A fin de que el titular del Poder Ejecutivo no pueda hacer observaciones a las resoluciones del Congreso o de alguna de las Cámaras, cuando ejerzan funciones de cuerpo electoral o de jurado, o bien cuando la Cámara de Diputados apruebe el Presupuesto de Egresos de la Federación y declare que debe acusarse a uno de los altos funcionarios de la federación por delitos oficiales, el diputado Octavio Martínez Vargas (PRD) propuso reformas el artículo 72 de la Constitución Política.

Se busca, dijo, acabar con falsas interpretaciones jurídicas respecto a la cuestionada capacidad del Ejecutivo de poder hacer observaciones al Presupuesto de Egresos de la Federación, cuando es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobarlo.

Martínez Vargas recordó que el titular del Ejecutivo, en el sexenio anterior, presentó una controversia constitucional el 21 de diciembre de 2004, basando sus argumentos en que el Presupuesto de Egresos no se apegó al Plan Nacional de Desarrollo.

“Su principal reclamo fue porque los legisladores de la LIX Legislatura negaron otorgar financiamiento a la biblioteca José Vasconcelos y el programa Enciclomedia; sabían los legisladores que el programa tenía inconsistencias y era prioritario crear más escuelas en zonas rurales”.

La propuesta enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados plantea que todo proyecto de ley o decreto desechado por el Ejecutivo, será devuelto, con sus observaciones, a la Cámara de origen, mismo que deberá ser discutido de nuevo por ésta, y si fuese confirmado por la mayoría del número total de votos, no por las dos terceras partes del número total de los votos como está actualmente, así pasará otra vez a la Cámara revisora.

Seguridad

El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (PRD) presentó una iniciativa que modifica la Constitución Política; expide la Ley Reglamentaria del Artículo 28 Bis Constitucional; y reforma las Leyes Orgánicas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, de la Armada de México, de la Administración Pública Federal, del Poder Judicial de la Federación, del Congreso General, así como la General de Planeación, y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Se busca que el Congreso de la Unión, junto con el Poder Ejecutivo, establezcan las bases de participación popular en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, y propone la creación de una Ley Reglamentaria, que sustituya la vigente Ley de Seguridad Nacional.

En ese texto se contempla la reglamentación de las atribuciones que el artículo 28 bis otorga al nuevo Consejo de Seguridad Nacional y se determina, según lo establecido por la Organización de las Naciones Unidas en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que en el caso de la limitación de garantías individuales deben instituirse, a nivel nacional, reglas claras para su suspensión, en casos de emergencia.

La iniciativa enviada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Gobernación define como amenaza "todo acto o hecho que pueda representar un peligro para la estabilidad y viabilidad del orden constitucional, las instituciones democráticas, la soberanía popular, la independencia y el territorio nacional" y, como peligro real e inminente para la seguridad nacional.

Será facultad de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional el aprobar la Agenda Nacional de Riesgos, contando, para el efecto, con la opinión del nuevo Consejo de Seguridad Nacional, conformado ahora como una instancia deliberativa tripartita y paritaria, que tomará sus acuerdos por mayoría simple de sus integrantes.

Suárez del Real señaló que el Consejo de Seguridad Nacional contará con tres miembros del Poder Ejecutivo, tres del Legislativo y tres del Judicial.

“El titular del Ejecutivo federal tiene la facultad innegable de diseñar y aplicar las políticas en la materia, pero éstas no podrán ser puestas en práctica sin la aprobación previa del Consejo de Seguridad Nacional, salvo en casos de extrema urgencia, cuando podrá hacer frente a los peligros reales e inminentes sin este requisito pero debiendo informar a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional y al Congreso de la Unión de los motivos que generaron estas acciones y sus resultados”.

Trasplantes

Para facilitar la cultura de la donación de órganos y el proceso para realizar trasplantes, se mandó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, una iniciativa de los diputados de Acción Nacional, Lariza Montiel Luis y Ector Jaime Ramírez Barba, que reforma diversos artículos de la Ley General de Salud.

Al fundamentar, Montiel Luis resaltó que lo que se busca es apuntalar la investigación sobre las causas de resistencia a la donación y el reforzamiento de los programas de promoción de la cultura de la donación, fomentar la procuración de órganos y crear bancos de órganos, tejidos, componentes y células.

Ordenar los órganos involucrados en el proceso de trasplantes para diferenciar entre órganos de consulta y ejecutivos u operativos; hacer más accesible la extracción de aquellos órganos, tejidos, células o componentes, cuyo ejemplo típico son las córneas, cuya complejidad técnica de extracción es menor con estándares aceptables de riesgo sanitario.

Mencionó que se tiene interés de propiciar la colaboración y coordinación interinstitucional de los organismos involucrados desde la extracción, hasta el seguimiento del paciente postrasplantado; mejorar la selección del receptor y buscar alternativas que aumenten el costo-efectividad del programa.

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