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Boletín N°. 3511 México entre los primeros lugares de muerte y tortura a las víctimas de secuestros

• Hace falta uniformar la legislación para combatirlo

Un estudio del Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados, señala que la “industria del secuestro” se ha convertido en una fuente inagotable de recursos para los criminales, pues de los cientos de casos que se han cometido, muy pocos han sido aclarados, y por ello los índices de violencia en este rubro se multiplican.

Refiere que el secuestro es de los hechos delictivos que más cifra negra registra en nuestro país y por la tendencia, después de Colombia, México es la nación donde ocurre el mayor número de secuestros por día, semana, mes y año en el mundo.

“También se encuentra entre los primeros lugares de muerte y torturas a las víctimas que oponen resistencias o simplemente no cumplen con las cifras, tiempos y condiciones exigidas”.

El documento menciona que según registros del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, de 1994 al 2 de agosto del presente año se efectuaron 8 mil 416 secuestros, y en éstos, 805 personas han sido asesinadas durante su cautiverio.

El citado Consejo añade que en el sexenio de Miguel de la Madrid se registraron 10 asesinatos de personas secuestradas; en el de Carlos Salinas hubo 455 secuestros, en los cuales murieron 86 de las víctimas; en tanto, durante la administración de Ernesto Zedillo sucedieron 4 mil 169 casos de privación ilegal de la libertad, en los que fallecieron 256 víctimas.

Abunda que en el sexenio de Vicente Fox, el número de secuestros fue de 2 mil 774, y en éstos, 339 de las víctimas perdieron la vida; en lo que va del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa se han contabilizado más de 600 secuestros, en los que 59 personas han sido asesinadas.

El estudio del Centro de Documentación, Información y Análisis refiere al respecto que “ostentamos la gracia” de ocultar la información para minimizar su gravedad en todo sentido. “Empezando por la ingobernabilidad que nos caracteriza”.

Señala que la impunidad con que se cometen los secuestros ha dado pie a una amplia modalidad y tipos, ya que las bandas han perfeccionado sus actividades en los últimos años. “Las variantes de tal delito van desde los secuestros millonarios, hasta los denominados secuestros exprés”.

Sin embargo, en lo que compete a las medidas establecidas por los riesgos de secuestro, se puede expresar que virtualmente nadie está libre de sufrir un daño de este tipo; así lo señalan las cifras que aportan las dependencias policiacas.

Añade que el profesionalismo, productividad y sobre todo los altos rendimientos que se obtienen de los secuestros y asaltos en los estados del centro del país, han hecho que, en corto tiempo, estos actos criminales se conviertan en una industria.

“El delito de secuestro está relacionado con toda una serie de factores que impiden se esclarezca. Uno de ellos es la impunidad, la falta de denuncia, de conocimiento y de información confiable sobre el tema”.

Refiere que uno de los factores generadores de violencia en México fue en un principio, el nivel de pobreza y desempleo, que se agravó a partir de 1994, lo que indujo a muchas personas a cometer desde robos hasta asaltos a mano armada o secuestros que implicaron lesiones graves o inclusive la muerte.

“Sin duda la brecha económica entre grupos sociales privilegiados y la mayoría de pobres mexicanos es otro de los principales generadores de violencia”.

Destaca que si bien existen diversas leyes que de forma conjunta regulan este delito a nivel federal, en cuanto a la distribución de competencias, existe una gran laguna, ya que no hay una regla clara de cuándo es delito común y cuándo es delito del fuero federal ya que en todos los estados está regulado de forma diferente.

En este sentido enfatiza que aún falta mucho por perfeccionar la legislación en la materia.

Concluye que la legislación actual del delito de secuestro advierte la necesidad de una uniformidad en todos los estados de la República, o en su caso, considerarlo exclusivamente como un delito federal, independientemente de donde se realice éste.

“Sin embargo, en este tema en particular, hay que recalcar que no sólo es a través de un decreto que van a cambiar las cosas, también debe de ser a través de un cambio de actitud de la sociedad en su conjunto”.

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