Es necesario instaurar medidas de vigilancia y sanciones a los propietarios de las tiendas, restaurantes y talleres establecidos en centrales de autobuses, aeropuertos y carreteras del país que excedan o alteren los precios de los productos o servicios, señaló el diputado Rafael Villicaña García (PRD).

Añadió que es común encontrar en esos establecimientos mercantiles, que no se respeta el precio vigente de los productos o servicios que expenden o prestan, “aprovechándose de la urgencia de quien requiere de ellos y no puede darse el lujo de comparar costos.

“Cómo es posible que una botella de agua de un litro normalmente cuesta siete pesos, y en los sitios a que hago referencia su precio es de quince o veinte pesos; esto por mencionar un ejemplo, pero ningún artículo se escapa de ser encarecido”, advirtió.

Villicaña García enfatizó, “tal pareciera que estos lugares son zonas económicas en donde todo se paga a costo de lujo, en donde no existe regulación en esta materia, más que el afán desmedido de lucrar”.

Mediante un punto de acuerdo el diputado refirió que es preciso que el Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor establezcan medidas de vigilancia y sanciones.

El legislador puntualizó que la Ley Federal de Protección al Consumidor, en su artículo 7, establece que "todo proveedor está obligado a informar y respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones conforme a las cuales se hubiera ofrecido, obligado o convenido con el consumidor la entrega del bien o prestación del servicio y bajo ninguna circunstancia serán negados estos bienes a persona alguna.

Mientras que el artículo 8, señala a la Procuraduría Federal del Consumidor la facultad de verificar que se respeten los precios máximos establecidos en la Ley Federal de Competencia Económica, así como los precios y tarifas que conforme a lo dispuesto por otras disposiciones sean determinadas por las autoridades competentes, afirmó.

Destacó que la precaria situación económica por la que están pasando millones de familias mexicanas, en donde la falta de empleo, la perdida del poder adquisitivo, los constantes aumentos a los combustibles, hacen cada vez mas difícil la posibilidad de poder viajar.

Precisó que para viajar dentro de una entidad federativa, por el territorio nacional o al extranjero, se tienen que hacer gastos monetarios, en transporte particular, o público en sus diversas modalidades.

Aunado a lo anterior, se presentan necesidades y contratiempos que “el viajero tendrá que soportar a costa de su bolsillo, por todo hay que pagar, por beber agua u otro líquido, por comer, por usar un sanitario, y el precio de estos productos y servicios no siempre es el más justo”.

Por tal motivo, la Comisión de Economía analiza el punto que exhorta al titular del Ejecutivo federal a instaurar, por conducto de la Secretaría de Economía, así como de la Procuraduría Federal del Consumidor, medidas de vigilancia y de sanción en tiendas, restaurantes, talleres, y cualquier otro prestador de servicio, que se encuentren establecidos en centrales de autobuses, aeropuertos y carreteras del país, tendientes a evitar que éstos excedan o alteren los precios de los productos o servicios.

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