• La justicia está recuperando alcance: César Camacho Quiroz

La Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la minuta que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los Códigos Federal de Procedimientos Penales y Penal Federal, de las Leyes Federal Contra la Delincuencia Organizada, que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, de la Policía Federal Preventiva, la Orgánica de la Procuraduría General de la República, Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Con estas reformas, avaladas por 314 votos en pro, cuatro en contra y cero abstenciones, se redefinen las facultades de la policía, se amplían los alcances legales del Ministerio Público (MP) y se homologan sanciones y responsabilidades de los funcionarios.

Además, se busca fortalecer la formación policial y disminuir los recursos de la delincuencia, a través de los no derechos de los delincuentes sobre bienes, a fin de que éstos se apliquen a favor del Estado.

Al fundamentar el dictamen, el diputado César Camacho Quiroz, presidente de la Comisión de Justicia, indicó que con este paquete de reformas, denominado Miscelánea Penal, se evita el atropello de derechos, se trata con generosidad a las víctimas y con la severidad necesaria a los victimarios.

“La justicia está recuperando densidad, cauce y alcance y podemos decir que las instituciones y las leyes que le dan sustento están del lado de la gente”, subrayó.

Reconoció que el Estado mexicano está en deuda con la sociedad y no ha podido satisfacer su demanda fundada de seguridad y justicia.

Con estas modificaciones, dijo, se demuestra que 2008 fue un año de productividad legislativa en materia de seguridad y justicia penal, aunque “no lo suficiente como quisiéramos y menos de lo que justificadamente demanda la sociedad”.

Destacó que a partir de estas disposiciones, las policías deberán registrar toda detención que realicen para proteger los derechos de los imputados; los agentes del Ministerio Público podrán solicitar por cualquier medio, incluso verbal, una orden de cateo para agilizar las investigaciones y evitar la pérdida de indicios.

Además, la autoridad judicial podrá autorizar el arraigo a petición del MP, cuando sea necesario para la investigación, a fin de proteger a las personas o evitar la fuga del indiciado.

Se perfecciona la medida jurídica que tiene que ver con la presentación de una grabación telefónica, como evidencia, en la que quien interviene presenta dicha evidencia ante el juez.

Se ajusta la normatividad para evitar los abusos de la “flagrancia equiparable”, que permite detener gente hasta después de 48 y 72 horas, “eso ya no es flagrancia, ahora la policía podrá detener instantes después de la comisión del delito”.

En materia de delincuencia organizada, Camacho Quiroz explicó que se podrán aplicar medidas especiales de seguridad para internos acusados de delincuencia organizada en centros especiales para su reclusión y evitar que sigan delinquiendo desde la prisión.

Para fijar el posicionamiento del PAN, la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros manifestó su voto a favor del dictamen, pues actualiza el entramado jurídico en materia penal, fortalece a las instituciones y les otorga mayores herramientas para combatir e investigar determinados delitos sobre la base de reglas claras y precisas.

“Es imprescindible para los legisladores de Acción Nacional construir nuevas directrices capaces de garantizar un Estado de paz”, enfatizó.

No obstante, aclaró: “las reformas que hoy proponemos no son motivo de celebración, el día de hoy los diputados federales sólo estamos cumpliendo con una promesa que todos y cada uno de nosotros hemos hecho a las mexicanas y mexicanos, pero sobre todo, con una obligación inexcusable que tenemos de legislar en beneficio de la seguridad de todos”.

“Este es un paso más en esta lucha, un paso que fortalece a las instituciones en materia de seguridad pública y que las obliga a mantener su actuación dentro de la ley; beneficia a la gran mayoría de mexicanos, porque somos un ejército de 106 millones que queremos un México seguro”.

A su vez, la diputada del PRD, Claudia Lilia Cruz Santiago, manifestó el voto de su grupo parlamentario a favor del dictamen ya que “ha sido nuestro objetivo desde el principio de la Legislatura remediar el total olvido al que las leyes penales han condenado a las víctimas y ofendidos del delito”.

Señaló que a partir de estas reformas las víctimas y ofendidos del delito tendrán una posición de equilibrio frente a la defensa de los inculpados, debido a que se establecen nuevos derechos durante la averiguación previa y el proceso penal”.

Además, se otorga protección policial a las víctimas, ofendidos y testigos que intervengan en un proceso penal, cuando se ponga en peligro su vida o integridad corporal por su participación en procesos penales.

Asimismo, se resguarda su identidad y otros datos personales cuando se trate de violación, secuestro o delincuencia organizada y, en otros casos, cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, “salvaguardando los derechos de la defensa”.

Destacó que la víctima podrá solicitar a la autoridad judicial, por medio del MP, que el imputado sea separado del domicilio de la víctima como una medida cautelar cuando se trate de delitos que pongan en peligro la integridad física o mental de mujeres y niños, así como cuando la víctima conviva con el imputado.

En su oportunidad, el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda (PRI) indicó que esta miscelánea penal da certeza jurídica a los procedimientos, genera confianza a los ciudadanos, acota la actuación de las policías y fortalece al MP.

Con ellas podremos dar solución a los conflictos en un momento en que la sociedad está viviendo dramáticamente momentos de violencia, olas de criminalidad “y que los legisladores, en el marco de nuestra responsabilidad, tenemos que atacar y evitar”.

“Hagámoslo por la tranquilidad y la seguridad de las familias de México, pongamos al derecho penal mexicano a la vanguardia de los demás países del mundo”, subrayó.

Explicó que es indispensable permitir que las autoridades encargadas de la seguridad pública y quienes imparten justicia tengan una actuación más eficaz, coordinada y decidida en el combate a la delincuencia, en un marco pleno de respeto a los derechos y que las partes que intervienen en un procedimiento penal tengan certeza jurídica absoluta.

Al fijar el posicionamiento de Convergencia, el diputado José Manuel del Río Virgen manifestó su voto en contra, ya que se requiere un proyecto integral de reformas de defensa social en que abarque todos los cambios estructurales para enfrentar la problemática de la justicia y la seguridad en México.

Añadió que las reformas que se han realizado previamente han sido inútiles, ante lo cual, la respuesta debe ser una normatividad global, integral y ciudadana que escuche al Poder Judicial Federal y los de los estados; las barras y colegios de abogados y académicos.

“Muchas reformas que iniciamos no sirven, porque las hacemos sobre la calentura de la velocidad y de la prisa, no importando que tengan urgencia de aplicarse en este país, que lo que requiere es un sistema integral de justicia y de seguridad”.

Estas reformas, dijo, son urgentes e importantes, “pero hay que darles tiempo para madurarlas”.

La modificación al artículo 61 del Código Federal de Procedimientos Penales busca garantizar la certeza y objetividad en el desarrollo del cateo que solicite el MP, por cualquier medio, a la autoridad competente; si ésta no resuelve en 24 horas, el MP podrá recurrir al Tribunal Unitario para que éste lo determine en un plazo igual.

Por lo que hace a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, se acota el arraigo a los casos en que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de las personas, de bienes jurídicos o cuando haya riesgo fundado de que el inculpado pueda evadir la acción de la justicia.

Las reformas a la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados facultan a la Secretaría de Seguridad Pública para aplicar normas específicas en el Distrito Federal y en los reclusorios dependientes de la federación.

Se propone también que en materia de delincuencia organizada la reclusión preventiva y la ejecución de penas se lleve a cabo en centros especiales de alta seguridad, del DF y los estados.

Aprobado en lo general y en lo particular, fue enviado al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

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