Según datos de la Asociación de Bancos de México el índice de morosidad se ubicó en niveles de 3.5 por ciento al 31 de octubre de 2008; por otra parte, la cartera vencida de consumo fue la de mayor crecimiento al ubicarse en 7.9 por ciento, dentro de ese rubro las tarjetas de crédito subieron a 9.9 por ciento.

Ante ello, el diputado Manuel Portilla Diéguez (PVEM) propuso una iniciativa que reforma el artículo 363 del Código de Comercio, para prohibir el establecimiento formal del cobro de intereses sobre intereses y la capitalización de éstos.

El legislador explicó que esta medida se hace tomando en consideración que no existen mecanismos que atiendan las necesidades de los deudores, ni atenúen la discrepancia entre el incremento de la deuda a raíz de la capitalización de intereses y la capacidad para cumplir con sus obligaciones.

“Lo anterior reforzará los mecanismos formales de acceso al crédito, se protegerá el patrimonio de la población y se reactivarán los esquemas de competencia que permitan bajar las tasas de interés, evitando a largo plazo que las instituciones soporten esquemas de riesgo que mermen severamente sus activos, síntoma precedente que antecede a la necesidad de un rescate financiero”.

Enfatizó que en el caso del crédito hipotecario, los bancos no parecen preocupados por la dilación en el cumplimiento de las obligaciones, “por lo que pareciera que pudieran pretender beneficiarse de la adquisición de activos capitalizables en situación de crisis”. Se envió a las comisiones unidas de Justicia y de Economía de la Cámara de Diputados.

Elevar las penas por enriquecimiento ilícito

A fin de considerar como grave el delito de enriquecimiento ilícito de los servidores públicos, para que no alcancen multa y la sentencia aumente de siete a quince años de prisión, el diputado Octavio Martínez Vargas (PRD) presentó una iniciativa que reforma y adiciona el artículo 224 del Código Penal Federal.

En tribuna, el legislador abundó que cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito exceda el equivalente a mil veces el salario mínimo, es decir, cincuenta y cinco mil pesos, se impondrán de 16 a 30 años de prisión.

Dijo que al momento de cometerse el delito también procederá la destitución e inhabilitación permanente para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Se remitió a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

Evitar malos manejos de información clasificada

La diputada Lilia Merodio Reza (PRI) presentó una iniciativa que reforma el artículo 9 y adiciona un 25 Bis a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos para que el funcionario que deje de desempeñar su cargo espere mínimo tres años para trabajar en un puesto afín.

La iniciativa, que se turnó a la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados, tiene como propósito evitar que en algún caso se intente aprovechar, en detrimento de la Administración Pública Federal, la información o documentación a que tuvo acceso en su anterior empleo y que no sea de dominio público.

La reforma busca que los directores generales, subsecretarios o secretarios de Estado, diputados federales, senadores, ministros de la Suprema Corte, magistrados, jueces de distrito, consejeros del Instituto Federal Electoral, auditor superior de la Federación, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Presidente de la República, se encuentren en un apartado especial de esta ley.

Acceso a pensión de viudez para varones

Se canalizó a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados la iniciativa que reforma los artículos 84 y 130 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Blanca Luna Becerril (NA) para garantizar que el viudo o concubinario acceda a la pensión de viudez, al igual que la esposa o concubina, sin la necesidad de probar su dependencia económica de la trabajadora asegurada o pensionada por invalidez.

La legisladora se pronunció por la aplicación de las leyes que reconocen derechos y establecen obligaciones para todas las personas por igual: “nadie puede exceptuarse de su cumplimiento, ni puede ser tratado de forma discriminatoria”.

Por ello, añadió, tenemos la responsabilidad de hacer que la igualdad ante la ley y los derechos de los trabajadores sean respetados con equidad, principio conforme al cual tanto mujeres como hombres acceden con justicia al uso, control y beneficios de los bienes y servicios de la sociedad.

Reducir el impacto tributario del ISR

El senador Mario López Valdez (PRI) presentó una iniciativa que reforma los artículo 14 y 136-Bis de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de ampliar la periodicidad, de mensual a trimestral, los pagos provisionales de dicho impuesto, con el objetivo de otorgar mayor flexibilidad a los contribuyentes para adaptarse a los cambios actuales del mercado.

Destacó que con esta medida, el empresariado nacional podrá emprender, en el corto plazo, proyectos innovadores que resulten en una buena fuente generadora de empleo.

Aseveró que es necesario contar con adecuaciones fiscales que incentiven la inversión, alienten el empleo y se traduzcan, a largo plazo, en una mayor recaudación. “De ahí, la importancia de contar con elementos que permitan reducir el impacto tributario que tiene el ISR, para que los causantes no vean disminuidos sus flujos de efectivo”. Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

Incluir en el PND el respeto a los pueblos indígenas

Con el objetivo de promover la inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo medidas y políticas que reconozcan y respeten el ejercicio pleno de libre determinación de los pueblos indígenas, se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Las modificaciones, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián (PRD), también proponen que los medios de comunicación no difundan imágenes o mensajes con estereotipos de estos grupos, especialmente aquellos que generen cualquier modalidad de violencia o que inciten a la discriminación.

Exhorta también a garantizar que los pueblos indígenas no sufran la asimilación cultural, social, política y económica forzada o la destrucción de su cultura, además de promover el respeto a sus valores y su identidad.

-- ooOoo --