• Policías, empresarios y amas de casa han pedido asilo político en El Paso, Texas, advierte el diputado Manuel Portilla

El recrudecimiento de la ola violencia exige replantear la estrategia de combate al crimen organizado, a fin de que los operativos de seguridad pública tengan más alcance en sus metas y objetivos.

Así lo estableció el diputado Manuel Portilla Diéguez (PVEM), en una proposición con punto de acuerdo que presentará ante el pleno de la Comisión Permanente, donde señala que la guerra entre los cárteles de la droga provocó alrededor de cuatro mil 550 muertes en el país el año pasado, de las cuales más de mil 300 tuvieron lugar en Chihuahua, la mayoría en Ciudad Juárez.

“Estamos obligados a no tolerar esta escalada de violencia, ni permitir que personas inocentes aumenten las estadísticas de extorsiones, secuestros, robos u homicidios”, subrayó.

Durante agosto de 2008, dijo, hubo 218 homicidios, un promedio de siete al día en ese municipio, siendo víctimas por igual hombres, mujeres, policías y militares; en noviembre la escalada de violencia se intensificó, pues el hallazgo de cuerpos con signos de tortura, desmembrados y decapitados son cada vez más frecuentes y los ataques de narcotraficantes contra la policía aumentaron.

En octubre, continuó, más de 400 dueños de pequeñas y medianas empresas y comercios se manifestaron frente a las oficinas de la Secretaría de Hacienda en Ciudad Juárez, para protestar por las extorsiones de narcotraficantes que los han llevado a la bancarrota, pues a esa fecha cuatro mil 500 negocios cerraron por presiones de la delincuencia.

Como consecuencia, residentes en Ciudad Juárez, incluidos policías, empresarios y amas de casa, han pedido asilo político en El Paso, Texas, por considerar que las autoridades no tienen capacidad para brindarles seguridad en sus personas y patrimonios.

“Como representantes no podemos mantenernos al margen de lo que sucede, porque el balance de las operaciones contra el narcotráfico deja claro que no se ha logrado disminuir las ejecuciones, por el contrario han aumentado y se han trasladado a la población”, afirmó el legislador.

Señaló que Ciudad Juárez presenta problemas de inseguridad, calidad de vida y gobernabilidad “y constituye un ejemplo para otros municipios, en cuanto al aumento de la comisión de ilícitos y de la corrupción con que actúan sus servidores públicos”.

Asimismo, exhorta al gobernador de la entidad para que, a través del titular de la Procuraduría de Justicia del estado, ordene concluir las averiguaciones previas por actos de extorsión y violencia contra este sector, y se sancione a los responsables, en términos de la legislación aplicable y se vigile que no se cometan actos de corrupción que fomenten la impunidad.
Exhorta al presidente municipal de Ciudad Juárez para que, en términos del artículo 34 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública de dicho municipio, informe a esta soberanía sobre las medidas adoptadas para prevenir la extorsión, secuestro, homicidio y robo contra comerciantes locales.

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