Una reforma constitucional y adiciones a siete leyes federales, presentadas por César Camacho, merecieron el respaldo de los diputados federales, al ser aprobadas con 351 votos a favor.

A nombre de las comisiones dictaminadoras, el presidente de la Comisión de Justicia señaló que “se trata de una reforma de congruencia; lo que significa que es consistente con la reforma constitucional de Seguridad Pública y Justicia Penal, promulgada hace seis meses, que implica una visión integral con un corte garantista, adversarial y oral, que está transformando la forma de operar en cada uno de los eslabones del sistema de justicia penal: policía, Ministerio Público, juez y sistema penitenciario; lo cual –dijo- estableció los cimientos del nuevo edificio jurídico, que requiere el Estado mexicano.”

El legislador mexiquense aseguró que “tanto la reforma constitucional, como las ocho adiciones conocidas como “miscelánea penal”, son la continuación de los trabajos que permitirán a la justicia adquirir un rostro nuevo en nuestro país”.

El primer dictamen consiste en reformar la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo objeto es armonizar las legislaciones penales para que sean compatibles las acciones represivas del Estado, se establezcan esquemas de coordinación entre poderes públicos y ámbitos de gobierno, trabajen concertadamente, intercambien pruebas y efectúen operaciones conjuntas, si fuera necesario. Todo en el marco de una ley general que distribuya competencias y uniforme la manera de enfrentar el secuestro. Al facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes de carácter general en esta sensible materia, no se desvirtúa el sistema federal, se consolida sobre la base de la cooperación y el auxilio recíproco. Es federalista, además, puesto que las entidades federativas habrán de participar en esta reforma, en la medida que adecuarán, para homologarlos, sus órdenes jurídicos internos.

César Camacho explicó que “el objeto de una ley general es distribuir las competencias sobre un mismo tema entre los distintos órdenes de gobierno y poderes, de forma que se repartan obligaciones y deberes entre la federación, las entidades federativas y los municipios, para atender integralmente esta materia. No obstante, el delito de secuestro seguirá siendo investigado, perseguido y sancionado por autoridades locales. La facultad del Congreso de la Unión consiste en asignar las acciones en materia de prevención, investigación, persecución y sanción de dicho delito.”

El segundo dictamen se refiere a la llamada “miscelánea penal”, que comprende adiciones al Código Penal Federal, al Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el Código Civil Federal, la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y la Ley de Instituciones de Crédito.

Derivado de estos cambios legislativos, precisó César Camacho, “los policías deberán registrar toda detención que realicen con el objeto de proteger los derechos de los imputados; los agentes del Ministerio Público podrán solicitar al juez por cualquier medio, hasta oralmente, el cateo para agilizar las investigaciones y que no se pierdan indicios; el juez podrá autorizar el arraigo por 40 días a petición del Ministerio Público, cuando sea necesario para la investigación, protección de personas o evitar la fuga del indiciado; las grabaciones de comunicaciones privadas podrán ser aportadas como prueba por alguno de los particulares que participe en ellas; se impedirán abusos, so pretexto de la figura de flagrancia, al impedir que las personas sean detenidas por 48 o hasta 72 horas después de cometido un delito, ahora la policía deberá detener a alguien instantes después; en el sistema penitenciario se podrán aplicar medidas especiales de seguridad para internos acusados por delincuencia organizada en centros especiales para su reclusión, para evitar que delincan desde la prisión”.

“Estos nuevos resultados legislativos –precisó el diputado- se suman a las reformas a la Ley de Amparo y la Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para que el Consejo de la Judicatura Federal –órgano de vigilancia y disciplina del Poder Judicial Federal– pueda videograbar las sesiones, lo que además permitirá que quien así lo desee pueda consultar los archivos, de conformidad con las disposiciones aplicables en materia de transparencia, protegiendo en todo momento los datos personales de las partes involucradas; y a la reforma del Código Penal Federal, de la semana pasada, a efecto de impedir que los grupos delincuenciales se hagan pasar por servidores públicos y, llegado el caso de que estos últimos cometan delitos, las penas sean particularmente severas pues no sólo se trataría de criminales, sino de traidores”.

“Con esto queda acreditado otro resultado que el Poder Legislativo entrega a la sociedad y una respuesta de los legisladores en el marco del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. La justicia en México vive una profunda transformación que lo llevan a recuperar su cauce y a ponerse del lado de la gente”, concluyó.

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