamientos presentados por nuestro grupo parlamentario. Concebimos a este sistema como un sistema horizontal entre los tres Poderes de la Unión y vertical entre los tres órdenes de gobierno; que garantice los acuerdos tomados en el consejo, pero que a la vez también respete el pacto federal”.

A su vez, el diputado Gerardo Vargas Landeros (PRI) reconoció que la seguridad pública es, sin duda alguna, la principal exigencia de la sociedad. “Nadie puede negar que el responsable directo e inmediato de brindar las condiciones adecuadas de seguridad es el Estado en sus tres ámbitos de gobierno”.
Celebró los consensos logrados para que el titular del Ejecutivo federal sea quien presida el Consejo Nacional de Seguridad Pública, así como el hecho de que los recursos que le corresponden a los gobiernos de los estados, no sean repartidos de manera discrecional y dejen de ser un instrumento político.

“Con esta nueva ley, serán los gobernadores, los presidentes municipales, los académicos y la sociedad civil, quienes tomen las decisiones y vigilen su cabal cumplimiento”.
Por primera vez en nuestro país, la responsabilidad de combatir la inseguridad pública, por disposición de ley, es de todos los actores públicos y sociales. “Es importante destacar que el Consejo Nacional funcionará como un órgano colegiado y plural en su integración, la nueva ley facilita su funcionamiento al formalizar los mecanismos para la discusión de los asuntos al ordenar su funcionamiento en Pleno o en comisiones”.

La legisladora Marina Arvizu Rivas, de Alternativa, manifestó la abstención de su grupo parlamentario en la votación del dictamen, tras señalar que esta Ley General del Sistema Nacional de Seguridad es débil y de resultados inciertos. Mientras no tengamos el paquete completo y estemos seguros en qué dirección vamos, nos parece que sólo estamos entreteniendo a una opinión pública que presiona, y con razón.

En los peores 10 años de lucha contra la mafia en Italia murieron, en ajuste de cuentas, mil personas. En el último año de este gobierno han muerto más de 4 mil personas, sólo en un año en México han muerto cuatro veces más personas que en 10 años en Italia, en su lucha contra la famosa mafia siciliana, dijo.

En tanto, el diputado Manuel Cárdenas Fonseca (Nueva Alianza) dijo que el voto de su grupo parlamentario sería a favor del dictamen, no obstante, cuestionó parte del contenido del mismo, principalmente por la forma en que se integra el Consejo Nacional de Seguridad Pública, ya que, dijo, “desvirtúa lo que estamos buscando”.
“Hay excesos como incorporar a las Fuerzas Armadas. Algo que la Constitución no prevé, ahora lo están queriendo validar en una ley reglamentaria que será observada por todos los organismos internacionales”.

Concluyó que la iniciativa contiene puntos que obedecen a cortesías perversas entre actores, y no piensan en instituciones. “Nuevamente se ve la vista corta, en exceso, de quienes fuera del recinto deciden los textos para venir a imponerlos con la mayoría de los votos”.
A nombre del PVEM, el diputado Manuel Salvador Salgado Amador, celebró los consensos de los diversos partidos políticos representados en esta Cámara para lograr reformas trascendentales, al tiempo que reconoció que el mayor reto que afrenta al Estado se encuentra en la inseguridad que se vive.

“La violencia en el país ha llegado a niveles críticos. Durante el presente año se han registrado más de cinco mil muertes relacionadas con el crimen organizado; entre las víctimas están narcotraficantes, agentes federales y civiles. De hecho en los 10 primeros meses del año hubo un incremento cercano al 10 por ciento en la comisión de delitos del fuero común”, refirió.

La diputada Layda Sansores San Román (Convergencia) manifestó el voto en contra del dictamen por parte de su grupo parlamentario y lamentó la exclusión de algunos diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Pública durante la discusión del documento.

Añadió que el dictamen se reduce a juegos pirotécnicos para encubrir los magros resultados y la falta de voluntad para combatir a fondo el problema de la inseguridad. “Lo que está en juego en esta ley es la rebatinga de los fondos federales entre presidentes municipales y gobiernos estatales bajo el escudo de sus partidos, y lo que les detuvo en las discusiones”.

