La diputada Omeheira López Reyna, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, advirtió que en el combate al crimen organizado no pueden sacrificarse los derechos fundamentales de las personas para mostrar una imagen de éxito ante la delincuencia.

Añadió que en cuestión de derechos humanos tenemos un asunto pendiente; “se ha implementado un combate y una lucha ante un crimen organizado en que puede ser considerado una fuerte violación de derechos humanos”.

En su participación en el Seminario Internacional Hacia una Política Efectiva de Prevención del Delito en México, realizado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, agregó que uno de los grandes desafíos para el Estado en materia de seguridad es que ante los hechos delictivos tendrá que transitar de un modelo reactivo centrado en la persecución y el castigo hacia uno preventivo basado en evitar las causas que lo originan.

Afirmó que el fenómeno delictivo no debe ser prevenido violando los derechos sino que es necesario su respeto y tutela; para contribuir en dicha labor de prevención no puede haber seguridad sin derechos humanos.

“Es necesario postular su salvaguarda para contener la violencia punitiva y del delito, puesto que cuando tales derechos son infringidos se crean más conflictos, deseos de venganza y no de justicia lo que contribuye a la proliferación de conductas criminales”.

Se pronunció por lograr un acuerdo conjunto parlamentario para aprobar una reforma constitucional que incorpore el concepto de derechos humanos, “lo cual es uno de los de los grandes pendientes dentro de las comisiones”.

Subrayó que la prevención ha de prevalecer ante la represión “ya que como es sabido el recurso penal no es más que el ejercicio institucional de la violencia”.

Debe preferirse, antes del castigo, prevenir las conductas que sean verdaderamente lesivas a los bienes y necesidades más fundamentales de la persona, con el respeto de las garantías propias de un sistema en el que predomine una seguridad jurídica, añadió.

Refirió que en México la preocupación derivada de la incidencia delictiva validada por las estadísticas oficiales, indican que en una sola década el número de delitos denunciados casi se duplicó o triplicó así como la insuficiencia de la respuesta judicial del delito, en donde suele haber consenso que alrededor del 90 por ciento de los delitos quedan sin castigo.

La idea compartida es que las autoridades no han tenido capacidad de dar la respuesta adecuada para enfrentar, disuadir y en su caso castigar a los delincuentes, añadió.

El presidente de la Comisión de Justicia, diputado César Camacho Quiroz (PRI), afirmó que el respeto a los derechos humanos, no significa que haya privilegios; “es evitar el atropello y no dar ni generar una situación de excepción ni de privilegio, para que su defensa no se convierta en impunidad”.

Advirtió que “mucho garantismo puede debilitar al Estado porque podríamos tener un gran certificado de las instancias de derechos humanos, pero ser ineficaces”.

En México, dijo, el fenómeno de la seguridad y la justicia es tan grave que, a pesar de la crisis económica tan grande que padecemos, en el centro de la atención ciudadana se mantiene vigente ese tema.

“Nos preocupa la pérdida de poder adquisitivo y la generación de empleos, pero más recuperar la paz de los ciudadanos, que es invaluable”, subrayó.

Ante esa situación “el Legislativo se echó a cuestas la tarea de modificar la Constitución y, en un tiempo en que las reformas no han menudeado, fuimos capaces todos – mujeres, varones de todos los partidos, legislaturas estatales, senadores, diputados— de ponernos de acuerdo y modificar 10 artículos”.

Mencionó que durante ese proceso de discusión el dilema era reformar el sistema para hacer al Estado más eficaz, a pesar de que entrañara el atropello de derechos o, bien, mantener una tendencia garantista de respeto a los derechos de las personas, “nos pusimos de acuerdo en un sistema que al tiempo que respeta los derechos de las personas, brinde al Estado instrumentos modernos y eficaces para el cumplimiento de su deber con todo sentido de oportunidad”.

Entre los instrumentos introducidos al sistema penal, mencionó las figuras del arraigo y la extinción de dominio. El caso del arraigo es una excepción, porque sólo procede en materia federal y en delincuencia organizada, para evitar abusos contra las personas.

