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Boletín N°. 3454 Están pendientes en Comisión Jurisdiccional 30 solicitudes de juicio político: diputada Arely Madrid (Favor de utilizar de sábado para domingo)

• Son contra gobernadores, ministros, magistrados; no todas son procedentes, aclaró

La Comisión Jurisdiccional, que preside la diputada Arely Madrid Tovilla, tiene más de 30 expedientes de juicio político contra diversos funcionarios, los cuales serán desahogados en lo que resta de la legislatura.

Así lo afirmó la legisladora del PRI durante la presentación del libro El Juicio Político en México, donde agregó que hay solicitudes contra gobernadores, jefe de gobierno, ministros y magistrados. “No todos son procedentes, pero se tienen que resolver”.

Además, hay entre cinco y seis solicitudes que ya concluyeron, por los tiempos.

En el Palacio Legislativo de San Lázaro afirmó que es necesario normar la conducta de quienes participan en el servicio público para que su ejercicio sea eficaz y transparente.

Señaló que ese texto abre diversas interrogantes que deben ser analizadas, como la propuesta de ampliar el catálogo de funcionarios sujetos a responsabilidad política.

En su oportunidad, la autora de la publicación, Maribel Martínez, señaló que las sanciones a funcionarios y políticos deben ir más allá de un castigo administrativo.

“En México, con los altos índices de corrupción, donde la impunidad se ha vuelto una constante y se acompaña por un cinismo institucional, no existen responsabilidades políticas claras; a lo más que se llega es a las contralorías para sancionar administrativamente a los funcionarios, como si el dinero fuera la única responsabilidad que pudieran enfrentar”, afirmó.

Agregó que las sanciones administrativas no pueden ser la respuesta a la ciudadanía; es como si fuera una “mordida” institucionalizada y las responsabilidades políticas y penales no pueden sustituirse por una multa económica.

También propuso ampliar el catálogo de funcionarios sujetos a juicio político y que se incluya a los dirigentes de los partidos políticos.

“Si bien no son funcionarios en el estricto sentido de la palabra, sí son responsables de instituciones democráticas, son instituciones de interés social, se financian prácticamente al 100 por ciento con recursos públicos y ahí se toman decisiones políticas fundamentales”.

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