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Boletín N°. 3468 Rechazó la plenaria un acuerdo de la Jucopo para realizar foros sobre delitos graves y pena de muerte

El Pleno Camaral rechazó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que proponía realizar foros para analizar el catálogo de delitos graves, el incremento de penas y la pertinencia de incorporar la pena de muerte como medida para combatir la delincuencia.

Al discutir la propuesta, la diputada Verónica Velasco Rodríguez (PVEM) señaló que actualmente el país vive un momento de crisis en materia de seguridad, y la población reclama acciones firmes y decididas para enfrentarla, “no podemos ignorar que un importante sector de ella se ha pronunciado a favor de la instauración de la pena de muerte”.

Consideramos, dijo, que este debate contribuirá de manera definitiva a dar claridad sobre la aplicación de la pena de muerte como medida punitiva a secuestradores que privan de la vida a sus víctimas o que las mutilan y, con ello, garantizar las transformaciones que en materia de seguridad se demanda.

La construcción del México moderno, enfatizó, exige la participación decidida de la sociedad al reconocer que no basta que las decisiones se tomen dentro del viejo concepto de la democracia representativa, “los mexicanos también pueden opinar y participar en la adopción de las medidas fundamentales para garantizar el bien común”.

Del PAN, Juan José Rodríguez Prats expresó que su partido dará su voto a favor de los foros, aunque añadió que se está sobreestimando a los órganos de representación, al derecho y lo más grave “estamos saliéndonos de lo que ya hemos firmado en tratados internacionales”.

El problema, enfatizó, está en la deficiencia del Poder Judicial y en la de todo el aparato de la Administración de Justicia que también implica órganos del Poder Ejecutivo. “¿A quién vamos a condenar de la pena de muerte, si apenas llega el uno por ciento, dos o tres de los implicados de delito ante el juez?”

Esto, añadió, parece una aberración y un absurdo, tenemos primero que mejorar la administración de justicia y su aparato de investigación; por otra parte, el Poder Judicial no se ha caracterizado por sentencias bien sustentadas, por lo tanto correríamos un grave riesgo de sentenciar a gente inocente.

Valentina Batres Guadarrama (PRD) indicó que su partido está de acuerdo con los foros, pero con el matiz de que el tema no deba estar enfocado sólo a las penas de muerte, sino que se amplíe a la seguridad pública con el objeto de tomar las medidas legislativas necesarias.

Se está lucrando, enfatizó, con el asunto de la pena de muerte, con el dolor de las familias, de las víctimas de secuestro, por lo que, dijo, “me parece que al tenor del próximo año electoral es muy lamentable que ni siquiera el tema de fondo les interese”.

Debemos, dijo, discutir la repercusión de la crisis económica en el país y qué tan vulnerable vuelve a la sociedad, pues más de 60 millones de mexicanos viven en pobreza y otros 20 en extrema pobreza, “por qué no le entramos a debatir estos temas en lugar de que se agarre un tema que servirá para posicionarse en la campaña”.

El diputado Yerico Abramo Masso (PRI) precisó que con esta propuesta se abre la posibilidad de debatir un tema que demanda la sociedad, y en donde se encuentra la obligación, como constituyente, de debatir de forma seria y responsable.

“La delincuencia hoy está pasando por niveles nunca antes vistos y vemos cómo familias enteras han perdido su tranquilidad, a un miembro de su familia, y desgraciadamente no hay ley que pueda detener a esos malhechores”.

Por Convergencia, José Manuel del Río Virgen puntualizó que se tiene que crear un nuevo sistema de seguridad y de justicia, reformar a las policías corruptas y al Ministerio Público, y que no siga pasando lo que hoy sucede “que sean éstos quienes creen el escenario y luego repercuta en la sociedad; transformemos al sistema, urge que eso ocurra”.

A su vez, el diputado Joaquín Humberto Vela González (PT) expresó que la sociedad mexicana está inquieta por el clima de inseguridad y el desarrollo de la delincuencia organizada, por lo que con los foros se podría tener un panorama “de por que se tiene ese clima de inseguridad que a todos preocupa y conocer las causas que han llevado a ese clima”.

El diputado Jacinto Gómez Pasillas (Nueva Alianza) dijo que su fracción se muestra a favor del debate, pero no de la pena de muerte como una penalidad que resuelva los problemas que vive actualmente el país de inseguridad, alta incidencia de crimen y homicidios.

La diputada Aída Marina Arvizu Rivas precisó que en Alternativa se está en contra de la pena de muerte, pero a favor del debate. “Yo no estoy de acuerdo con que se debata solamente el tema de la pena de muerte, abramos el debate, que sea plural, discutamos las estrategias con las cuales se va a combatir la inseguridad pública”.

Asimismo, participaron los diputados del PAN, José Luis Espinosa Piña y Ángel Humberto García Reyes; del PRD, Javier Hernández Manzanares, Gerardo Villanueva Albarrán y Claudia Lilia Cruz Santiago; Por el PRI, José Murat Casab, Alberto Amador Leal y Eduardo Sánchez Hernández, y del PVEM, Antonio Xavier López Adame y Carlos Alberto Puente Salas.

La propuesta de la diputada Gloria Lavara Mejía (PVEM) señala que diversas encuestas ciudadanas demuestran que los mexicanos están a favor de incrementar las penas como medida para inhibir la comisión de delitos, inclusive, algunas de ellas, evidencian el alto índice de aprobación que la pena de muerte tiene.

Refiere que en la encuesta "Attitudes to the Death Penaltiy" (2007), elaborada por la empresa IPSO MORI, se detectó que 60 por ciento de los mexicanos encuestados consideraron que si la pena de muerte fuera instaurada, el número de asesinatos se reduciría y el 46 por ciento considera la pena de muerte un castigo apropiado para los homicidas.

El pasado 20 de agosto, añade, se presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política con la finalidad de reinstaurar la aplicación de la pena de muerte, sólo a los responsables de la comisión del delito de secuestro, cuando sea cometido por servidores o ex servidores públicos de las corporaciones de seguridad pública, Ejército, Marina, y Ministerios Públicos Federales y se mutile a la víctima durante el cautiverio.

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