“Es un instrumento a cargo del Ministerio Público federal, que consideramos que la situación que priva en México lo justifica; no es un regalo de impunidad o de ejercicio arbitrario del poder”.

Por lo que hace a la extinción de dominio, explicó que aún cuando se requiere una medida dura y eficaz que socave elementos que dan más fuerza al crimen organizado: su dinero y sus bienes, “hay que tener cuidado de no excederse, porque se le daría a la autoridad un instrumento para atropellar derechos de los ciudadanos”.

Aclaró que si no se aplica ni se desarrolla legislativamente de una manera inteligente, se pueden causar muchos daños, haciendo que una persona pueda perder sus bienes.

Mencionó diversos beneficios de la reforma constitucional, como la presunción de inocencia y la oralidad de los juicios, ya que el exceso de formalismo ha hecho que los expedientes, las causas penales, se cuenten por fojas y por kilos y que la característica sea el diferimiento de las audiencias en perjuicio de las personas.

Añadió que la representación política tiene razón de ser en función de los resultados que dé. “Los legisladores, así como el Ejecutivo y el Judicial, tenemos la responsabilidad de dar resultados, los mejores posibles en el más corto plazo”.

La reforma busca pasar gradualmente de un sistema inquisitivo que tuvo como piedra angular la presunción de culpabilidad. “Esto no tiene un efecto sólo declarativo: más de 40 por ciento de las cárceles están ocupadas por gente cuya responsabilidad no ha sido acreditada”, enfatizó.

En su participación, el diputado Andrés Lozano Lozano (PRD) dijo que la realidad del país es que parte de los cuerpos policiacos, en todos sus niveles, están involucrados de manera directa con el crimen organizado, por lo que es indispensable crear mejores mecanismos de control al interior de estas instituciones.

“El crimen organizado ha penetrado en la policía y cuando un elemento es detectado y separado de su cargo, éste busca su pronta reinstalación, no por un sentido de deber sino para estar adentro de la institución y seguir sirviendo a la delincuencia”.

Refirió que las recién aprobadas reformas en materia de seguridad plantean contar con policías mejor preparadas, a través de mejores condiciones laborales y sociales; pero, afirmó, éstas no servirán mientras no se eliminen a los elementos vinculados con la delincuencia organizada.
Añadió que el Sistema Nacional de Seguridad Pública plantea lineamientos estrictos para la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación y certificación que deben cubrir los integrantes de las instituciones policiacas del país; ninguna persona puede ingresar a esas dependencias sin estar debidamente certificado y registrado.

Otro problema, advirtió, es que mientras los jóvenes no tengan acceso a un empleo digno y bien remunerado, los grupos delictivos organizados seguirá siendo su mejor opción de vida. “Es urgente implementar políticas públicas integrales y no sólo de sanción”.

Destacó que la simple detención de los delincuentes no trae por sí mismo una mejor condición en materia de seguridad pública; se requiere, manifestó, trabajar en la parte preventiva. “Actualmente, la detención de 10 capos provoca que otros 30 o 40 quieran sustituirlo”.

La diputada Claudia Cruz Santiago (PRD), integrante de la Comisión de Justicia, manifestó su interés por las confusiones que existen en la prevención del delito, el cual pareciera que solamente es un asunto de la Secretarías de Seguridad Pública y no de gran red social y de instituciones que tienen que ver con la educación, la salud, el desarrollo social y el trabajo.

Explicó que el objetivo del foro es crear un taller con funcionarios de diferentes gobiernos del país interesados en la prevención del delito, junto con organizaciones de derechos humanos que trabajan en el ámbito social con bandas y pandillas, jóvenes y mujeres, que implican un marco más extenso de lo que es la prevención del delito, del cual surgirá un documento con los planteamientos, acciones y estrategias que se deben realizar.

Generar el resultado, no sólo en el ámbito legislativo, sino en el marco de las secretarías de Seguridad Pública, Procuradurías y municipios. “Hoy es oportuno trabajar en paralelo, sobre todo para cómo prevenimos lo que es el delito y eso implica involucrar a los diversos sectores de la sociedad con los diversos compromisos”, advirtió la legisladora.

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