El diputado Marcos Matías Alonso, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, solicitó que se dictamine la iniciativa para reconocer la personalidad jurídica de los pueblos y comunidades indígenas y sean considerados como sujetos de derecho público.

Lo anterior, al presentar ante el pleno de la Cámara de Diputados las conclusiones del Parlamento Indígena de América (PIA), realizado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en donde los países participantes informaron sobre sus avances en la materia, así como las limitaciones que han obstaculizado sus aspiraciones.

Matías Alonso hizo votos porque las fuerzas políticas del Congreso “desempolven la iniciativa que tienen a su consideración, pues México no debe quedar rezagado en el reconocimiento constitucional de los derechos indígenas”.

Afirmó que el trabajo de esta LX Legislatura será incompleto e inconcluso si no se da un cauce parlamentario a la demanda de los pueblos indígenas de México.

Ante legisladores de Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Guatemala, integrantes del Parlamento Indígena, que es presidido por Isabel Ortega, el diputado mexicano afirmó que en México y América Latina hay avances considerables en el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas.

“Sin embargo, la dinámica cambiante del mundo indígena, la adopción de nuevos instrumentos jurídicos internacionales nos obligan a hacer ajustes Constitucionales para responder a la emergencia de la demanda de los pueblos indígenas”.

Uno de estos instrumentos, sostuvo, es la Declaración de las Naciones de los Pueblos Indígenas, adoptada el 13 de septiembre de 2007 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

Informó que los integrantes del PIA expresaron su beneplácito al Gobierno de la República de Bolivia por adoptar los 46 artículos de la declaración y reconocerlos como Ley de la República en su legislación nacional.

Uno de los principales retos del Poder Legislativo en la mayoría de los países de la región –dijo— es la armonización de las leyes nacionales con la normatividad jurídica de la declaración y el convenio 69 de la Organización Internacional del Trabajo, lo cual “también representa un desafío para el movimiento indígena continental”.

Indicó que en Colombia la movilización indígena ha colocado como parte de su agenda nacional, el exigir a los poderes del Estado, la adopción de la declaración; “se convierte en un faro de luz para crear escenarios de diálogo y negociación de acuerdos entre el Estado y los pueblos indígenas”.

Señaló que América vive experiencias insólitas en la creación de nuevas constituciones o repúblicas que aspiran a garantizar la inclusión de segmentos de la sociedad que históricamente han sido excluidos.

México, por su parte, dijo, compartió a los parlamentarios los esfuerzos realizados en esta Legislatura para consagrar los derechos inconclusos de los pueblos. “Les hemos informado los esfuerzos en el marco de la Ley para la Reforma del Estado, las diversas propuestas que pusimos a consideración para los cambios constitucionales”.

Posteriormente, la asamblea guardó un minuto de silencio en memoria de Othón Salazar, quien falleció el pasado 4 de diciembre. Fue diputado por Guerrero en dos ocasiones; dirigente magisterial, candidato a gobernador de su estado y primer alcalde de izquierda, en el municipio de Alcozauca, en aquella entidad.

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