Para aplicar sanción de tres a nueve años de prisión a quien pretenda cobrar intereses de más del 15 por ciento de las tasas promedio a los cuentahabientes, se presentó en la Comisión Permanente una iniciativa que reforma las leyes del Banco de México, y de Instituciones de Crédito.

La iniciativa suscrita por el diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa y leída por Francisco Javier Calzada Vázquez, ambos integrantes del PRD, indica que la Procuraduría General de la República requerirá de la opinión del Banco de México o de la Comisión Federal de Competencia para proceder a la consignación del expediente motivado por la acusación formulada por el afectado, en el supuesto de cobros indebidos.

La propuesta, enviada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, prohíbe a las instituciones de crédito establecer condiciones en las que los márgenes diferenciales entre las operaciones activas de financiamiento se aparten significativamente de las tasas pasivas promedio que ofrezca al público, atendiendo las referenciales que publique el Banco de México.

Indica que las tasas de interés, comisiones, premios, descuentos, márgenes u otros conceptos análogos, montos, plazos y demás características de las operaciones activas, pasivas y de servicios, así como las operaciones con metales preciosos y divisas, que realicen las instituciones de crédito y la inversión obligatoria de su pasivo exigible, se sujetarán a lo dispuesto en la Ley del Banco de México, con el propósito de atender necesidades de regulación monetaria y crediticia.

Calzada Vázquez dijo que las autoridades financieras coordinarán acciones a efecto de evitar prácticas y acuerdos monopólicos que se traduzcan en condiciones usureras en agravio del público usuario.

Las instituciones de crédito deberán proporcionar a la Comisión Federal de Competencia datos e información respecto de los términos efectivos en que realicen captación y colocación de recursos en territorio nacional.

En cuanto a la Ley del Banco de México, se destaca que éste recabará información de los intermediarios bancarios a efecto de determinar el margen financiero existente entre las operaciones activas y pasivas que realicen en territorio nacional.

Al efecto se emitirán normas de carácter general para la recepción de los datos informativos respecto de las operaciones causantes de pasivo a corto, mediano y largo plazo, segmentados por importe, distinguiendo personas morales de personas físicas, así como respecto de los financiamientos al consumo, hipotecarios y al sector agropecuario.

El Banco de México publicará los diferenciales o márgenes existentes entre los promedios de las tasas pasivas y los promedios de las activas que, efectivamente, se ofrezcan en sucursal por cada institución de crédito autorizada para operar en el país.

La iniciativa reforma los artículos 26 y 51 de la Ley del Banco de México, así como los artículos 48, 106 y 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, y adiciona un artículo 113 Bis 5 al mismo ordenamiento.

Magistrados

La diputada Lariza Montiel Luis (PAN) leyó una iniciativa para establecer la imposibilidad de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de ocupar, durante los dos años posteriores a la fecha de su separación de esa función jurisdiccional, cargos en los poderes federales o locales en cuya elección hayan intervenido.

Se busca que en las entidades federativas los magistrados que se encuentren adscritos a los tribunales electorales locales se sujeten a los mismos periodos de inhabilitación en los gobiernos de cualquier orden que hayan estado sometidos a su escrutinio judicial y sobre los que se hayan debido pronunciar en el ejercicio de su función.

La propuesta que se mandó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, adiciona un tercer párrafo al artículo 101 y un último al 116 de la Constitución Política.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados fue enviada una iniciativa del diputado Carlos Altamirano Toledo (PRD) por la que se reforman los artículos 2, 23, 58 y 77, y adiciona uno 32 Bis a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En la exposición de motivos, Altamirano Toledo dijo que se plantean modificaciones para evitar circunstancias de opacidad en las que, por medio de las adecuaciones presupuestarias, discrecionalmente se modifique el destino de los recursos sin que la Cámara de Diputados y la opinión pública tengan conocimiento oportuno.

Con la finalidad de que se mantengan las condiciones de transparencia, en especial una vez que se hayan publicado los calendarios presupuestales, propuso que el Ejecutivo conserve la facultad de realizar adecuaciones, pero informando al Legislativo y a la opinión pública de forma oportuna, a fin de evitar una saturación de información.

Se busca modificar el artículo 23 de la ley para precisar que los saldos acumulados al tercer trimestre y los subejercicios se destinen al conjunto de programas prioritarios definidos por la Cámara de Diputados.

En este sentido se adiciona un artículo nuevo para que, en el proceso de aprobación presupuestal, la Cámara de Diputados defina un conjunto de programas prioritarios de forma que el Ejecutivo mantenga posibilidades de realizar cambios, pero sin que pueda transferir recursos de programas prioritarios a los que no lo son, ni reducir los montos de los programas definidos como prioritarios.

De ser aprobados estos planteamientos, dijo, se acotaría el margen de discrecionalidad del Ejecutivo, pero mantendría la flexibilidad de hacer modificaciones durante los tres primeros trimestres del año y una vez superado ese término los recursos tendrían que canalizarse a los programas prioritarios establecidos en el Legislativo.

Por lo que hace a las reglas de operación, destacó que será necesario diseñar un procedimiento por el cual la Cámara de Diputados tenga la oportunidad real de emitir una opinión al respecto, dejando intocada la facultad final del Ejecutivo de determinarlas, emitirlas y aplicarlas.

Comunicaciones

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán (PRD) fue designado para acudir a la Ceremonia Cívica con motivo del 102 Aniversario de la Huelga de Río Blanco, que tendrá lugar el 7 de enero a las 10:00 horas, en el Museo Nacional de la Revolución.

De la dirección general de Petróleos Mexicanos se recibió un oficio con el que remite informe de los ingresos netos obtenidos en flujo de efectivo correspondientes al periodo enero-noviembre, comparado contra el presupuesto original. Se envió a las comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados y de Senadores.

A la Primera Comisión de la Permanente se mandaron oficios por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Claudia Michelle Artola Padilla, Jesús Fernando Solís Bustillo, Fernando Flores Grajales, Mariana González Pedrajo, Giselle Santos Burgoa Márquez, Gabriela Soto Urías y Julio César Salcedo Aguiar, puedan prestar servicios en las embajadas de Australia, la República de Polonia y de los Estados Unidos, en México, respectivamente.

Asimismo, se informa que los ciudadanos Enrique Carmona Ortega, Nancy Lorena Flores Castellanos y Carlos Zertuche Santillán han dejado de prestar servicios a gobiernos extranjeros.

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