En el Distrito Federal existen más de 250 mil mujeres y niñas inmiscuidas en la prostitución. De ese total, 88 por ciento no son originarias de la Ciudad de México, 89 por ciento empezaron entre los 12 y 13 años, y 99 por ciento son explotadas por lenones y lenonas, señaló la diputada Guillermina López Balbuena (PRI).

La integrante de la Comisión de Equidad y Género añadió que de acuerdo con datos proporcionados por organizaciones que brindan atención a las víctimas de explotación sexual, la mayoría llegan por condiciones de engaño, fraude, compraventa, coerción, fuerza, plagio o robo.

Uno de los métodos que con frecuencia es utilizado, mencionó, es la seducción hasta llegar al punto de contraer matrimonio para trasladar a la mujer a la prostitución o actividades relacionadas, y así estar obligadas a ofrecer servicios sexuales y laborales, y que las entidades de donde provienen las víctimas menores de edad de estos engaños son Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Chiapas y Oaxaca.

Por ello, expresó la necesidad de crear un sistema de protección de los derechos de la niñez que garantice la participación de organizaciones de la sociedad civil y de niñas, niños y adolescentes en el diseño, ejecución, implementación y evaluación de las políticas públicas enfocadas a este sector de la población, el cual opere en los niveles nacional, estatal y municipal, para facilitar la coordinación de las acciones en todas las instancias y niveles.

López Balbuena precisó que la trata de persona es considerada como la esclavitud moderna afectando con mayor incremento a los menores de edad. “Entre los factores que contribuyen son la discriminación de género, los altos niveles de impunidad y corrupción, y la ausencia de legislación homologada en los estados de la República”.

Puntualizó que la principal limitación en México en torno a la trata de persona es la falta de aceptación de ésta como un problema social, de ahí que se requiera de programas y políticas públicas eficaces e integrales que formen parte de una estrategia amplia que incluya, tanto medidas de prevención, enjuiciamiento y penalización, como medidas para la rehabilitación y reintegración de las víctimas.

Con reformas a diversas disposiciones de las Leyes para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, así como el Código Penal Federal, la diputada busca aplicar políticas viables y eficaces para hacer efectivo el marco jurídico de la lucha contra la trata de personas expuestas a la explotación sexual.

“No existen mecanismos ni políticas adecuadas para lograr la denuncia de esta práctica, la sanción de los responsables, así como la recuperación y apoyo a las víctimas, por lo que son de suma importancia políticas que contribuyan a transitar de un enfoque de represión hacia el de derechos”.

También es necesaria, dijo, una política con perspectiva de género que disminuya la vulnerabilidad y que promueva un cambio cultural profundo en la sociedad que apunte a generar una conciencia del fenómeno fuera de concepciones discriminatorias, especialmente de carácter sexista.

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