También participaron, en contra del dictamen, el diputado José Manuel del Río Virgen (Convergencia), y en pro, los diputados: Patricia Villanueva Abraján (PRI); David Mendoza Arellano y Javier Santos Arreola (PRD), así como María de los Ángeles Jiménez del Castillo (PAN).
Reservas para votación en lo particular

Previo a la discusión se reservaron los artículos 12 y su fracción IX; 14, fracción VII; 19, fracción I; 150 y 152 para su discusión en lo particular.

En este tenor, únicamente se aprobaron las modificaciones al artículo 12 fracción IX y 14 fracción VII, con 318 votos en pro, 28 en contra y 4 abstenciones.

La primera modificación, propuesta por el diputado José de Jesús Reyna García (PRI), elimina la fracción IX del artículo 12 con lo que se evita que participe algún representante de las Cámaras del Congreso de la Unión en el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

El legislador aclaró que eso no impedirá que en un momento dado, cuando así se crea conveniente, representantes de las Cámaras puedan acudir como invitados a la sesiones del Consejo.
También se aprobó la modificación al artículo 14 fracción VII, propuesta por el diputado Javier Guerrero García (PRI), para que el Consejo Nacional de Seguridad Pública vigile que, en los criterios para la distribución de recursos de los fondos de aportaciones federales para la seguridad pública de los estados y del Distrito Federal, se observen las disposiciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal.

“En sus términos, el dictamen contravenía una serie de disposiciones y facultades establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal”, dijo.

El decreto de ley aprobado tiene por objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, desarrollar su integración y funcionamiento, y establecer las bases de coordinación entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios.

Destaca que el Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, así como programas y acciones para fomentar valores culturales y cívicos que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas.

En cuanto a la organización del Sistema Nacional de Seguridad Pública se integrará por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, las Conferencias Nacionales de Procuración de Justicia, de Secretarios de Seguridad Pública o sus equivalentes, Sistema Penitenciario, los Consejos locales e instancias regionales, y el secretariado Ejecutivo del Sistema.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública será presidido por el titular del Ejecutivo Federal y entre sus atribuciones se encuentra determinar los criterios para la distribución de recursos de los fondos de aportaciones federales para la seguridad pública de los estados y del Distrito Federal y vigilar que se observen en los términos de las disposiciones que resulten aplicables.

Detalla que la cancelación de la ministración de los recursos federales supone la pérdida de los mismos, por lo que no tendrán carácter de recuperables o acumulables y deberán permanecer en la Tesorería de la Federación para los efectos legales correspondientes.

El dictamen precisa que el Secretariado Ejecutivo será el órgano operativo del Sistema y gozará de autonomía técnica, de gestión y presupuestal. Contará con los Centros Nacional de Información, de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, y de Certificación y Acreditación.

Se conforma también el Sistema Nacional de Acreditación y Control de Confianza, con las instancias, órganos, instrumentos, políticas, acciones y servicios previstos en la ley, tendientes a cumplir los fines de la evaluación y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública y procesos de selección de aspirantes.

Crea también el Sistema Único de Información Criminal, mismo que se integrará con una base nacional de datos de consulta obligatoria en las actividades de seguridad pública, sobre personas indiciadas, procesadas o sentenciadas, donde se incluyan su perfil criminológico, medios de identificación, recursos y modos de operación.
La ley incorpora la figura del quórum para obligar a los miembros del Consejo Nacional a llevar sus reuniones con la mitad más uno de sus integrantes y, en consecuencia, a tomar sus acuerdos por la mayoría de los presentes, lo que garantiza una total transparencia en la toma de decisiones en materia de recursos, políticas e información de seguridad pública.
Se incluye la participación de los expertos de instituciones académicas y de la sociedad civil, además de que se incorpora un nuevo apartado que fija las obligaciones y sanciones de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, con el fin de generar parámetros de conducta moral y jurídica en el comportamiento de los servidores públicos.

Aprobado en lo general y en lo particular, el dictamen se envió al Senado de la República para su trámite constitucional.

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