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Boletín N°. 3586 Pobreza y falta de oportunidades propician que jóvenes campesinos sean contratados por el narcotráfico

• El diputado Eduardo de la Torre advierte que también mujeres y niños son enrolados

La agudización de la crisis económica y la pobreza que se vive en el campo son alimento para que jóvenes y campesinos sean reclutados por el narcotráfico, destacó el legislador Eduardo de la Torre Jaramillo (PAN), integrante de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados.

Indicó que la cifra que dio a conocer la Secretaría de la Defensa Nacional en torno a que más de 500 mil mexicanos están relacionados con el tráfico de drogas, se comprueba con lo que ocurre en estados como Michoacán, Guerrero, Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, Sinaloa, Coahuila y Zacatecas.

De la Torre Jaramillo refirió que en un recorrido efectuado por algunas entidades, integrantes de esta Comisión identificaron el impacto que ha tenido el narcotráfico en las zonas pobres, donde se emplea a campesinos, mujeres, jóvenes e incluso menores de edad para formar redes de protección y vigilancia.

Un ejemplo, dijo, es el caso de Chihuahua, en el municipio de Madera, donde los campesinos se contratan para servir de “huelleros” o vigilantes para identificar la incursión de personas extrañas, como militares o policías judiciales a los ejidos que sirven para los sembradíos de enervantes.

El legislador panista mencionó que estas personas se encuentran permanentemente en vigilancia y siempre están con celulares en las manos para hablar o enviar mensajes cuando existe la presencia de gente extraña en el ejido. “Tienen binoculares, celulares y sofisticados radios de comunicación, sobre todo en las zonas inaccesibles”.

El diputado de Acción Nacional señaló que estos mexicanos, orillados por la pobreza, son coptados por el narcotráfico mediante la paga de sumas que jamás podrían obtener por la siembra de productos lícitos.

“Si bien tenemos que confrontar al crimen organizado militarmente, debemos implementar políticas sociales para poder sacar a esos mexicanos que viven en la pobreza y que están en actividades ilícitas”.

Por lo que respecta a los jóvenes, dijo, al no existir oportunidades de empleo, si éstos no se van de migrantes se involucran en el tráfico de drogas con la promesa de obtener grandes ganancias, vehículos de lujo, armas sofisticadas y una vida onerosa.

“Este asunto tiende a agravarse cuando nos enteramos que muchos jóvenes que buscan irse a Estados Unidos son reclutados por el crimen organizado, obtienen sueldos elevados, adiestramiento militar, armas y toda una serie de prestaciones que en el campo no pueden obtener. Hay incluso menores de 12, 14 o 16 años que inician su adiestramiento como sicarios”.

Abundó que los menores son adiestrados para alimentar pandillas de protección y autodefensa de los cárteles mediante un eficaz plan de comunicación social.

“El narcotráfico tiene una estrategia mediática eficaz, utilizan los narco-corridos, el Youtube, pancartas y toda una serie de mensajes que impactan en la juventud, misma que, ante las pocas posibilidades de desarrollo, optan por enrolarse”, mencionó.

En este sentido, refirió que si el Gobierno federal no acepta que el narcotráfico está adoptando una nueva forma de socializar con los mexicanos y mexicanas que viven en situaciones de pobreza, el problema no podrá ser erradicado.

“El problema también se tiene que enfrentar en el ámbito cultural, ya que si un joven no tiene una oportunidad, lo más fácil es que se convierta en un mítico zeta, pues se ha generado la idea de que con sólo serlo se resuelven sus problemas económicos”.

Eduardo de la Torre opinó que el gobierno federal debe redefinir su política para recomponer el tejido social en varios estados del país, similar a lo que hizo Colombia, que pudo sacar a miles de campesinos de la siembra de coca, mediante proyectos productivos.

“El camino que debemos seguir es impulsar zonas de ecoturismo en las regiones, aunado a programas sociales más eficaces y desburocratizar las reglas de operación para agilizar los recursos al campo, entre otras muchas tareas”.

Debe ser la Secretaría de Desarrollo Social, añadió, la encargada de hacer un mapeo para saber en qué municipios se asienta más el problema del narcotráfico. “Ya sabemos de la corrupción policial en los municipios, ahora pasemos a otro nivel, que es el social, conocer dónde se está rompiendo el tejido social para actuar de inmediato”.

La responsabilidad del Gobierno federal y el Congreso de la Unión, concluyó el diputado del PAN, es tener una visión mucho más acabada del problema, aceptar que las estrategias que se deben implementar no son sólo en el ámbito militar y policiaco, como se ha hecho a la fecha, sino dar un paso más allá y reconvertir la política social y económica para generar oportunidades.

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