• Empresa que no cumpla que pierda su concesión, advierte
• Un año para regularizarse
• Los mexicanos quieren paz y seguridad

En tanto el Diario Oficial de la Federación no publique las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley Federal de Telecomunicaciones, y que tienen que ver con la regulación de la telefonía móvil-celulares-, nuestro país seguirá como rehén de la industria del crimen organizado; desde las cárceles, continuarán operando los secuestros y todo aquello que afecta la paz y seguridad de los mexicanos.

Lo anterior fue expresado por el diputado Gustavo Cárdenas Monroy, presidente de la Comisión de Comunicaciones, quien conminó al Ejecutivo Federal a no permitir presiones ni chantajes de empresas de telefonía celular, cuyas reformas a la nueva Ley de Telecomunicaciones los obliga a integrar un registro nacional de sus clientes, disposición que tiene por objeto fundamental el atenuar los delitos que se han cometido en esta materia en agravio de la ciudadanía.

Hay que ponerle orden a la industria de los celulares, este servicio debe ser una herramienta de productividad que sirva para el desarrollo del país y no instrumento que sea utilizado por la delincuencia; quienes no cumplan, están en riego de perder sus concesiones, agregó.

Con relación a las reformas a la nueva Ley de Telecomunicaciones, el legislador mexiquense aseguró que las empresas cuentan con un año para crear y poner en orden su base de datos y no dos, como algunas firmas lo hicieron saber a través de algunos medios de comunicación incluyendo mensajes vía Internet.

Según consta en el dictamen, comentó, los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deberán solicitar: nombre completo, domicilio, nacionalidad, número correspondiente y demás datos contenidos en identificación oficial vigente con fotografía, así como comprobante de domicilio actualizado del usuario y toma de impresión de huella dactilar directamente en tinta y/o electrónicamente”.

El presidente de la Comisión de Comunicaciones reiteró que la reforma es precisamente para evitar extorsiones telefónicas desde las cárceles y para que los celulares sean utilizados como un medio de comunicación civilizado y no una herramienta para la delincuencia organizada.

Enfatizó que con estas medidas se brindará mayor seguridad a los ciudadanos porque sabrán que los teléfonos móviles están identificados y ubicados geo-referencialmente.

El legislador mexiquense puntualizó que debido a que existen más de 70 millones de celulares en el país, ha sido necesario realizar una revisión del marco jurídico de la Ley Federal de Telecomunicaciones para regular el mercado de usuarios y conocer el registro nacional de propietarios de estos aparatos.

Finalmente, señaló que las empresas concesionarias tendrán la obligación de implementar promociones publicitarias en los diversos medios de comunicación del país, a fin de orientar a los usuarios del servicio de celulares, para que en tiempo realicen los cambios necesarios, y esto permita a las empresas mantener su posición en el mercado a través de los servicios que ofrece.

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