El pleno de la Comisión Permanente conoció la iniciativa que plantea sanciones de 15 a 45 años de prisión, así como la destitución del empleo o cargo e inhabilitación para desempeñar cualquier función pública al servidor gubernamental que por acción u omisión permita la introducción ilegal de armas al país.
La propuesta, presentada por el senador Fernando Castro Trenti (PRI), reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
En la exposición de motivos se menciona que en promedio los traficantes ingresan al país 2 mil armas de grueso calibre diariamente, actividad que representa un negocio de más de 30 mil millones de dólares al año y que provoca altos índices de violencia.
Añade que según datos oficiales, del 1 de diciembre de 2006 al 30 de octubre del 2008, se decomisaron 25 mil 657 armas, 2.4 millones de municiones y mil 642 granadas de fragmentación.
Castro Trenti resaltó que “la proliferación de armas de fuego y explosivos en México ha fomentado la ola de violencia y prolonga los conflictos entre cárteles y que es una de las principales causas por las que no se ha logrado erradicar el grave problema de inseguridad pública que nos afecta”.
Advirtió que fusiles de asalto AK-47 son fáciles de comprar, pues pueden adquirirse por tan sólo 15 dólares. Además, requieren de un entrenamiento mínimo y se ocultan y transportan con facilidad.
En el documento se menciona que según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el mundo está inundado por casi 500 millones de armas de fuego; cifra suficiente para tener una por cada 12 personas en la Tierra.
“La mayoría está controlada por autoridades legales, pero cuando éstas caen en manos de terroristas, criminales y fuerzas irregulares, amenazan la paz y el desarrollo, la democracia y los derechos humanos”.
Asimismo, se agrega que de acuerdo con estimaciones de organizaciones no gubernamentales, al menos el 90 por ciento de las armas de fuego utilizadas por la delincuencia organizada provienen del extranjero, principalmente de los Estados Unidos de Norteamérica, donde existen más de 12 mil puntos de venta diseminados a lo largo de toda su frontera sur.
“Las instituciones encargadas de velar por la seguridad en las fronteras de nuestro país han sucumbido ante la voracidad de los grupos criminales. La tibieza de las autoridades federales para combatir el tráfico ilegal de armas en el país ha contribuido a que la batalla que sostienen contra la delincuencia organizada se vislumbre interminable”.
“En tal virtud, es imperativo realizar las acciones pertinentes desde esta soberanía con el único afán de erradicar por completo la corrupción al interior de las instituciones encargadas de salvaguardar las fronteras de nuestro país”, se argumenta.
La propuesta, suscrita por los senadores Rogelio Rueda Sánchez, Ramiro Hernández García, Cleominio Zoreda Novelo, Mario López Valdez y Raúl Mejía González, del PRI, se remitió a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores.

Ley que prohíbe los juguetes bélicos
El diputado Carlos Altamirano Toledo (PRD) presentó iniciativa que expide la Ley que Prohíbe la Fabricación, Importación, Distribución, Venta, Renta y Uso de Juguetes Bélicos.
El legislador expuso en tribuna que la conducta violenta de niños y jóvenes, que no se limita a los hogares sino que se traslada a centros educativos, sociales y culturales en todos los grupos socioeconómicos, tiene su origen en la educación, en la que es esencial el tipo de juego y juguetes que se utilizan, que en muchos casos son bélicos.
En la exposición de motivos se argumenta que tan sólo en 2007 la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal registró 3 mil suicidios de adolescentes en el país y que en 2.5 millones de hogares tenían un arma.
“Este tipo de juguetes no contribuye a lograr una educación basada en el respeto, la justicia y la paz, sino a una expresión incontrolada de la violencia y competencia entre los niños y las niñas”, manifestó Altamirano Toledo.
Expresó que “la prohibición implica costos para el Gobierno y los fabricantes, pero consideramos que será más alto el costo que como sociedad seguiremos pagando si no hacemos algo para prevenir conductas de los niños que más adelante se coinvertirán en delictivas”.
Mencionó que la Ley establece que las personas físicas o jurídicas que fabriquen, importen, distribuyan, renten o vendan los juguetes bélicos serán sancionadas con la cancelación de la licencia de funcionamiento de su respectivo establecimiento, con el decomiso de los artículos referidos y del inmueble donde se encuentre el local, además una multa que iría de 150 a 200 salarios mínimos generales vigentes.
“Con relación a la publicidad, ésta se retirará en todas las versiones impresas y en medios electrónicos que hagan alusión a los juguetes bélicos y el Estado promoverá, utilizando los tiempos oficiales, campañas sobre la peligrosidad de éstos”.
La propuesta, suscrita por los diputados Othón Cuevas Córdova y Carlos Martínez Martínez, del PRD, se remitió a las Comisiones Unidas de Economía y de Educción Pública y Servicios Educativos, con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

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