La Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, que preside el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez (PRD), aprobó el dictamen que exhorta al Instituto Federal Electoral (IFE) y a los institutos electorales de los estados y del Distrito Federal a establecer las medidas que garanticen y favorezcan la participación, la igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas con discapacidad en los procesos electorales 2009.

El documento avalado hoy en reunión de trabajo será sometido a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, y destaca que si bien el IFE ha respondido durante los procesos electorales de 2003 y 2006, éste debería regirse por las disposiciones internacionales respecto de las personas con discapacidad, que de estar plasmadas en la legislación, evitarían la incertidumbre de que en cada elección se le deba recordar a la autoridad lo que ya debería ser una facultad y responsabilidad.

Advierte que en el ámbito local el retraso legal y administrativo en la materia es prácticamente total para las entidades del país.

“Sólo cuatro entidades federativas: Baja California, Distrito Federal, Puebla y Tamaulipas cuentan con reformas en sus códigos electorales que reconocen los derechos políticos de las personas con discapacidad”, precisa.

Refiere que de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, en México el 10 por ciento de la población total vive con una discapacidad.

Afirma que para el pleno ejercicio de sus derechos políticos, las personas con discapacidad han promovido una reforma a la legislación electoral federal y estatal, con el propósito de que en las casillas de votación cuenten con facilidades y preferencia de acceso para cualquier persona con discapacidad o de la tercera edad, incluso aquellas que lo hacen con un perro guía.

Enfatiza que estas propuestas, acordes con los compromisos internacionales, reflejan la necesidad de que el IFE y los institutos electorales estatales, instrumenten acciones que permitan a este amplio sector de la población participar activamente en la consolidación de la vida democrática, y puedan votar en circunstancias de igualdad y sin ningún tipo de discriminación.

Ex trabajadores migratorios
En la reunión se avaló otro acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Gobernación informe sobre el funcionamiento, mecanismos de calidad informática y recepción de datos de la documentación de trabajadores migratorios de 1942 a 1964 instauradas por dicha secretaría.
En la exposición de motivos, la diputada proponente, Guillermina López Balbuena, explica que en 1942 los gobiernos de México y de Estados Unidos firmaron el programa Bracero. Cerca de 5 millones de campesinos mexicanos sustituyeron la mano de obra de los estadounidenses que estuvieron en la guerra en Europa y Asia.
Este programa incluyó la creación de un fondo de ahorro, en el que les retuvo un porcentaje del salario a los trabajadores, el cual se depositó en el Banco Nacional de Crédito Agrícola, que lo entregaría a los jornaleros a su regreso al país, “pero eso nunca ocurrió y a la fecha no se sabe dónde quedaron los recursos del fondo”, se agrega.
En este contexto el Congreso aprobó la creación de un fideicomiso para pagar una compensación por el fondo perdido y se publicó la convocatoria para el registro. Por ello, en la segunda etapa de registro se esperan más de 250 mil ex braceros.
Sin embargo, continúa la legisladora, “en las mesas para recibir la documentación de los ex braceros se escucharon las excusas de los encargados de Gobernación: Las computadoras para registrarlos han fallado, o el sistema se cayó”.
“Tras ofrecer disculpas públicamente y argumentar que la solución no estaba en sus manos, los representantes de la Secretaría de Gobernación responsabilizan a sus superiores por las fallas ocurridas”, enfatiza.
El informe se deberá presentar a esta soberanía dentro de los 30 días siguientes a su aprobación por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

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