• La dispersión jurídica sólo ha beneficiado a los secuestradores: diputado César Camacho
• Se expedirá una Ley General en la materia

La Cámara de Diputados aprobó con 351 votos a favor y dos en contra, el dictamen que reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política, por el que se establece la facultad del Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de secuestro, que fije, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios.

El dictamen de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Justicia precisa que la facultad del Congreso a expedir leyes de este tipo contribuirá a contar con un marco jurídico sólido, uniforme, integral y eficiente, que permitirá un mejor desempeño y una actuación más eficaz por parte de las instituciones de procuración e impartición de justicia.

Se menciona que es primordial la acción coordinada y decidida de todos los Poderes de la Unión, así como de las entidades federativas; por ello, el Poder Legislativo contribuirá a legislar en la materia, asumiendo con plena responsabilidad los retos que exigen la seguridad pública y la justicia en el país.

Al fundamentar, el presidente de la Comisión de Justicia, diputado César Camacho Quiroz (PRI), dijo que el delito del secuestro se ha convertido en uno de los flagelos que más ha pegado a la estabilidad, la paz y convivencia, y en donde “la dispersión jurídica lamentablemente ha generado una ineficacia policiaca y eventualmente judicial”.

Por eso, expresó, se ha pensado que los tres ámbitos de gobierno, en una relación armónica, puedan generar sinergia, no sólo normativa sino operativa y dar mejores resultados. “Esta dispersión generada por la existencia de 33 tipos penales y variedad de las sanciones, ha generado ventajas solo para los secuestradores”.

El reto, añadió, es articular, y esto representa dotar de plasticidad y dinamismo al cuerpo social, y constituir puntos de unión, generar movimientos y desarrollar capacidades. “La reforma constitucional, une, dinamiza y mejora la colaboración entre gobiernos frente a los secuestradores y es evidentemente una respuesta a una demanda social inaplazable”.

El Congreso, enfatizó, tiene que demostrar con menos retórica y con más hechos que es él quien se pone en la sintonía de la ciudadanía y que atiende lo que bien se puede calificar como el asunto número uno de la agenda ciudadana, y además se honran los compromisos adquiridos por el Legislativo en Palacio Nacional.

Camacho Quiroz, a nombre de las comisiones, presentó una supresión respecto de la original redacción del dictamen quedando la reforma: “…. Expedir una ley general en materia de secuestro, que establezca, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios”.

La diputada Lariza Montiel Luis (PAN) dijo que la reforma constitucional hará posible que el Congreso pueda emitir una ley en materia antisecuestro que responde a su compromiso asumido en el Acuerdo Nacional por la Seguridad y la Legalidad, y fije las bases que establezcan la competencia entre los estados y la federación en la legislación de dichos delitos, así como en su atención.

Esta Ley General, puntualizó, hará posible establecer tipos penales comunes en todas las entidades federativas, de tal manera que exista articulación entre los encargados de velar por la tranquilidad de las familias, pero también que exista igualdad en el tratamiento que se otorgue a cada una de dichas conductas.

Se pronunció por una coordinación entre los diversos órdenes de gobierno para hacer frente a una situación que aqueja a la sociedad, pues dijo que “el peor error habría sido cerrar los ojos a esta realidad; recordemos que esta reforma responde a una demanda social”.

En su intervención, Aleida Alavez Ruiz (PRD) mencionó que la solución al problema del secuestro y de la delincuencia organizada no se encuentra en la forma de su tipo penal, sino en los hechos que hacen las autoridades para prevenir, disminuir y erradicar estos ilícitos. “La mejor manera de combatir el delito es una adecuada prevención que ataque las causas que originan la delincuencia y no más cárceles o más tipos penales”.

La reforma, abundó, constituye un acto para avanzar hacia la armonización legislativa en materia de secuestro y delincuencia organizada. “Resulta trascendental facultar al Congreso para expedir leyes que le permitan distribuir las competencias y disposiciones relativas a la prevención, investigación, persecución y sanción de estos delitos”.

El PRD, resaltó, quiere dejar en claro que el voto a favor del dictamen, se da en el marco de la inclusión de un "adendum", respecto a dos aspectos fundamentales: el respeto al pacto federal y la exclusión de los luchadores sociales del marco de las leyes generales de secuestro y delincuencia organizada.

Por el PRI, Jorge Mario Lescieur Talavera mencionó que en los últimos años el secuestro es una de las conductas delictivas que más lastiman a la sociedad mexicana, toda vez que sus consecuencias dejan profundas huellas en los familiares que lo sufren, no sólo por el detrimento económico sino por las secuelas físicas y psicológicas.

En la lucha contra la delincuencia el Gobierno nunca debe estar solo, añadió, y que los poderes federal y locales deben realizar sus atribuciones y en este marco, se propone la facultad del Congreso para expedir una Ley general que contenga las bases y normas mínimas para combatir el delito del secuestro.

Resaltó que es de vital importancia que el Congreso de la Unión tenga esa facultad, puesto que podrá dictar los ejes rectores para combatir coordinadamente esa figura delictiva. “Homologuemos el tipo penal y sus sanciones; establezcamos la atribución de competencias y señalemos las formas de coordinación”.

La diputada Patricia Castillo Romero (Convergencia) puntualizó que la reforma obedece a la necesidad de reconocer que el Estado tiene que ser provisto de mayores y mejores instrumentos para el combate a la delincuencia y el secuestro. “Hoy damos un paso muy importante”.

México, añadió, es un país de víctimas del delito y de la impunidad, “hoy sabemos que sólo se denuncia el 33 por ciento de los delitos cometidos y que hay una terrible ineficiencia del procedimiento administrativo”.

Del PT, Rubén Aguilar Jiménez expresó que el delito del secuestro tipifica una de las más perversas conductas que atenta contra el bien jurídico de la libertad. “Hoy en día estas bandas actúan con una gran ventaja que les sirve para chantajear a las familias si no pagan el rescate”.

Para cumplir con el compromiso del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, se hace necesario, dijo, reformar este artículo debido a que existe el compromiso para expedir una Ley General del delito del secuestro.

El diputado Jacinto Gómez Pasillas (Nueva Alianza) destacó que el delito de secuestro no sólo atenta contra la vida, la libertad y la dignidad de la víctima, sino que destruye y lastima a familias, crea incertidumbre y rompe la cohesión social. “Hoy el secuestro constituye uno de los peores males que afectan a la sociedad”.

Con la presente reforma, añadió, se busca fortalecer la deficiente estructura jurídica que existe para hacerle frente a este crimen. “Es un gran avance en términos legales para abatirlos, es una reforma de fondo que modifica la Constitución para expedir una ley para prevenir y sancionar el secuestro que no sólo contempla el tema de la pena, sino robustece toda la cadena judicial, desde la policía preventiva hasta el sistema penitenciario”.

El dictamen precisa en el artículo segundo transitorio que las legislaciones en materia de delincuencia organizada y de secuestro de las entidades federativas continuarán en vigor hasta en tanto el Congreso de la Unión ejerza las facultades conferidas en el artículo 73, fracción XXI, de esta Constitución.

Añade que los procesos penales iniciados con fundamento en dichas legislaciones, así como las sentencias emitidas con base en las mismas, no serán afectados por la entrada en vigor de la legislación general. Por lo tanto, deberán concluirse y ejecutarse, respectivamente, conforme a las disposiciones vigentes antes de la entrada en vigor.

Lo aprobado en lo general y particular se mandó al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

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