El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 281 votos el dictamen que modifica la Ley de Asociaciones Agrícolas, cuyo objetivo es impulsar la participación de las mujeres en el desarrollo económico rural a través de la organización de cadenas productivas y comercializadoras de cultivos agrícolas.

Al fundamentar el dictamen, la diputada Lizbeth Medina Rodríguez (PAN), secretaria de la Comisión de Reforma Agraria, refirió que los cambios a los artículos 3º, 5º y 12º, prevén que las asociaciones agrícolas locales, que son organizaciones básicas de estas cadenas productivas, además de estar integradas por productores especializados, puedan constituirse por mujeres productoras.

Además, para que las uniones regionales acrediten ante la Confederación Nacional de Productores Agrícolas la participación de mujeres en los cargos de delegadas propietarias y suplentes para que se encuentren representadas.

De acuerdo con el documento, cifras del último conteo oficial señalan que existen en el país más de 103 millones de personas, de las que el 29 por ciento es considerada población rural, y en este sector se sitúa la mayor parte de mexicanos en pobreza alimentaria.

Añade que uno de los sujetos agrarios y rurales sobre los que se ha acentuado el efecto de la pobreza, la marginación y la falta de oportunidades de acceso a mejores niveles de vida, en el medio rural, son las mujeres. “Y precisamente la mujer campesina lleva el papel de jefa de familia rural y sufre cotidianamente las formas de desigualdad o discriminación de derechos establecidos en la ley”.

Destaca que según cifras del IX Censo Ejidal, 13 millones de mujeres, la mayoría pobres, viven en el medio rural; de éstas, 833 mil 805 son ejidatarias o comuneras, 331 mil 570, posesionarias y 282 mil, propietarias privadas.

Por otra parte, agrega que sólo el 18 por ciento de las mujeres son titulares de tierras; mientras que del 30 por ciento de los hogares campesinos, las mujeres son el único sostén de la familia, y en otro 30 por ciento contribuyen a su sostenimiento.

No obstante lo anterior, y aunque en los últimos tiempos tanto en la Constitución federal como en la legislación secundaria y, sobre todo, en la legislación internacional se ha venido reconociendo la igualdad de las mujeres frente a los varones, en la práctica, en las políticas públicas, en los presupuestos para los programas y en las actividades cotidianas organizativo-productivas se siguen presentando diversas y variadas formas de discriminación hacia ellas.

El dictamen refiere que para acceder a sus derechos plenos, las mujeres del campo requieren organizarse, ya sea para proponer normas que las beneficien; diseñar, gestionar e instaurar proyectos productivos y recursos necesarios para su implantación.

“En general, para acceder al desarrollo, las mujeres rurales necesitan la protección de la ley en igualdad de oportunidades en el aspecto organizativo”.

Por ello, concluye, es necesario que el Congreso de la Unión asuma con mayor conciencia y compromiso la situación de las mujeres rurales y, consecuentemente, emita disposiciones legales que contribuyan a la igualdad de sus derechos.

El dictamen fue enviado al Senado para sus efectos constitucionales.

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