• Seminario Internacional Derecho a la Alimentación: Legislación y Políticas Públicas para su Garantía

En el mundo hay 963 millones de personas que padecen hambre, por lo que es necesario emprender acciones decididas para erradicar y prevenir “este terrible flagelo que azota a la humanidad”, afirmó el diputado Alejandro Martínez Hernández, presidente del Comité del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA).

Durante el Seminario Internacional Derecho a la Alimentación: Legislación y Políticas Públicas para su Garantía, señaló que son indispensables los acuerdos en el Congreso de la Unión para elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación.

“Previo al alza de los precios de los alimentos, en México había 15 millones de habitantes con hambre, que representan el 30 por ciento de los 51 millones de personas que se encuentran en esa situación en América Latina y el Caribe”.

Hizo votos porque de este seminario surja una mejor comprensión de los alcances de este derecho fundamental, del significado de su inclusión en la Ley Suprema de los mexicanos, “de lo que podemos hacer para lograrlo y de las acciones que tendremos que llevar a cabo para que sea una realidad y no sólo palabras”.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega (PT) señaló que la crisis alimentaria se profundizará en los próximos años; consideró que es urgente abordar este asunto para elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación, dado que “sólo queda un periodo de sesiones a esta Legislatura”.

Reiteró el interés del Legislativo por avanzar en este tema, porque a partir de este evento y sus resultados se obtengan más elementos y condiciones para consagrar en la Carta Magna este derecho.

Enseguida, la diputada Adriana Díaz Contreras (PRD) afirmó que la alimentación y la nutrición son dos aspectos estratégicos para la seguridad nacional.

Dijo que estos dos factores son prioridad, no sólo por la emergencia económica, sino porque representan la mejor estrategia para revertir los problemas estructurales del campo mexicano: pobreza, migración y desempleo, los principales retos a enfrentar.

“No podemos quedarnos en el mero reconocimiento del papel que ha desempeñado el sector rural en la historia y en el desarrollo económico del país, sino de regresarles, con ese reconocimiento constitucional, una parte de los beneficios que hemos recibido”.

Añadió que la Carta Magna debe incluir el derecho a una alimentación suficiente, asequible, inocua y de calidad, que permita satisfacer las necesidades nutricionales que aseguren el adecuado desarrollo físico y mental de las personas.

Además, que la política rural integral tenga como elemento sustantivo lograr la soberanía y la seguridad alimentaria con base en la producción nacional de bienes básicos y estratégicos.

Más adelante, el diputado del Congreso Nacional de República Dominicana, Juan Gilberto Serulle Ramia, dijo que en América Latina y el Caribe los costos derivados de la desnutrición infantil equivalen a seis mil 659 millones de dólares, el 6.4 por ciento del PIB regional.

Al presentar la propuesta del Frente Parlamentario por el Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe, afirmó que “el mayor costo es condenar a los niños a una incapacidad mental y negarles la posibilidad de un desarrollo económico y social, condenándolos al círculo vicioso de la pobreza”.

La desnutrición infantil acarrea importantes costos para quien la padece y para la sociedad. “El impacto económico de la región no ha sido suficiente para reducirla, por lo que la inversión para erradicarla es un requisito para la reducción de la pobreza”.

“En 2008, en pleno siglo XXI, más de 960 millones de personas en el mundo padecen este flagelo; en el Continente Americano son cerca de 58 millones de hambrientos y nueve millones de niños con desnutrición crónica”.

Ante ello, dijo, la región latinoamericana debe contar con políticas y leyes específicas de seguridad alimentaria que faciliten la articulación de acciones de los Estados y favorezcan la optimización de inversiones.

Manifestó el interés porque en México se establezca el Comité de Seguimiento de Políticas Alimentarias del Frente Parlamentario.

Es necesario fortalecer las acciones de los Estados para garantizar el derecho a la alimentación y que los órganos legislativos de la región –representados por los presidentes de las comisiones de Salud, Agricultura, Derechos Humanos, Industria y Comercio—desarrollen acciones políticas que aseguren el disfrute de sus derechos individuales y colectivos.

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