Diputados del PAN, PRI y Convergencia se pronunciaron por abrir el debate en torno al tema de una policía militar o guardia nacional que sustituya a las fuerzas policiacas en el combate al crimen organizado.

Por su parte, el PRD, en voz del diputado José Antonio Almazán González, afirmó que su grupo parlamentario se manifiesta en contra de la creación de esta figura, ya que el crimen organizado no sólo se combate con una mayor fuerza del Estado.

En este sentido, propuso que el gobierno federal rediseñe la estrategia de combate a la delincuencia sin hacer un uso excesivo de las fuerzas armadas, lo cual a la fecha ha sido inconstitucional y sólo ha generado una respuesta fuera de control por parte del narcotráfico.

En entrevistas por separado, el diputado del Partido Acción Nacional, Eduardo de la Torre Jaramillo, integrante de la Comisión de Defensa Nacional, señaló que ante la recomposición de las bandas del narcotráfico es momento de abrir el debate para la creación de una policía militar que coadyuve en la seguridad pública.

Mencionó que una policía militar tendría como característica principal la disciplina y estaría altamente capacitada para afrontar a la delincuencia organizada, misma que ha incrementado su poder de respuesta.

Esta policía militar dijo, permitiría actuar con mayor inteligencia en el combate a los cárteles de la droga sin poner en riesgo al Ejército, cuya tarea constitucional es la de salvaguardar la soberanía del país. “Es decir, con la creación de este cuerpo de seguridad se regresaría de forma paulatina a las fuerzas armadas a sus cuarteles, las cuales participan en actividades de seguridad pública”.
Añadió que dicha fuerza podría cubrir gran parte del territorio nacional, facilitaría el control de su personal y por sus características castrenses se reduciría al mínimo la posibilidad de que se corrompa, además de que se mantendría actualizada y modernizada en materia de inteligencia.

Al hablar sobre la participación del Ejército, el diputado De la Torre Jaramillo aseguró que éste debe permanecer en la guerra contra el crimen organizado, toda vez que es la única institución preparada para ello.

“El Ejército debe mantenerse en apoyo a esta lucha que será todavía larga y una vez que se reorganicen las fuerzas de seguridad pública deberá regresar de forma paulatina a sus cuarteles, sin embargo, es tiempo de analizar la readecuación del marco constitucional en torno al nuevo rol de la institución castrense, llámese Ejército o Marina, pero siempre anteponiendo el respeto a los derechos humanos”.

Dijo que es necesaria una reforma constitucional para redefinir el papel del Ejército en tiempos de paz, porque el artículo 129 de la Carta Magna, que establece el rol de las fuerzas armadas, no se da en el mismo contexto de 1917.

Por su parte, el diputado de Convergencia, José Manuel del Río Virgen, coincidió que este es el momento preciso de abrir el debate y discutir el nuevo rol que juega el Ejército Mexicano en materia de seguridad pública.

Afirmó que se inclina más por una guardia nacional antes que una policía militar, además de que ésta tiene un mayor futuro.

“Por un lado nos convendría una guardia nacional, pero por otro, tendríamos que cambiar todo el sistema constitucional para darle legalidad, a pesar de que en los hechos las fuerzas armadas han demostrado su institucionalidad”.

Reiteró que es necesario abrir foros de discusión nacional, sobre todo, porque hay polaridad de los actores en torno a la participación del Ejército y la Marina en el combate a la delincuencia organizada.

“Este 2009 tiene que ser el momento oportuno del debate, porque si hacemos un análisis, el 2008 fue el año de la lucha contra las bandas delincuenciales, donde la estrategia que siguió el gobierno federal no fue la mejor, a tal grado que el narcotráfico desafió a la institución más poderosa del país, como es el Ejército”.

Estoy cierto, dijo Del Río Virgen, que el debate respecto a una guardia nacional sería largo, pero también estoy convencido que sí convendría al país una figura de esta naturaleza para dar una mayor certeza y profundidad a las acciones en la guerra contra el narcotráfico.

En tanto, el diputado del PRI, Roberto Badillo Martínez, insistió en su propuesta para crear una guardia nacional cuyos elementos serían egresados de las escuelas militares y estaría encaminada a combatir acciones del crimen organizado, además de preservar la seguridad pública y resguardar las fronteras.

Mencionó que ante la corrupción evidente de las corporaciones civiles, la guardia nacional las sustituiría paulatinamente y permitiría a su vez, el retorno del Ejército Mexicano a sus cuarteles.

El legislador priista rechazó que la corrupción pudiera impregnar a la guardia nacional, toda vez que el principio de los militares es precisamente estar en contra de ella.

“Las mismas reglas castrenses permiten un control absoluto, no la permitimos por ningún concepto, y al corrupto lo agarramos de inmediato y antes de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos llegue con la recomendación a la Defensa, ésta ya actuó con semanas o meses de castigo”.

Recordó que la propuesta no es ninguna novedad y en los países donde se ha creado esta figura han tenido éxito.

Señaló que una guardia nacional tendría orden, disciplina, organización, condición física y manejo de todo tipo de armas y artefactos, “algo de lo que hoy carecen las fuerzas policiacas”.

Por su parte, el legislador del PRD e integrante de la Comisión de Derechos Humanos, José Antonio Almazán González, indicó que el debate en cuanto a la participación del Ejército en el combate a la delincuencia es un tema que en los hechos ya está inscrito en los últimos dos años.

“El debate básicamente ha consistido en que hay una violación a lo que establece la Constitución porque en ella se señala de manera indudable que el Ejército debe de permanecer en sus cuarteles ya que su propósito fundamental es el de salvaguardar la soberanía nacional y no ser utilizado como una policía más en el combate al narcotráfico”.

Rechazó que la creación de una policía militar o una guardia nacional pudieran ser una solución en el combate al crimen organizado.

“El gobierno federal debe entender que el problema de la inseguridad y el narcotráfico no es un problema de fuerza, es un problema que se combate también con la creación de empleos, salud, de generar condiciones de desarrollo social y de bienestar para la población”.

El problema de la inseguridad, afirmó, ha ocasionado que se den “palos a ciegas”, y el gobierno sigue sin entender que el combate a la delincuencia y al narcotráfico no pasa exclusiva y forzosamente sólo por el fortalecimiento de la fuerza pública.

“Hoy, policía y Ejército están infiltrados por el narcotráfico y vemos que a pesar de la disciplina, el Ejército también es vulnerable. En los últimos dos años el crimen organizado tuvo información de primera fuente, incluso desde la que se resguarda en el Estado Mayor Presidencial, por eso una guardia nacional o una policía militar no son la solución a este flagelo”, concluyó.

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